«La inteligencia militar es a la inteligencia como la música militar es a la música». La frase se atribuye a Groucho Marx, pero a saber. De todas maneras, en el caso del Estado Español, si nos atenemos a los hechos y recordamos que el CNI fue incapaz de detectar las decenas de miles de urnas que se habían guardado para el referéndum del 1-O, quizá el aforismo no va desencaminado. Quizá, también, el CNI se inspira en aquella más afamada agencia de inteligencia que era la T.I.A.
Mucho se ha escrito sobre la más que dudosa legalidad de las escuchas a, sobre todo, vascos y catalanes –fundamentalmente independentistas– perpetrado por el CNI mediante el programa Pegasus. Buena parte de opinadores y opinadoras han dejado señalada la enorme división entre los demócratas –de izquierdas y de derechas– y aquellos que han sostenido la necesidad de una suerte de «democracia vigilada» que ya se defendía por los sectores del franquismo resignado, en los albores de la redacción constitucional. «¡Poco les espían para lo que hacen!», bramaba una bocachancla hace pocos días en el Congreso con la ordinariez que la caracteriza.
Quien en un Estado de Derecho se pone de perfil o, directamente, justifica hechos tan graves, queda retratado y de manera automática sale del marco de los demócratas. Y me parece importante insistir en un aspecto: esto no va de derechas e izquierdas, de independentistas o nacionalistas españoles. En este caso, como en tantos otros, hay demócratas de izquierdas y de derechas, independentistas, o no.
En el momento de escribirse estas líneas llega la noticia de que los teléfonos del Presidente del Gobierno y de la inefable ministra de Defensa (¡y magistrada del Supremo!) han sido infectados por Pegasus. Se nos dice que todo apunta a una intervención externa, se supone que de un gobierno extranjero. Lógicamente, desconocemos el alcance y germen de estas actuaciones, pero a la vista de lo conocido hasta ahora, todo este embrollo que ya medios extranjeros denominan catalangate, hiede, una vez más, a esas cloacas que ningún gobierno, desde la muerte de Franco, se ha atrevido a desinfectar (porque a veces parece ser que prestan valiosos servicios). Empezaron con los independentistas –imposible no recordar el famoso poema de Martin Niemöller– y, ya puestos, con las ministras de Defensa y Exteriores o el propio Presidente del Gobierno.
Se antoja escasamente plausible, por un lado, que un gobierno extranjero se dedique a fisgonear al independentismo catalán. También parece mucha casualidad que estemos ante dos intervenciones, casi simultáneas, de la misma naturaleza, pero una perpetrada por el CNI y otra por un gobierno extranjero.
Y si no es una casualidad porque no es un gobierno extranjero, tenemos un problema aún mayor: elementos descontrolados estarían manejando poderosas herramientas de los servicios de información en favor o beneficio de no sé sabe quién o qué poderes. Confiemos en que no se nos acabe confesando que la ultraderecha ha conseguido meter ahí también sus tentáculos y nuestra T.I.A. ha sido incapaz de detectarlo. Esperemos.
Por otro lado, según filtró el propio CNI a un importante medio de comunicación, el centro de «inteligencia» compró Pegasus por seis millones de euros y lo utilizó con control judicial. Analicemos esto último.
Asumamos que, efectivamente, el CNI ha pedido autorización al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, para iniciar el espionaje a políticos y abogados independentistas, y este se lo ha dado. Este extremo, por sí solo, ya parece inquietante. El célebre software, según se nos repite hasta la extenuación, tiene como finalidad perseguir terrorismo internacional y narcotráfico. Cuesta imaginar qué alambicado esquema mental podría llevar al juez Lucas a colocar a Pere Aragonès o Gonzalo Boye en este epígrafe pero sigamos.
¿El juez prevarica? Sí. O lo que es peor, no. ¿Cómo sería posible que un magistrado del Supremo autorizara semejante aberración? El diablo está en los detalles. Veamos qué dice la ley 11/2002 que regula el CNI.
Vayamos a su artículo 4: «Funciones del Centro Nacional de Inteligencia: b) Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades […] grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional […] la integridad […] del Estado […]». Este texto se puede interpretar de dos maneras.
La primera sería que con la «integridad territorial» o el «ordenamiento constitucional», se piensa, por ejemplo, en prevenir una hipotética invasión de Melilla por parte de una potencia extranjera. Parece sensato.
La segunda interpretación posible consistiría en asumir que los movimientos independentistas o republicanos o, quienes incluso siendo monárquicos, sean contrarios a esa aberración de que prevalezca el varón sobre la mujer, o quienes defienden derogar el título VIII de la Constitución (hay un partido con escasísima implantación en Catalunya que reivindica esto sin complejos) o cualquier acción política que pretenda tocar lo-que-sea, resulte susceptible de ser investigada hasta unos niveles incompatibles con los estándares de decencia democrática más elementales. Uno de los pilares de un estado democrático es el secreto de las comunicaciones.
En otras palabras, si todo esto del espionaje al independentismo se inició de forma legal, si el CNI no delinquió, si el juez Pablo Lucas no prevaricó…, nos enfrentamos a una seria contradicción que hace saltar por los aires el propio concepto de Estado de Derecho: partidos políticos legales, con implantación, con representación parlamentaria, que gobiernan en territorios, pueden ser investigados por su ideología, de la que además, por cierto, hacen previamente pública ostentación en un programa.
Si todo comenzó legal, damos por hecho que el magistrado del Supremo da por buena la literalidad de las funciones del CNI, lo que parece más que peligroso. Veamos otras literalidades:
«Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» (Constitución del 78). ¿Alguien da por bueno, a tenor de este texto, que las fuerzas armadas, cuyo jefe supremo es el Rey, deben luchar contra indepes, republicanos y quienes defienden la derogación del título VIII de esa norma?
Una de las primeras cosas que nos explicaban en la Facultad de Derecho es el concepto «interpretación de las leyes», concepto que el juez del Supremo que dio (aparentemente) el visto bueno a esta gravísima conculcación de los derechos fundamentales pareció no entender. Y si la entendió, y a pesar de ello autorizó, nos enfrentamos al más grave delito que puede cometer un magistrado: la prevaricación.
En todo caso, a los demócratas –republicanos o no, indepes o no– nos resulta asfixiante compartir espacio político y social en un país en que estas cosas a la mayoría le parecen normales. Nadie debiera luego extrañarse de que pasen las cosas que pasan. La decencia, con frecuencia, es incómoda y, quizá, hasta inconstitucional.
