Desde la firma en 1971 del Convenio sobre Humedales en Ramsar, Irán, se han ido sumando a la lista de humedales de importancia internacional más de 2.400 áreas protegidas que abarcan más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de 172 países.
Los humedales son el ecosistema más amenazado de la Tierra, con un ritmo de desaparición tres veces más rápido que los bosques. Este año, el lema “Proteger los humedales para nuestro futuro común” nos ha recordado la necesidad de preservar estos espacios para la subsistencia, ya que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, el bienestar humano y la disponibilidad de agua dulce, entre otras funciones. Además, allí nace una gran diversidad de flora y fauna acuáticas, generando una pirámide de biodiversidad de enorme valor. A pesar de su importancia, en los últimos tres siglos han desaparecido más del 80% de los humedales, el 35% desde 1970 hasta nuestros días.
España se adhirió en 1982 al Convenio Ramsar, siendo el tercer país por número de humedales incluidos (76); también es miembro fundador de la Iniciativa para los Humedales Mediterráneos (MedWet). Las numerosas figuras de protección otorgadas a los humedales no han impedido que se sigan degradando a un ritmo alarmante. Las numerosas denuncias al respecto han derivado en que se hayan abierto expedientes, dictado sentencias condenatorias y se haya incluido en la lista negra del Registro de Montreux del Convenio Ramsar humedales tan emblemáticos como Doñana o las Tablas de Daimiel, los primeros en entrar en la lista de protección nacional.
Gran parte de las zonas húmedas originales han desaparecido, en parte porque en el pasado el propio Estado propició la desecación debido a la consideración histórica de estos lugares como insalubres, según Ecologistas en Acción.
35 años después de que la ley obligase a la elaboración de un inventario nacional de humedales como primer paso para protegerlos, la desidia de muchas comunidades autónomas y del propio ejecutivo central ha hecho que en el catálogo nacional figuren como mucho dos de cada 10, "por lo que aquello que no se conoce difícilmente se puede proteger", advierte la organización.
Casi la mitad de las zonas húmedas se encuentran gravemente alteradas. Las principales amenazas son los cambios en el uso del suelo y sobreexplotación del agua de la que dependen los humedales por la agricultura, especialmente intensiva, ocupación fraudulenta para cultivo de superficie que pertenece a humedales por la que se estarían incluso cobrando ayudas de la PAC,infraestructuras eléctricas mal planificadas, turismo masivo, contaminación y especies invasoras.
Doñana, las Tablas de Daimiel y el Mar Menor son claros ejemplos de cómo la agricultura intensiva presiona a estos ecosistemas compitiendo por el agua y contaminando los acuíferos.
Entre las especies afectadas por este proceso de destrucción, las aves son las más perjudicadas, ya que más de la mitad de las peligro de extinción están ligadas a zonas húmedas. El 63% de las aves que utilizan nuestros humedales para reproducirse presentan un mal estado de conservación.
El caso de la Albufera de Valencia
Ecologistas en Acción presta una atención especial a la Albufera de Valencia, un importante humedal "gravemente dañado tras los efectos de la DANA, a finales de octubre de 2024. Afectó profundamente a las zonas hidráulicas e inundables que nutren este humedal, y a su biodiversidad, estando aún por evaluar la dimensión del desastre", recuerda, al tiempo que insiste en que a las evidentes consecuencias del cambio climático "se une la nefasta gestión urbanística, agrícola, hídrica y de infraestructuras, creando un cóctel muy peligroso que ha provocado que el Parque Natural de la Albufera de València haya recibido miles de toneladas de todo tipo de residuos (incluidos industriales de diferentes peligrosidades y toxicidades), aguas residuales, lodos, inertes… ". Esto, a su juicio, ha agravado el estado de este espacio natural, "ya de por sí vulnerable por la contaminación de sus aguas por residuos orgánicos y químicos, la salinización, la escasez de agua y la eutrofización".
La tarea pendiente de Sánchez y Mazón
Por ello recuerdan que "urgen acciones para la restauración de este espacio natural de más de 20.000 hectáreas con un plan de regeneración acorde a las necesidades medioambientales y sociales". Y sólo hay dos actores que puedan acometer dichas actuaciones: el gobierno central de Pedro Sánchez y la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón. Sólo de sus políticas dependerá que se asigne "un caudal ecológico adecuado para la buena salud ecológica del ecosistema, evitando que la contaminación se concentre, lo que permitiría el crecimiento de las plantas acuáticas y la recuperación de la cadena trófica", reivindica la organización ecologista.