La Asociación para la Recuperación de la Memorias Histórica (ARMH), la primera que llevó a cabo una exhumación científica de desaparecidos por la represión franquista y tiene ámbito estatal, registró el pasado 15 de noviembre una petición dirigida al Gobierno de Navarra para que retire cualquier honor a dirigentes de la dictadura franquista, empresarios que se beneficiaron de la represión, responsables de la iglesia católica que colaboraron con la dictadura y cualquier otra persona que hubiera participado o se hubiera beneficiado de la falta de libertades y de la persecución de disidentes políticos y morales.
En su escrito la ARMH explica que las instituciones democráticas deben ser ejemplares y tajantes en su rechazo a la dictadura franquista y a quienes sin valores democráticos ejercieron el poder como consecuencia del uso de la fuerza y la violencia, aprovechándose de que millones de personas no podían mostrar públicamente sus ideas políticas ni optar a la representación institucional. Quienes decidieron aceptar y aprovecharse de la falta de libertades de la dictadura optaron entonces por no hacerse merecedores de reconocimiento alguno en un periodo democrático. La Ley de Memoria Democrática 20/2022 habla en su artículo 40 de la revisión de honores y distinciones a quienes ocuparon puestos en la dictadura. Pero el rechazo a la falta de libertades, al nombramiento dictatorial de representantes públicos parte del principio de libertad y tolerancia que debe ser esencial en una democracia y no es necesaria ley alguna para entender y ejercer el rechazo a la dictadura y a quienes formaron parte de sus estructuras de poder.
Por otra parte, quienes aceptaron el asesinato de decenas de miles de personas, la vida y muerte en el exilio de medio millón de conciudadanos, la persecución y tortura de miles de disidentes políticos y morales o la condena de millones de mujeres a formas de infraciudadanía no merecen reconocimiento alguno puesto que sostenerles honores de cualquier tipo es justificar las violaciones de derechos humanos, considerarlas meritorias y confirmar desde las instituciones democráticas que el daño que padecieron sus incontables víctimas era necesario y beneficioso para la sociedad.
Que la institución que representa lleve a cabo un inventario de todos y cada uno de los cargos de la dictadura que conserven cualquier tipo de honor y reconocimiento: medallas, retratos y fotografías, bustos, calles, monumentos, ritos de homenaje, etc… y proceda a celebrar un pleno municipal con carácter extraordinario en el que sean retirados pública y notoriamente y se explique a la sociedad las razones por las cuales esas personas deben ser públicamente repudiadas.
La ARMH ha registrado un escrito similar dirigido al ayuntamiento de Pamplona y considera que no debe haber excepciones al respecto. La retirada de honores por parte de instituciones y espacios democráticos debe incluir a personas como Félix Huarte, Miguel Javier Urmeneta o José María Escrivá de Balaguer, que no merecen ningún reconocimiento público porque eligieron hacer carrera política o negocios cuando millones de personas tenían prohibida y castigada la muestra pública de sus ideas y eran detenidas y torturadas por tratar de hacerlo.
