No han sido uno ni dos ni tres, por el momento, los altos cargos del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla señalados por sus incompatibilidades durante sus mandatos en la Administración pública. Incluso uno de ellos, el actual director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, ha incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía, como recoge el propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 27 de marzo, a instancias de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Pese a ello, el ejecutivo andaluz ha optado directamente por obviar esta avalancha de señalamientos de incompatibilidades de altos cargos y ha pedido “tiempo” para actuar en consecuencia, aunque tuvo su primera oportunidad con el caso del director de Pesca y decidió mantenerlo en el cargo hasta hoy con el pretexto de que no existió “daño a las arcas públicas” tras la “subsanación posterior a instancias del afectado”.
El último caso más flagrante ha sido el del ex número dos de la Consejería de Salud y ex gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, que ha sido contratado por la aseguradora sanitaria Asisa a los tres meses de dejar su cargo de viceconsejero de Salud “por motivos personales” y después de adjudicar a dedo 44 millones a la empresa sanitaria que lo ha contratado, según adelanta eldiario.es. La titular de Salud, Catalina García, ha vuelto a echar mano de la estrategia de Moreno Bonilla de bloquear cualquier intento de actuar contra estas presuntas incompatibilidades y ha preferido optar por hacerse la estatua cuando la oposición en bloque ha calificado de “escándalo” este caso concreto de palpable puerta giratoria con grave perjuicio para los intereses de la comunidad andaluza. Después de asegurar que se ha enterado por la prensa de esta polémica contratación, la consejera andaluza de Salud ha defendido la puerta giratoria de su ex número dos con la premisa de que ya venía anteriormente “del mundo de la privada”. Y ha añadido a modo de excusa: “Las personas deben poder tener un retorno cumpliendo con la ley, claro”, ha dicho García en una entrevista en Canal Sur Radio.
El pasado diciembre, la propia consejera de Salud aseguró, inmediatamente después de aceptar la dimisión de su número dos “por motivos personales”, que Miguel Ángel Guzmán le había mostrado “su intención de no continuar en responsabilidades de primera línea”, aunque “sí seguir trabajando dentro del proyecto” y en la Consejería. La consejera no ha concretado ahora a qué se refiere cuando dijo que el actual directivo de la aseguradora sanitaria Asisa, una de las principales adjudicatarias de la Consejería de Salud en sus conciertos para aliviar las colápsalas listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, seguiría “trabajando dentro del proyecto” pese a conocer ya que ha adjudicado a dedo 44 millones de la Consejería de Salud a la empresa privada para la que actualmente trabaja.
El PP ha vetado recientemente la creación en el Parlamento andaluz de una comisión de investigación de los contratos a dedo con la sanidad privada porque cree que es un intento del PSOE de “poner el ventilador”
La supuesta “transparencia” a la que aluden los máximos responsables del ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla para actuar ante la oleada de casos de incompatibilidades de varios altos cargos choca frontalmente con los hechos, ya que hace solo unos días, el pasado 22 de marzo, el PP vetó la creación de una comisión de investigación impulsada por el PSOE en el Parlamento andaluz para estudiar los contratos a dedo con clínicas privadas desde el inicio de la pandemia en 2020 hasta la actualidad. Ya lo hizo también meses atrás cuando la solicitó Adelante Andalucía. El portavoz del PP en la Cámara andaluza, Toni Martín, aseguró que “son contratos legales, lícitos, transparentes y reglados”, y ha achacado la petición socialista de crear una comisión de investigación a un “intento de poner el ventilador para que parezca que todos somos iguales”.
Otro caso denunciado por el PSOE ante la Oficina Andaluza contra la Fraude y la Corrupción, entidad creada por el propio Moreno Bonilla en 2021 para “limpiar el nombre de Andalucía”, ha sido el del actual director gerente de la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía, Lisardo Morán, que sólo nueve meses después de tomar posesión de su cargo en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte el pasado enero concedió un contrato de patrocinio por valor de 350.000 euros a la empresa Giants Gaming Esports SL, de la que era directivo sólo unos meses atrás, por lo que según los socialistas incumple la normativa sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración andaluza.
La oposición parlamentaria en Andalucía ha criticado en bloque esta oleada de presuntos casos de incompatibilidades de altos cargos del ejecutivo de Moreno Bonilla. Los dos diputados de Adelante Andalucía han registrado este miércoles una denuncia en la Oficina Andaluza contra el Fraude por el caso del ex viceconsejero de Salud y la adjudicación a dedo durante su mandato de 44 millones a Asisa, de la que actualmente es directivo tras dimitir como número dos de Salud hace solo tres meses.
