Pablo Casado está dando un golpe de Estado encubierto con el bloqueo institucional del PP que no terminará porque Pedro Sánchez se lo eche en cara. Más bien al contrario, a medida que las encuestas vayan dando una mayor ventaja al bloque formado por el Partido Popular y Vox, el bloqueo será utilizado como un arma electoral. Casado quiere presentarse ante sus votantes como la nueva Agustina de Aragón que sacrificará lo que haga falta para derribar el actual gobierno.
La deslealtad con España de Casado choca con los mensajes patrióticos lanzados desde Génova cuando se trata de hablar sobre Cataluña o Ceuta. Sin embargo, no toda la responsabilidad de esta situación es del líder de la oposición. Pedro Sánchez también es responsable porque en un bloqueo institucional, al igual que en un divorcio, la responsabilidad es recíproca.
La politización de la Justicia
El punto más acuciante es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tal y como publicó Diario16, el informe sobre la situación del Estado de Derecho en España realizado por los Servicios de la Comisión Europea es claro a este respecto y ha dejado claro que el sistema de elección actual, el que quieren seguir manteniendo Sánchez y el PSOE, es duramente criticado por la UE.
No se trata de renovar el sistema de mayorías para que el Congreso, es decir, el poder legislativo, elija a los componentes del CGPJ. Lo que Europa está pidiendo, con la pretensión de dar imparcialidad a los órganos judiciales, es que se modifique radicalmente el sistema de elección para que los poderes políticos no intervengan en el judicial.
Eso es, en parte, lo que quiere Casado: que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes en el Consejo, un Rubicón que ni el PSOE ni Sánchez quieren pasar porque en la izquierda existe el temor ancestral de que sean las poderosas asociaciones conservadoras las que logren copar el máximo órgano de la judicatura. Esta posición es, en su base, contraria a los propios preceptos democráticos. Si existe una mayoría conservadora entre los jueces, la clase política tiene que aceptarlo si la elección de los vocales y del presidente del CGPJ se realiza a través de un proceso transparente y democrático.
Sin embargo, lo lógico no puede sustentar una actitud como la de Pablo Casado y el Partido Popular porque están utilizando el bloqueo de los órganos constitucionales como arma para debilitar y derribar al Ejecutivo. ¿Acaso está esperando el líder del PP a que Europa intervenga a España? El problema no es el contenido de la pregunta, sino la respuesta si se toma como una cuestión retórica.
Sorprende sobremanera cómo desaparece esta discrepancia en el modo de plantear los nombramientos o la reforma del sistema judicial español cuando están en juego los intereses de los bancos y, sobre todo, del Santander.
Tanto Santiago Abascal como Pedro Sánchez y Pablo Casado no han censurado ni se han opuesto a que la Abogacía del Estado esté defendiendo los intereses del banco cántabro en Europa en los litigios que buscan la nulidad de la resolución del Popular, utilizando como argumentos de defensa, incluso, que los intereses del sistema financiero están por encima de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Cuando el Santander está por medio, se acaban las ideologías y todos coinciden en que hay que defenderlo.
Tanto Vox como el PSOE y el PP jamás han criticado o se han opuesto a que la Abogacía del Estado defienda los intereses de la banca ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos de cláusulas abusivas como, por ejemplo, el IRPH.
Esta situación es muy peligrosa, porque mientras España está constitucionalmente bloqueada por la responsabilidad de Pedro Sánchez y de Pablo Casado, la extrema derecha va creciendo en la política y el sector financiero se está haciendo con el poder que le corresponde al pueblo.
Intervención de la UE
Ni Sánchez ni Casado pueden permitir que pase ni un día más sin que se sienten a negociar la renovación de los órganos judiciales y del resto de organismos constitucionales bloqueados porque están poniendo en juego que España sea intervenida, como lo ha sido Polonia por, precisamente, la politización del sistema judicial.
Si es necesaria una reforma de la Constitución, que se negocie y se haga, pero siempre con el punto de mira puesto en una revolución de la Administración de Justicia. Este es, al contrario que la renovación del CGPJ, el Rubicón que el PP no quiere pasar. Los conservadores y, sobre todo, los poderes económicos y financieros, viven muy bien si el sistema está corrompido, como ocurre actualmente en España.
El pasado 10 de junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se reitera el hecho de que el acceso a los fondos europeos está condicionado al respeto a los valores que sostienen al Estado de Derecho y que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021.
La resolución instaba a la Comisión Europea a reaccionar rápidamente a las graves violaciones que se están produciendo de los principios del Estado de Derecho en algunos Estados miembros y a llevar a cabo un análisis exhaustivo de la necesidad de iniciar, sin demora injustificada, el procedimiento previsto en el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho.
Además, el Europarlamento también lamenta «la incapacidad de la Comisión de responder adecuadamente a las numerosas preocupaciones manifestadas por el Parlamento en relación con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en varios Estados miembros; pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos de que dispone, incluido el artículo 7 del TUE, el Marco del Estado de Derecho y los procedimientos de infracción con arreglo al artículo 19, apartado 1, del TUE, así como otros instrumentos, como procedimientos acelerados, solicitudes de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia y recursos por no ejecución de las sentencias del Tribunal».
El bloqueo Sánchez-Casado podría provocar la retirada de los fondos de la UE
Los resultados del informe sobre la situación del Estado de Derecho en España y la preocupación de la situación del sistema judicial español por el bloqueo institucional están colocando a España al borde del abismo. Incluso estarían en juego los propios fondos de recuperación de la Unión Europea.
Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por Diario16 confirman que, teniendo en cuenta el estado de la Justicia en España, se están produciendo movimientos entre los europarlamentarios para que nuestro país sea incluido en esa lista negra de países cuyas instituciones socavan la democracia y los derechos reconocidos a los ciudadanos.
Menudos comediantes, el superman, el tontito imitador, el gañán. uf.
Son unos fraudes para el Pueblo español.
Todos están supeditados a la de las bragas rojas, que se los folla a base bien con créditos para que puedan subsistir en la política y estar supeditados.
Y al que falta no digamos, menudo pedo ventoseando todos los días.
Que hace la Abogacía del Estado en el caso del Banco Popular Español, pues nada de nada, traidores.
Si el pueblo, tuviera la mitad de las agallas de los Ciudadanos de la época de 1.808, ya habrían sido pasado por las armas todos y pasaportados al más allá.
Haber si tenemos suerte y nos INTERVIENEN, y todos a pedir pan a la puta calle.
Ni los Musulmanes, tuvieron tantos reinos en esta España podrida de estafadores,
gracias al chuleta del Suárez, otro que está enterrado donde no debería estar con su Señora esposa.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
España es una punta mafia al servicio de los botines y compañía .
El que se crea lo contrario, terminará engañado por el Santander, o electricas o algun florentino de turno y lo más triste es que muchos no se darán ni cuenta.
Mientras tanto, poquito pan y mucho circo.
Ah y mucho cuidado con venezuela. Abrir los ojos por favor……..