Hace casi 30 años que Naciones Unidas creó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como referencia reivindicativa en todos los ámbitos de la sociedad. Este año, se ha propuesto acentuar la necesidad de la participación de las personas con discapacidad en un mundo post-COVID-19.
Los estudios de la actual Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el impacto de la pandemia COVID-19 señalan que aproximadamente una cuarta parte de las personas con discapacidad habrían perdido su empleo a los seis meses desde el comienzo de la pandemia, sumándose a los que buscaban empleo antes de la pandemia, que mayoritariamente no lo han encontrado durante la misma.
Esta pérdida de empleos habría afectado a aquellas personas que se encontraban en una situación socioeconómica más precaria. Además, el mismo estudio señala que una cuarta parte de las personas con discapacidad que han mantenido su empleo manifestaron que sus condiciones laborales empeoraron, incrementándose su carga de trabajo o viendo reducido su salario.
Políticas de discapacidad
Las políticas de discapacidad han sufrido durante años un estancamiento, en parte, eclipsadas por otras prioridades de la agenda política, lo que ha supuesto, el abandono del desarrollo y el avance en la igualdad efectiva de los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
Discriminaciones en el acceso al empleo
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores destaca que continúa detectando discriminaciones en el acceso al empleo, falta de accesibilidad, peores condiciones laborales para las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad, e incluso rechazo. Por ello, considera necesaria una mesa específica de diálogo social en materia de discapacidad, donde se traten medidas de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en la contratación de las personas con discapacidad y se aseguren entornos laborales seguros, accesibles y saludables para las personas con discapacidad.
Impacto negativo del confinamiento
La situación de confinamiento prolongado también ha tenido un impacto negativo sobre el estado de ánimo y de salud mental, de la población en general y singularmente ante el incremento de las expectativas laborales negativas de las personas con discapacidad, que han visto como el desempleo de larga duración se dispara también, entre ellas.
Es muy significativo que aquellas personas con diversidad funcional que tienen empleo consideran mayoritariamente que, en la sociedad post-COVID-19, sus condiciones de trabajo, en su conjunto, empeorarán.
Inclusión laboral
El sindicato apuesta por la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, garantizando sus derechos sociales y laborales, la igualdad de trato y oportunidades, tanto en el acceso al empleo como en el desarrollo de la relación laboral, y en la previsión y prevención de posibles escenarios de discriminación por motivo de la discapacidad.
En ese sentido, reivindica la necesidad de evaluar, y en su caso rediseñar, las medidas destinadas a facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad con especial atención a los programas de empleo específicos para mujeres con discapacidad, puesto que son víctimas de una doble discriminación.
Acción sindical integral y transversal en las empresas
UGT destaca la importancia de una acción sindical integral y transversal en las empresas con el objetivo de promocionar y defender los derechos de las personas con discapacidad; garantizar el cumplimiento real y efectivo de la contratación a través de mecanismos como la cuota reserva del 2%; mejorar la calidad del empleo o el mantenimiento del mismo en caso de una discapacidad sobrevenida; y la realización de los ajustes necesarios para una correcta adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad de que se trate, de forma que las trabajadoras y trabajadores con discapacidad puedan desarrollar su labor sin condicionantes que mermen o dificulten el uso de sus conocimientos y capacidades.
Está por ver hasta dónde llegará la reincorporación al mundo laboral de esas personas que han perdido su trabajo durante la pandemia.
Derechos de las personas con discapacidad
CCOO, por su parte, exige la creación de medidas legales específicas para la protección de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo, pues el COVID no puede ser una excusa para que pierdan sus empleos o empeoren sus condiciones, y por supuesto también es necesario hacer un refuerzo específico con las medidas de seguridad y protección frente al virus en sus puestos de trabajo.
El sindicato demanda especialmente el cumplimiento estricto de las medidas legales para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.
También exige que la obligación de cumplimiento de la cuota de reserva del 2% se consiga mediante contratación directa, antes que mediante la utilización de medidas alternativas.
Además, CCOO considera necesario que la reorientación de las políticas públicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad potencie realmente la transición de estas personas al empleo ordinario, de modo que el empleo protegido se beneficie especialmente de tal transición y asegure el cumplimiento del fin social con el que en su día fue diseñado.
Por último, el sindicato quiere recordar que la salida a la crisis de la COVID-19 solo será efectiva si salimos todos, con atención especial a aquellos colectivos que tienen más dificultades para el acceso al empleo.
