Nueva fecha para la primera declaración en los juzgados de víctimas de torturas durante el franquismo

En un desarrollo significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista en España, la Jueza titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, Ana María Iguácel Pérez, ha anunciado una nueva fecha para las declaraciones del querellante Julio Pacheco Yepes y la testigo Rosa María García Alcón. Esta noticia representa un hito en un proceso legal que ha estado plagado de obstáculos y demoras desde su inicio hace seis años, cuando se presentaron 100 querellas por parte de diversas entidades memorialistas y de defensa de derechos.

El objetivo principal de estas acciones legales es arrojar luz sobre las atrocidades sufridas por muchas personas bajo el régimen franquista, especialmente los actos de tortura y violaciones de derechos humanos. El querellante, Julio Pacheco Yepes, ha denunciado haber sido víctima de torturas en agosto de 1975 en la Dirección General de Seguridad, con la participación de miembros de la Brigada Político-Social, la policía política del régimen. Estas acusaciones son de gran relevancia, ya que podrían representar la primera vez que se toma declaración a un querellante que denuncia un delito de torturas durante el franquismo en un contexto de crímenes contra la humanidad.

La historia de este proceso legal ha estado marcada por diversas irregularidades, la más reciente de ellas siendo la suspensión de las declaraciones programadas para el 14 de julio de 2023 por el Juez de refuerzo D. Fernando Muñoz Leal, quien ofreció como única explicación que debía reexaminar la causa. Esta suspensión generó una gran preocupación y frustración entre las víctimas y sus defensores.

Sin embargo, la reciente Providencia dictada por la Jueza titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, señalando de nuevo las declaraciones para el próximo día 15 de septiembre, ofrece un rayo de esperanza. Se espera que en esta ocasión se tome finalmente declaración al querellante y a la testigo, y que la tramitación de la causa continúe de manera justa y transparente.

Además, es importante destacar que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en sus Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de España en julio de 2023, expresó preocupación sobre la actual Ley de Memoria Democrática en España, que no elimina los obstáculos para investigar graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidos durante el franquismo. El Comité instó al Estado español a tomar medidas legislativas y de otra índole para garantizar que estos actos no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción, y que se cumplan escrupulosamente en la práctica.

Por tanto, el señalamiento de nuevas declaraciones representa un paso en la dirección correcta, cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales y brindando esperanza a las víctimas y defensores de derechos humanos. Se espera que este proceso legal marque un cambio definitivo en el ámbito del Poder Judicial español, facilitando la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura franquista y garantizando que la justicia prevalezca.