El 2025 se consolida como un año histórico que ha removido las estadísticas, con más de 400.000 hectáreas arrasadas. La superficie quemada es más de tres veces la media de las últimas décadas, con incendios que se posicionan entre los más graves de la historia de España, como el de Molezuelas (Zamora) o el de Jarilla, el más devastador de Extremadura.
“Nuestros bosques comparten los mismos problemas estructurales que nuestros pueblos: abandono institucional, desidia y una brecha urbano-rural insostenible. Problemas mucho más invisibles que las llamas, pero esenciales”, ha declarado Mónica Parrilla de Diego, ingeniera técnica forestal y portavoz de Greenpeace.
Las comunidades más afectadas son las más despobladas
Las comunidades más afectadas por los incendios coinciden con algunas de las más despobladas, como las provincias de Ourense, León y Zamora, según el INE. El éxodo rural ha transformado la tendencia del uso del territorio en dos direcciones opuestas: por un lado, el abandono del medio rural; y por otro, la intensificación agrícola y ganadera.
Como consecuencia, en los últimos años la superficie cultivada ha disminuido un 10,46 % (Anuarios de Estadística Agraria) hasta alcanzar en la actualidad 16,7 millones de hectáreas, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (2024). Asimismo, el auge de la ganadería intensiva desconectada del territorio, la disminución de la extensiva y la concentración agroexportadora han contribuido al crecimiento descontrolado de masas forestales sin gestión activa, creando el caldo de cultivo perfecto para los megaincendios de este mes de agosto.
La superficie forestal en España ha aumentado casi cuatro millones de hectáreas, entre 1962 y 2019, una superficie equivalente a la Comunidad de Extremadura. Es el segundo país de la UE con más proporción de superficie forestal, el 55,2 % del territorio, sólo por detrás de Suecia. Este crecimiento sin gestionar favorece la propagación de incendios, ya que los cultivos cercanos a los pueblos, que antes frenaban el avance de las llamas, han desaparecido.
Por otro lado, las explotaciones ganaderas son menos del 10 % en comparación con los años 60, mientras que las unidades ganaderas casi se han triplicado por las macrogranjas: un modelo que genera un fuerte impacto ambiental y desplaza a la población local.
Ante este desequilibrio, lo que no se gestiona lo acaba gestionando el fuego. El abandono del medio rural ha reducido el riesgo de ignición, pero ha agravado las causas de su propagación. Por ello, la gestión del territorio y el sector primario son claves en la prevención de los incendios.
La falta de recursos impide cumplir con los planes preventivos
Los municipios de Zonas de Alto Riesgo de incendio (ZAR) deben disponer de los planes preventivos y de emergencia local por incendios que son competencia municipal. Hace unos días, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo anunció que iba a investigar si los municipios afectados contaban con planes de prevención municipales, afirmando la posibilidad de trasladar responsabilidades penales a quienes tenían la “obligación” de elaborar dichas medidas preventivas. En 2019, Greenpeace realizó un análisis de los municipios con los incendios más devastadores de este siglo. El resultado: ninguno tenía planes preventivos, ni implementados ni comunicados.
“Reclamamos el cumplimiento de la normativa: planes preventivos y de emergencia local en municipios ZAR. Valoramos positivamente que la Fiscalía asegure ese cumplimiento, pero no a costa de las personas más vulnerables. No se pueden tener las responsabilidades sin tener recursos para poder hacerlas efectivas. Es urgente dotar de recursos económicos y técnicos para asegurar que existan planes preventivos y de emergencia que eviten situaciones como las que estamos viviendo estos días”, ha añadido Mónica Parrilla de Diego.
Un nuevo modelo agroalimentario reduciría los incendios forestales
Greenpeace recuerda que “proteger el medio rural es protegernos del fuego”. Frente a la creciente gravedad de los incendios forestales, es esencial la recuperación del paisaje en mosaico agroforestal y tradicional, un modelo sostenible y mejor adaptado al cambio climático, con menor carga de combustible y mayor capacidad de regeneración de los ecosistemas.
La ganadería extensiva y el manejo silvopastoril son herramientas clave para prevenir incendios, mitigar la crisis climática y revitalizar el medio rural. Para ello, es necesario un cambio en el modelo agroalimentario como propone la organización ecologista en el reciente informe “Revolución Alimentaria", que apuesta por una transformación integral del sistema alimentario español actual.
Según este análisis, la transformación del sistema alimentario español, desde la producción hasta el consumo sostenible, permitiría capturar 10,7 millones de toneladas de CO₂eq anuales y duplicar el empleo ganadero; además de aumentar un 30 % el empleo en el sector agrícola-forestal de aquí a 2050. Estas medidas se convierten en auténticas soluciones de cara a la prevención de incendios.
“El pastoreo con cabras y ovejas actúa como un cortafuegos natural. Apostar por la ganadería extensiva y una transformación profunda de nuestro sistema alimentario es apostar por la acción climática, la prevención de incendios y el desarrollo rural”, ha afirmado Helena Moreno, responsable de la campaña de Sistemas Alimentarios Sostenibles de Greenpeace.
Ante este panorama, Greenpeace reclama medidas efectivas e inmediatas como la gestión cada año al menos el 1 % de la superficie forestal a escala nacional (260.000 ha), priorizando zonas estratégicas de actuación; la inversión de alrededor de 1.000 millones €/año en prevención -en lo que va de año se estima que se han gastado en extinción entre 3.000 millones y 6.000 millones-; el fomento de la ganadería extensiva como herramienta preventiva y de desarrollo rural; la recuperación de las superficies forestales para establecer modelos silvopastoriles extensivos, reduciendo la densidad del arbolado y permitiendo la presencia de herbáceas y matorral de interés para la ganadería extensiva; la transformación del sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo, como herramienta imprescindible para prevenir incendios, revitalizar el medio rural y garantizar la sostenibilidad del territorio, mitigando la crisis climática; la dotación a los municipios en Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) de recursos económicos y técnicos para ejecutar planes preventivos y de emergencia local; la ampliación de debates y alternativas en el medio rural sobre el uso del fuego y actividades en un contexto de cambio climático; el aumento de la investigación de causas y motivaciones de los incendios, y la aprobación de forma inmediata el proyecto de Real Decreto de directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.