Nada se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía

Para desmontar las diez piezas en que había dividido la causa contra Podemos, el juez número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, tardó tres años. El magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, mantuvo en el cajón de su despacho el Caso Tsunami durante cuatro años. Y, de repente, justo cuando se incluía el asunto en los supuestos que beneficiarán la ley de amnistía, va y lo recupera alegando, además, la controvertida existencia de un delito de terrorismo que, si se llega a probar, dejaría la causa fuera de tales supuestos.

Mientras tanto, a la derecha mediática se le llena la boca de acusaciones, pasando por alto la presunción de inocencia, cuando la realidad es que todas estas causas acabaron archivándose, como le sucedió a García Castellón con el caso “Dina” cuando acusó a Pablo Iglesias de un delito de revelación de secretos siendo desautorizado por sus superiores del Tribunal Supremo. Pero, mientras dura el trámite judicial, los juicios paralelos dañan la reputación de unas personas y organizaciones que luego resultan ser inocentes. La dilación es una manera muy sutil de perseguir judicialmente sorteando la prevaricación porque las imputaciones a los jueces por este motivo son escasas. Tantos años de instrucción sólo demuestran una cosa: que no hay mayor injusticia que la justicia tardía.

Las “dilaciones indebidas” se utilizan más como atenuante de una responsabilidad penal que como medida disciplinaria. La lentitud de la justicia desespera a la ciudadanía hasta tal punto que, en los sondeos de opinión, este servicio público suspende hasta llegar al cero patatero. Los juzgados de Lo Social son los más criticados por este motivo. Un juicio por despido se demora entre el año y los tres años en demarcaciones como las de Andalucía. Si hablamos de reclamaciones a la Seguridad Social la demora llega a los tres años, y la demanda de cantidades hasta los cinco.

En el ámbito civil y contencioso administrativo la cuenta, en cuanto a retrasos se refiere, ya se ha perdido. La jurisdicción penal es la que va más rápida porque lo que se dilucida, muchas veces, es una situación personal que puede desembocar en cárcel o algo peor. Los jueces lo dejan bien claro: con la acción penal no se juega. Y, aun así, las demoras son evidentes salvo en los juzgados de violencia de género y, allí, gracias a los llamados “juicios rápidos” donde los trámites se simplifican para resolverse en una semana.

La cosa se complica si la instrucción es más compleja. Las investigaciones en instancias judiciales como la Audiencia Nacional pueden demorarse indefinidamente. La ley 2/2020 modificó la LECrim limitando el tiempo de la instruccióna 12meses. Pero hecha la ley hecha la trampa: “sí, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses. Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación. En su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada”, se señala en el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y a este artículo es al que se acogen los jueces para no cerrar las instrucciones “más problemáticas”, las que suelen tener cierto seguimiento en los medios de comunicación. Casos como los del Popular, Villarejo, Púnica y Tsunami llevan instruyéndose años en los juzgados de la Audiencia Nacional. Y si hablamos de las jurisdicciones locales la cosa puede ser todavía peor. Hay asuntos como el del “Caso Neurona “en el que, en los tres años que ha durado las investigaciones judiciales, se han vertido todo tipo de falsas acusaciones contra los investigados. No sólo desde los medios de comunicación, sino también por la clase política. El anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recriminó públicamente a los dirigentes de Podemos sin tener en cuenta la presunción de inocencia. En la causa se llegaron a investigar imputaciones tan ridículas como la de que una asesora de Irene Montero dedicaba su tiempo a cuidar a sus hijos, o las subidas de sueldo de algunos altos cargos de la formación. En la causa se buscaron pruebas para desacreditar a Podemos cuando formaba parte del gobierno progresista. Nunca se encontraron las suficientes como para procesar a sus dirigentes.

Mantener abierta una instrucción judicial demasiado tiempo tiene esas consecuencias. En el caso de Podemos, los jueces han tenido que cerrar las causas, pero los falsos acusadores siguen impunes. Nadie les ha pedido responsabilidades. García Castellón tiene abierta una investigación sobre la llamada “policía patriótica” del Ministerio del Interior en la etapa en la que fue titular del departamento Jorge Fernández Diaz que se sentará en el banquillo de los acusados. Él y su segundo, el secretario de estado para la Seguridad, Francisco Martínez. Pero, de momento, la petición de ambos de que también se impute al Partido Popular como persona jurídica no se ha resuelto. Nadie cree que Mariano Rajoy no estuviese enterado de estas actividades a todas luces ilícitas. Entre ellas se encuentran las filtraciones a los medios de comunicación afines sobre unas inexistentes cuentas de Pablo Iglesias en paraísos fiscales.

Y siguen abiertas las diligencias sumariales sobre los fondos procedentes de Venezuela que habrían ido a parar a los dirigentes del partido. Denuncias como las presentadas por Manos Limpias, el seudosindicato de Miguel Bernard, condenado por extorsión, siguen vigentes. Así como esos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y financiera de la policía, UDEF, que se elaboraron sin aportar prueba alguna.

Todas esas acusaciones suelen salir a la luz cada cierto tiempo, sobre todo en época electoral. Y si, encima, los jueces mantienen abiertas sus investigaciones cuando las evidencias son de tal magnitud que deberían haber sido archivadas, la combinación es perfecta para que la campaña de descrédito prospere. A nadie se exige responsabilidades y la prevaricación es un delito que sólo se atribuye en casos excepcionales en este país.