A última hora del día de ayer se interpuso en el Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid una querella criminal contra Ana Patricia Botín y el Banco Santander. En ella se acusa a la presidenta del primer banco de España y a la propia entidad de la comisión de un presunto delito de administración desleal.
En la querella, a la que ha tenido acceso Diario16, se denuncia, en primer lugar, «la comisión de dos delitos de administración desleal evidenciando el uso, abusivo, desleal, espurio, torticero, ventajista y contrario a los principios de igualdad de trato de los accionistas y de equidad de los resortes y recursos del Banco Santander, léase empleados, red de oficinas y demás medios materiales del banco, por la querellada, su presidenta, doña Ana Patricia Botín Sanz de Sautuola O´Shea y miembros del consejo de administración para la captación de delegaciones de votos para la junta general ordinaria del próximo día 3-4-2020 de la entidad en su propio beneficio».
En segundo término, se denuncia «el mantenimiento de la celebración de la junta para las 9:30 horas del día 3-4-2020, pese a haberse decretado por Real Decreto 463/2020 el estado de alarma y confinamiento domiciliario de los ciudadanos, haberse acordado por Real Decreto Legislativo 10/2020 la limitación al máximo de la movilidad de los trabajadores de los sectores de actividad no esenciales y autorizado por Real Decreto Legislativo 8/2020 la suspensión y posposición de las juntas de accionistas hasta el final del mes de octubre; perjudicando, en ambos casos, los derechos de los accionistas».
En base a lo anterior, la querella solicita la imposición de una serie de medidas cautelares: en primer lugar, la prohibición de la celebración de la Junta General de Accionistas, y, en el caso de que se permitiese la celebración de la junta, la prohibición de la inclusión para el cómputo del quorum y para las votaciones de las propuestas de las delegaciones de voto «captadas de forma abusiva haciendo uso ventajista e ilegítimo de los resortes y medios materiales y personales del banco en beneficio exclusivo de doña Ana P. Botín», afirma la querella.
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 obligó al gobierno a declarar el estado de alarma y a decretar el confinamiento de la ciudadanía para evitar el contagio del virus. Entre esas medidas se encuentra el RD 10/2020 por el que se paralizaban todas las actividades no esenciales, hecho que afectaba directamente a la celebración de la junta de accionistas que, como es lógico, no es una actividad esencial.
El accionista que ha interpuesto la querella, a través de burofax y correo electrónico, solicitó a Ana Patricia Botín la posposición de la celebración de la junta para que se preservaran los derechos de todos los accionistas.
Sin embargo, el Santander no lo hizo, sino que emitió un segundo anuncio complementario en el que se mantenía la celebración de la junta pero trasladándola a la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte sin la asistencia presencial, sólo telemática, de los accionistas. Los únicos que acudirán serán los miembros de la Mesa, entre los que se encuentran la propia Ana Patricia Botín, el secretario general, Jaime Pérez Renovales o el consejero delegado, José Antonio Álvarez.
Tal y como hemos publicado en Diario16, el Santander sigue manteniendo su junta, a pesar de tener la posibilidad de posponer la junta en base a lo indicado en el RD 8/2020, a pesar de que otras empresas del IBEX35 como Caixabank, Endesa, Naturgy, Aena, MásMóvil, y otras cotizadas, como Iberpapel Gestión, Naturhouse Health o Vocento, han pospuesto la celebración de sus respectivas juntas de accionistas, y han llegado a reconocer en sus comunicados a la CNMV, como Aena, que «el derecho de los accionistas a la participación en las juntas de accionistas legalmente establecido podría verse limitado ya que no podría garantizarse la asistencia y participación telemática de todos aquellos interesados en asistir». Según la querella, este hecho «demuestra que las propias entidades del IBEX35, como Aena, reconocen que los derechos de los accionistas se verían limitados de no poder asistir presencialmente al no poder garantizarse la asistencia y participación telemática.
» En conclusión, los querellados, Banco Santander y doña Ana P. Botín, han mantenido la celebración de la junta de accionistas para el día 3-4-2020 a pesar de haber sido autorizados para posponerla (art. 41 RDL 8/20), pese a la declaración de la OMS de pandemia internacional, la declaración por el Gobierno del estado de alarma con las consecuentes limitaciones de los derechos de movilidad de los ciudadanos (RD 463/20), el cierre de la actividad económica no esencial (RDL 10/20), la reducción de los servicios postales, la reducción de sucursales bancarias abiertas, etc.; circunstancias todas ellas que imposibilitan de manera manifiesta el ejercicio por los accionistas de sus derechos de asistencia, participación, intervención y voto para la junta», se afirma en la querella.
Por otro lado, en el documento se indica que las aplicaciones informáticas y sistemas telefónicos facilitados por el Banco Santander para el ejercicio del voto y la asistencia virtual o telemática, no garantizan el ejercicio de dichos derechos, entre otros motivos, porque el teléfono de atención al accionista no es atendido por ningún operador o la página web no funciona o se bloquea sin permitir completar los diferentes pasos establecidos al efecto, lo que, según la querella, demuestra la limitación e imposibilidad de ejercitar los derechos por los accionistas interesados en asistir.
El mantenimiento de la junta de accionistas del Banco Santander, al igual que los de otras empresas del IBEX (casualmente las que tienen escándalos abiertos), podría ser catalogada dentro de la categoría de «rebelión al Gobierno», dado que el Ejecutivo amplió el plazo para la celebración de las juntas de las cotizadas y, aún así, se va a celebrar durante el estado de alarma.
