Sánchez cede en la amnistía, Puigdemont apoya los Presupuestos y la legislatura será larga

Todo sigue el plan establecido en la negociación de la amnistía. Pedro Sánchez está convencido de que la legislación beneficiará a la mayoría de los vinculados con el procés, incluido el expresident Carles Puigdemont. Y da por hecho que el texto se firmará entre PSOE y Junts en los próximos días. El acuerdo, inminente, se alcanzará también en materia de Presupuestos, pieza clave para apuntalar el actual Gobierno de coalición y su programa económico y social. Con amnistía, sin duda, habrá Presupuestos, y con Presupuestos Sánchez logrará la estabilidad necesaria para seguir en el poder cuatro años más. Es decir, que vamos a una legislatura larga, salvo cisne negro, mal que le pese a la derecha española empeñada en hacer caer al Gobierno y en la repetición de elecciones.

Ese acontecimiento inesperado que podría alterar la hoja de ruta prevista es, obviamente, el caso Koldo, que a medida que pasan los días arroja nuevas sombras de sospecha sobre diferentes ministerios y altos cargos públicos. Moncloa confía en poder encapsularlo o contenerlo dentro de un cortafuegos. De ahí que el premier socialista lo haya calificado de caso aislado, no sistémico como fue, por ejemplo, la red mafiosa Gürtel, que los costó la presidencia a Rajoy en aquella histórica moción de censura. Para ser coherente con esa visión del problema, Sánchez ha empezado a sacar las primeras manzanas podridas del cesto. Ábalos en el Grupo Mixto, funcionarios de Puertos del Estado (en el punto de mira por sus supuestos contactos con la trama Koldo) depurados y sancionados. Cuestión aparte es Francina Armengol. La presidenta del Congreso, de momento, es sostenida por el presidente, que ha decidido no dejarla caer (insistimos, de momento). Otra cosa será cómo avancen las investigaciones judiciales. Si la tercera autoridad del Estado se ve salpicada por nuevos datos sobre el escándalo en la compra de mascarillas, será cesará también. Sánchez ya ha demostrado que no le tiembla el pulso, ni siquiera cuando se trata de cortar cabezas amigas.

En las últimas horas se ha sabido que el Gobierno está abierto a realizar cambios en la ley de amnistía, documento que, según ha asegurado, seguirá siendo plenamente constitucional, informa La Sexta. Todo con el objetivo de dar aún más garantías ante las dudas de Junts. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno en conversación informal con los periodistas que se encontraban cubriendo su visita a Brasil. Desde allí, ha afirmado que se está cerca de lograr un acuerdo con Junts sobre la ley y que espera que su anuncio pueda ser inminente, ya que la comisión de Justicia del Congreso debe debatirla este jueves.

El líder del Ejecutivo ha querido recordar que, tal como «siempre» ha dicho, el texto de la ley que se debatió en el Congreso (y que fue rechazado por Junts) era acorde con la Constitución y conforme al derecho europeo, y que así lo sería también cuando concluyera su recorrido parlamentario. Ahora, a la espera de que se haga público el acuerdo con la formación independentista, Sánchez ha asegurado que lo que se va a lograr es afianzar aún más esos parámetros, dar más seguridad y más garantías. Pero no sólo para la constitucionalidad de la ley, sino también garantías para despejar las dudas que tenían Puigdemont y su formación política ante la posibilidad de que no pudieran acogerse a la amnistía todas las personas relacionadas con el procés.

Eso incluye al expresidente de la Generalitat, incluso después de que el Tribunal Supremo haya decidido investigarle por un presunto delito de terrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic. Sánchez ha afirmado que nunca ha compartido las dudas de Junts porque siempre ha tenido el convencimiento de que, tal como estaba el texto, iba a cubrir todos los supuestos vinculados con lo ocurrido en Cataluña años atrás. No obstante, ha señalado que si hay que reforzar aún más esas garantías para disiparlas, se hará. Eso sí, de momento no ha avanzado los cambios concretos que registrará la ley.

De hecho, al ser cuestionado sobre si esas modificaciones afectarán a la parte relativa a delitos de terrorismo, Sánchez se ha limitado a emplazar al momento en que se haga público el acuerdo para conocer los detalles de la norma, que será votada en comisión el jueves para pasar después al pleno del Congreso. En esas declaraciones a los periodistas, Sánchez no ha querido vincular explícitamente la aprobación de la ley de amnistía con la posibilidad de sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos de este año, pero ha subrayado que la voluntad del Gobierno y de los grupos que apoyaron su investidura es dar estabilidad a la legislatura con una hoja de ruta que incluye, entre otros asuntos, la aprobación de las cuentas del Estado.

Desde Junts, la postura continúa siendo de «máxima discreción». Tal como han trasladado fuentes de la formación a La Sexta, no quieren ni confirmar ni desmentir si hay acuerdo cerrado. A principios de esta semana, eso sí, ya manifestaron que, si bien no tienen previsto «decir nada hasta la comisión» de este jueves, sí parece que las negociaciones con el Gobierno van ahora «por el buen camino». De forma más clara se han expresado en ERC. Este miércoles, Laura Vilagrà, vicepresidenta del Govern y miembro de Esquerra, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que la anterior propuesta «ya incorporaba todas las causas y tenía garantías», pero ha añadido: «Si podemos reforzarlo, adelante. Me dicen que está bien encauzado».

Ahora, Sánchez trabaja con la idea de aprobar las cuentas públicas de este año, no con gobernar durante el presente ejercicio con los de 2023 prorrogados ni esperar por tanto a que los grupos parlamentarios respalden los de 2025. El plan de Sánchez, de momento, funciona.