Las suspensiones del régimen de visitas a padres maltratadores crecieron un 329 % en el segundo trimestre de 2022 respecto al mismo trimestre de 2021, según el Informe anual sobre violencia de género del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
“En determinados casos es necesario. Es muy difícil que sea un buen padre quien es un maltratador. Es bueno, pero también sin generalizar y pensando que hay que tener confianza en los jueces y tribunales para que en determinados casos se puede establecer un régimen de visitas”, afirma Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la subcomisión de violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía Española.
“Eso no supone una automaticidad en la supresión de las visitas porque la ley prevé la posibilidad de que que el juez, teniendo en consideración el bien superior del menor, aun habiendo un procedimiento de violencia sobre la mujer puede acordar un determinado régimen de visitas”, añade.
Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio se adoptaron por los órganos judiciales 1.193 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas (un 43,2% que en el primer trimestre de 2022), como consecuencia de la aplicación por los jueces de la reforma de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión de las visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
Los datos trimestrales del CGPJ revelan también un aumento de las víctimas, que ascendieron a 44.543, un 10,89% más que en el mismo periodo de 2021. El 65,98% eran españolas, cifra que se mantiene constante, con leves variaciones, desde hace años.
También se registró un incremento de las denuncias, que subieron un 12,33 % al registrarse un total de 45.743. Las víctimas presentaron siete de cada diez denuncias, las familias, el 1,77% y los servicios asistenciales y terceros, el 3,86%. “Son cada vez más las mujeres que alzan la voz cuando sufren violencia machista y deciden denunciar los hechos en comisaria o en el juzgado”, destacó Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio.
Los datos revelan también una ligera disminución de las mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación declarar contra su agresor: En el periodo analizado, 4.167 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa, un 9,36%, frente al 10,53% del periodo anterior.
En ese mismo trimestre los órganos judiciales dictaron 15.359 sentencias, de las que el 76,84% fueron condenatorias. Y se incoaron un total de 12.502 órdenes de protección, el 69,28 % de las solicitadas.
