Servicios secretos (III): el inmenso agujero negro del 11M

El diplomático Jorge Dezcallar asumió las riendas del CESID en el año 2001. Fue el primer civil que dirigió “La Casa” y quien en 2002 pilotó la transformación hacia el CNI (un nuevo intento de lavado de cara de los servicios secretos). Considerado un candidato de consenso entre el PP y el PSOE, se mantendría en el cargo hasta abril de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo destituyó por los graves errores cometidos en los atentados del 11M, la masacre yihadista que costó 193 muertos y alrededor de 2.000 heridos. Para entonces ya había quedado más que acreditado que “La Casa” se había convertido en el juguete politizado por el partido en el poder y que el destino que aguardaba a todo director del CNI, más tarde o más temprano, no podía ser otro que la dimisión o el cese fulminante.

Días después del 11M, tras la derrota de Aznar en las elecciones generales, Alberto Saiz fue nombrado director del centro por el nuevo ministro socialista de Defensa, José Bono, en sustitución de Dezcallar. Permanecería en su puesto hasta 2009. Tras el paso de Saiz por el CNI han empezado a conocerse nuevos datos sobre el mayor atentado terrorista de la historia de España. En el programa Salvados de La Sexta, el exdirector de los espías españoles llegó a afirmar que, aunque el CNI no disponía de suficiente información para determinar quién había llevado a cabo el 11M, desde el Gobierno de Aznar le pidieron un informe por “intereses políticos”. La importante revelación viene a confirmar que el Gobierno del Partido Popular trató de manipular la información en las primeras horas tras los atentados para hacer parecer que el ataque había sido obra de ETA, no del terrorismo yihadista como represalia por la participación de España en la guerra de Irak. “En el CNI estaba todo el mundo convencido de que no había sido ETA”, le dijo Saiz al periodista Gonzo.

Tres días después de las explosiones, los españoles estaban llamados a las urnas. Tanto Aznar como su ministro del Interior, Ángel Acebes, se mostraban seguros de que los atentados de Atocha podían decantar la balanza en uno u otro sentido. Si había sido ETA, ganaba el PP. Si la matanza llevaba la marca del fundamentalismo islámico, el PSOE de Zapatero, que había movilizado a la ciudadanía contra la invasión de Irak y el “no a la guerra”, tenía serias posibilidades de alzarse con la victoria electoral como así fue. De ahí el interés del Ejecutivo popular por orientar a la opinión pública hacia sus descabelladas tesis policiales.

Hoy, 18 años después de aquella tragedia que convulsionó el país, José María Aznar sigue manteniendo que, para ellos, ETA fue la principal sospechosa de la masacre, e incluso llega a invocar como prueba el polémico informe del CNI al que se refiere Saiz, que en aquellas horas todavía desconocía quién o quiénes estaban detrás de las bombas contra los trenes de Atocha. El exdirector del CNI dice sentir “tristeza y pena” al recordar cómo “La Casa” fue manipulada por el Gobierno del PP. “El presidente Aznar mantiene un posicionamiento ilógico, igual con esto que con las armas de destrucción masiva”, sentenció en el programa de La Sexta.

El 11M fue el mayor fiasco de nuestros servicios de inteligencia, un inmenso agujero negro en la seguridad nacional. Al igual que en los atentados del 11S de 2001 en Nueva York –en los que el FBI y la CIA fueron incapaces de detectar, localizar y detener a terroristas suicidas que incluso llegaron a realizar ejercicios y prácticas de vuelo en suelo norteamericano– los agentes españoles del CNI cometieron graves errores y negligencias que impidieron abortar los planes de los terroristas. Según la investigación interna, el CNI llegó a advertir a las autoridades, tres días antes del 11M, de que se estaba preparando un posible gran atentado yihadista. Sin embargo, la alerta no fue debidamente atendida por las autoridades gubernamentales. “Desde noviembre de 2003 el CNI tiene reuniones regulares con la Comisaría de Información de la Policía Nacional y en noviembre le marca que la línea de investigación más potente era el argelino Allekema Lamari, quien manifestó desde el principio sus ánimos de venganza contra España”, relata Saiz. Lamari, el jefe de la célula islamista, fue uno de los siete terroristas que se suicidaron en el piso de Leganés tras ser acorralados por los policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO). “Estas llamadas de atención sobre la peligrosidad se reprodujeron hasta días antes del atentado”, insiste Saiz, que asegura que “la Policía no consideró nunca que esta información era valiosa y priorizó su propia información”. ¿Quién en el Ministerio del Interior dio la orden de descartar la pista buena marcada en rojo por el CNI? ¿Cómo pudo ocurrir que dos cuerpos de seguridad del Estado, uno de inteligencia y otro policial, no trabajaran en íntima colaboración cuando se sospechaba que un atentado de gran envergadura podía estar tramándose en Madrid? “No había un sistema de coordinación y todo quedaba en manos de las decisiones personales de los responsables del departamento”, aclara Saiz. El exdirector del CNI deja caer que en aquellos días hubo un momento en que los atentados terroristas pudieron evitarse. “Se pudo hacer algo más si se hubiera hecho algo más en los previos, en el control e incluso detención de Lamari”, añade. Obviamente, si el cabecilla del comando hubiese sido arrestado, quizá la masacre nunca se habría producido.

