El caso de Cerro Muriano ha puesto en evidencia lo dura, y en ocasiones violenta, que puede ser la vida en los cuarteles españoles. El pasado 21 de diciembre, la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de la localidad cordobesa registró dos extrañas muertes durante una maniobra acuática. Era el último día de instrucción antes de las vacaciones de Navidad y dos familias quedaban destrozadas.
Carlos León (soldado sevillano del Viso del Alcor) tenía 24 años, estudiaba tercer curso de Derecho y llevaba en el Ejército de Tierra desde el mes de mayo de 2023 porque su sueño era “hacer la carrera militar”. Por su parte, Miguel Ángel Andújar era un cabo de 34 años nacido en Villafranca de Córdoba, casado y que esperaba un bebé. Había ingresado como soldado en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería La Reina 2, donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y Líbano y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco.
Las inmersiones de entrenamiento comenzaron a las 09.00 horas en un lago artificial de tres metros de profundidad. En un momento, los dos soldados perecieron ahogados. En el auto del juez se indica que, durante el ejercicio consistente en el” cruce de un cauce de agua”, las medidas de seguridad empleadas “en orden a la correcta realización del ejercicio programado, en principio, no cumplieron la función pretendida”, informa Efe. Según el escrito del juez, la cuerda utilizada para que los participantes en el ejercicio “pudieran asirse a la misma para el caso de que fuera necesario, no reunía los requisitos para ello”. Así como “tampoco lo hizo la mochila empleada” para “proporcionarles flotabilidad”. Aquella cuerda, que en principio debía ser una “cuerda de vida”, tal como se conoce en el argot militar, terminó convirtiéndose en una cuerda de muerte.
Cerro Muriano: caso abierto
La investigación se centra ahora en averiguar si los manos superiores de las víctimas cumplieron los protocolos castrenses o si hubo algún tipo de negligencia. Pero el caso se está viendo rodeado de una preocupante falta de transparencia e incluso de rumores que hablan de manto de silencio, de presiones, de miedo de otros soldados que fueron testigos de la tragedia a contar la verdad. La Asociación de la Tropa y Marinería Española (ATME) ha asegurado que existe “tristeza y miedo” entre los compañeros de las víctimas, según informa la agencia Efe. En declaraciones a periodistas en Córdoba –donde estaba prevista una charla para militares sobre sus “derechos jurídicos” a la que finalmente no acudió ningún soldado–, el presidente la asociación, Marco Antonio Gómez Martín, explicó que ATME ha accedido a la base cordobesa “sin ningún tipo de problema” para colocar la “cartelería” del acto y la sensación era de “tristeza entre todo el personal” de las instalaciones. Además, Gómez Martín lamentó el “miedo” que se puede trasladar dentro del Ejército a “actos, manifestaciones, concentraciones o reuniones” como las organizadas por ATME para poder reivindicar sus derechos y que, a su juicio, “sigue profundamente instalado dentro de las Fuerzas Armadas”.
De momento, la defensa del soldado Carlos León ha recurrido la inhibición del juzgado civil en favor del militar. En dicho recurso, se recoge el testimonio de un soldado que ha llamado la atención por lo que dijo en su momento el capitán al cargo de esta dura prueba. “Me suda la polla todo, todo el mundo para adentro”. Así se expresó –según La Sexta, que recoge informaciones de agencias–, el capitán al ser advertido por el riesgo de estas maniobras en el lago de la base, según narra el supuesto soldado. La justicia indaga ahora en si se produjo no solo negligencia, sino algún tipo de abuso en la cadena de mando. También se trata de esclarecer si la tropa, formada por una veintena de militares, había sido cargada con mochilas extra, la conocida como mochila de castigo. Este tipo de prácticas están prohibidas en el Ejército. También se especula con la posibilidad de que no hubiese balsa de salvamento, tal como establece el reglamento que regula estas prácticas de adiestramiento. “De hecho, uno de los soldados murió al intentar socorrer a su compañero. El capitán de la compañía ha sido apartado”, informa Televisión Española. Por otra parte, llama la atención la discreción con la que el Ministerio de Defensa lleva todo este caso. El departamento de Margarita Robles no hace declaraciones por respeto a la instrucción judicial.
En el recurso, al que ha tenido acceso la cadena de televisión, el abogado recoge que los responsables hicieron a los soldados “vadear un río atravesando un lago artificial de la base, sin contar con las más elementales medidas de seguridad adecuadas para la práctica, asumiendo el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar”. Y añaden que se hizo de “forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas”. “Era plenamente consciente de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el capitán no quiso”, señala el escrito del abogado de León.
La defensa ha recurrido la inhibición del juzgado civil en favor del militar para investigar y enjuiciar el caso al entender que “no es competente” debido a que los hechos “no están tipificados en el Código Penal Militar”. En el recurso contra el auto de inhibición presentado por el letrado Luis Romero ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba, la defensa alega que existe “falta de tipicidad de los hechos” que se investigan “en el Código Penal Militar” y, por tanto, la competencia corresponde a “este juzgado por un delito de homicidio doloso eventual en comisión por omisión”, siempre según La Sexta.
El letrado alega que los “graves hechos ocurridos”, que produjeron la muerte de los dos militares durante unas maniobras en el lago de la base cordobesa, “no son subsumibles en el artículo 46 del Código Penal Militar”, ya que, si bien está tipificado “el maltrato de obra, no tipifica el homicidio doloso”, que es “mucho más grave y específico”.
Además, según el escrito del letrado, la Jurisdicción Militar indica que ante delitos tipificados en ambos códigos se aplicarán las penas “más graves”, por lo que ha recordado que mientras que el militar “tipifica el maltrato de obra” con penas de entre “6 meses a 5 años de prisión”, el penal civil “tipifica el delito de homicidio” con penas “de 10 a 15 años de prisión”.
Por otro lado, frente a la imputación de un capitán, un sargento y un teniente por parte del tribunal militar, el letrado defensor indica en su escrito que del “tipo de homicidio con dolo eventual” serían responsables “el general de brigada, dos coroneles, el teniente coronel, el capitán, dos tenientes y el sargento”, todos pertenecientes a la Brigada de Guzmán el Bueno X del Ejército de Tierra, con sede en Cerro Muriano.
