«Pérez Renovales, número 3 del Santander, cometió falso testimonio»

El accionista de Banco Santander y abogado, Eduardo Martín-Duarte, demandó a la entidad y a Ana Patricia Botín en 2020 por la presunta manipulación de la junta de accionistas. El juicio se celebró en diciembre de 2021 con las declaraciones de Ana Patricia Botín como representante del banco y Jaime Pérez Renovales como testigo. Diario16 fue el único medio que cubrió el juicio acudiendo a las vistas y pudiendo comprobar in situ la intranquilidad del banco por la reclamación, demostrada con la presencia de todo un secretario general de uno de los bancos más grandes del mundo, Jaime Pérez Renovales, en la sesión de conclusiones, lo que no es habitual.

El juez del Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, dictó sentencia en junio de 2022 desestimando la petición del accionista demandante, que ha recurrido en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid, recurso al que ha tenido acceso Diario 16.

Martín-Duarte denuncia en su recurso que la sentencia hizo caso omiso a toda la prueba practicada que demostraría el uso abusivo de los recursos y medios materiales del banco así como de los empleados de las sucursales para la captación de delegaciones «en beneficio exclusivo de la Sra. Botín», que utilizaría para aprobar sus propuestas, incluidas aquellas en las que la presidenta del Banco Santander se encuentra en conflicto de interés como la aprobación de su gestión, su reelección, o las peticiones de su cese que el accionista plantea en las juntas de accionistas.

El accionista también denuncia que es el propio Banco Santander el que, tal y como hemos publicado en Diario16, confecciona las delegaciones de más de 4.000 millones de acciones depositadas por los accionistas en los bancos custodios (BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank) que, según el recurso y las pruebas presentadas, se limitarían a firmar y sellar la delegación que les remite el Santander ya confeccionadas con un formato idéntico para todos los custodios y con las instrucciones de voto dadas por el propio Banco Santander.

Es decir, según la demanda y el posterior recurso, no son los accionistas los que deciden el voto de sus acciones ni las entidades depositarias, sino que es el propio Santander el que confecciona las delegaciones a los bancos custodios y decide lo que han de votar. El demandante manifiesta que así se demostraría la «farsa de las juntas del Santander».

Por otro lado, el demandante también denuncia que los cientos de miles de delegaciones que recibe Ana Patricia Botín, que representan miles de millones de acciones del banco y que equivalen al 99% del total de delegaciones de cada junta, no cumplen con los requisitos que el propio banco exige para su validez.

«De esta forma a los pequeños accionistas se nos exige cumplir con unos requisitos para que nuestras delegaciones sean válidas, que por el contrario no son cumplidos por la presidenta en las delegaciones que ella utiliza y le permiten aprobar sus propuestas», denuncia Martín-Duarte.

Entre esos requisitos que han de cumplir las delegaciones para su validez está el deber de ser firmadas por el accionista y aceptadas por el representante, sin cuya aceptación las delegaciones no serían válidas.

La documentación aportada al juicio por el propio Santander demuestra, según el recurso del accionista demandante, que ninguna de los centenares de miles de delegaciones que utiliza Ana Patricia Botín han sido aceptadas por ella. Por tanto, no serían válidas, pero aun así son computadas para la constitución de las juntas y para la aprobación de las propuestas lo que, según denuncia el abogado accionista, sería «fraudulento y produciría la nulidad de todas las juntas del Banco Santander».

A este respecto, el número 3 del Santander, Jaime Pérez Renovales, fue interrogado en el juicio por el propio Martín-Duarte sobre los requisitos que debían cumplir las delegaciones para su validez. Según el accionista demandante, «Pérez Renovales, número tres del Santander, habría incurrido en falso testimonio al contestar bajo juramento que ‘la presidenta aceptaba las delegaciones ante el notario antes del comienzo de la junta’. Esto sería falso porque no consta esa supuesta aceptación por la señora Botín de ninguna de las delegaciones en las actas que levanta el notario de cada una de las juntas de accionistas».

En este sentido, el accionista demandante mantiene que Pérez Renovales, como máximo responsable del departamento jurídico del banco, debe ser consciente de los requisitos de las delegaciones y «es el responsable de exigir el cumplimiento de todos los requisitos de validez de las mismas para que puedan ser utilizadas. Pese a ello ni Pérez Renovales ni la presidenta Sra. Botín contestaron en sus respectivas declaraciones a la pregunta de quién revisaba la validez de las delegaciones».

La actuación del Banco Santander y Ana Patricia Botín, que el demandante califica de fraudulenta y abusiva, demostraría la presunta manipulación de las juntas por parte del propio banco y su presidenta que sacarían adelante las juntas «con delegaciones nulas, fraude de ley, abuso de derecho e infringiendo la Directiva europea 2007/36», denuncia Martín-Duarte.

Por otro lado, el accionista también destaca el hecho de que Pérez Renovales acudió al juicio en calidad de testigo testigo. Pese a ello, contestó como si fuese el representante legal del banco utilizando reiteradamente la expresión «nuestro interés» que delataría que se refería al interés del banco y que su declaración se hacía como representante del Santander en vez de con el perfil para el que fue citado.

Los argumentos de la sentencia de Sánchez Magro, que desestimó la demanda, serían, a juicio del accionista, «pueriles» y que no habrían resuelto todas las cuestiones planteadas ni hecho ninguna mención a toda la prueba practicada.

Otro punto son los informes de auditoría de las juntas del Santander elaboradas por PwC en los que, según el accionista, «se omiten u ocultan la innumerable cantidad de irregularidades y deficiencias de las delegaciones y las juntas».

A preguntas de Diario 16, Martín-Duarte manifiesta que no sabe si es un «acto de colaboración deliberada para ocultar el fraude o de inadmisible negligencia o incompetencia», pero que «sea como fuere, se le debe de exigir responsabilidad al igual que a los administradores del banco por permitir la manipulación de las juntas» en vez de denunciar las múltiples irregularidades que él ha sido capaz de detectar sin ser auditor especialista en la materia.