Pero más allá de los fallos que pudieran haberse cometido, lo más grave de cuanto ocurrió en los atentados de Madrid fue el descarado intento de control para fines partidistas que el Gobierno Aznar quiso hacer de los servicios secretos. “El CNI no podía saber quién había hecho el 11M”, insiste Saiz, que tiene la sospecha de que Aznar “orientó” a los altos mandos de “La Casa” para endosarle a ETA, con calzador, la autoría de la matanza.

El 2 de julio de 2009, Saiz presentó su dimisión tras las informaciones publicadas por el diario El Mundo en las que se aseguraba que el director del centro había utilizado recursos y fondos públicos de la agencia para uso personal y disfrute de viajes en el extranjero. Posteriormente, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, se demostró que las acusaciones eran falsas, tal como acabó publicando el propio medio de comunicación. Finalmente, fue sustituido por el general Félix Sanz Roldán, que se mantendría en el cargo entre 2009 y 2019. Se inauguraba una nueva etapa en la historia de los servicios secretos, un período que tampoco quedaría a salvo de polémicas, sobresaltos y escándalos.

De la “policía patriótica” a Pegasus

Con la llegada de Mariano Rajoy al poder en 2011 aparecía un nuevo enemigo para la seguridad nacional: el independentismo catalán. En diciembre de 2012, el presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), y Oriol Junqueras (ERC), firmaron un pacto de gobernabilidad comprometiéndose a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Había nacido el procés, una hoja de ruta para avanzar hacia la independencia. Rajoy siempre se negó a sentarse a negociar nada con los secesionistas, así que fueron años de duro trabajo para los servicios de inteligencia, que se emplearon a fondo en la tarea de obtener información de primera mano sobre los pasos que iba dando la Generalitat, primero con Mas y más tarde con Carles Puigdemont. Para controlar y espiar a los “traidores a la patria”, como suele llamar el PP al entorno soberanista, se montó la “policía patriótica”, un grupo salvaje de agentes de la cúpula de la Policía Nacional que en la época del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz tenían la misión de llevar a cabo seguimientos, vigilancias y grabaciones a los líderes del procés. Esta especie de comando de mercenarios al margen de la ley, cuyo organigrama y ramificación entre los diferentes cuerpos policiales sigue sin conocerse en su totalidad, recuerda mucho a aquellos primeros agentes del SECED que espiaban a la disidencia en los estertores del franquismo. Las cloacas del Estado empezaban a adquirir dimensiones nunca antes vistas en democracia.

Uno de los agentes que tomaron parte en aquellas tareas de contravigilancia al mundo separatista fue el comisario José Manuel Villarejo, hoy procesado por sus actividades mercantiles privadas. Aunque Villarejo siempre ha negado la existencia de la “policía patriótica”, sí cree que ha habido políticos que han sentido la tentación de montar una unidad clandestina y parapolicial al margen de la ley. El polémico comisario ha tenido sus más y sus menos con Sanz Roldán. Sobre el jefe del espionaje español ha llegado a decir que se comportaba como lo hacía Francisco Franco, llegando a calificarlo como «el Generalísimo«. “Lleva muchos años obsesionado por que toda la información pase por él y eso le lleva a tener tensiones con todos los ministros del Interior”, aduce Villarejo.