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Trasladar ilegalmente 120.000 toneladas de residuos muy peligrosos desde fuera de la UE hasta Nerva se salda con 10.000 euros de multa

Los vecinos acogen con incredulidad la exigua sanción impuesta por el Gobierno central pese a la flagrante vulneración del Convenio de Basilea

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Sólo en primer lugar la denuncia de Ecologistas en Acción del traslado de unas 120.000 toneladas de residuos tóxicos y muy peligrosos con destino al vertedero de Nerva, en Huelva, procedentes del desmantelamiento de un astillero de Montenegro, a más de 3.200 kilómetros de distancia, y la posterior movilización vecinal contra este traslado irregular por mar y tierra han podido frenar este atropello medioambiental, sobre el que el Gobierno central ha constatado numerosas irregularidades durante todo el proceso, contraviniendo legalmente el Convenio de Basilea. Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha saldado el caso con una exigua multa de 10.000 euros a Valgo, la multinacional francesa que gestionó el traslado y tratamiento de los residuos peligrosos. Y ello pese a que la carga peligrosa e irregular bordeó por mar a través de Sanlúcar de Barrameda el Parque de Doñana y atravesó por carretera hasta Nerva en incontables camiones otra zona forestal especialmente protegida.

Fuentes del Ministerio han asegurado a Diario16 que “como consecuencia de las infracciones detectadas en el traslado de la carga en el mes de febrero (notificación de menos carga de la transportada y en un barco distinto del consignado) inicialmente se impuso a la empresa Valgo una multa de 50.000 euros”. Posteriormente, la empresa presentó alegaciones, que el Ministerio estimó sólo parcialmente, al considerar que las notificaciones no se habían ajustado a lo previsto en el Reglamento (CE) número 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por ello, el pasado mes de junio el Miteco resolvió cerrar el expediente con una sanción definitiva de 10.000 euros. Esta decisión es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante las autoridades judiciales por parte de la empresa Valgo.

Todos los alcaldes de la cuenca minera de Riotinto se han posicionado ya oficialmente en contra de este vertedero y a favor de su inmediata clausura. José Antonio Ayala, el alcalde socialista de la localidad de Nerva, de algo más de 5.000 habitantes, ha calificado de “irrisoria” la sanción impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez a este polémico traslado, que movilizó al municipio de Nerva contra esta instalación situada a escasos 700 metros de la localidad y ha resucitado el movimiento vecinal para el cierre definitivo de este polémico vertedero colmatado desde hace años, según denuncian las asociaciones ecologistas, y protagonista de incontables incidentes medioambientales desde su creación en junio de 1998.

Sólo el Gobierno de Moreno Bonilla frena actualmente la ofensiva de alcaldes, Diputación y asociaciones vecinales para el cierre inmediato del vertedero

Pese a todo, la Junta de Andalucía promovió en pleno inicio del confinamiento total por la pandemia de la covid una ampliación de este recinto, proyecto que se mantiene en un limbo administrativo debido a las numerosas alegaciones presentadas por formaciones políticas, asociaciones ecologistas, particulares y movimientos vecinales.

El Miteco revocó parcialmente el pasado febrero este traslado de los residuos tras su llegada por barco a Sevilla y posterior traslado por carretera en camiones hasta Nerva desde Montenegro. Agentes del Seprona de la Guardia Civil constataron que superaba la carga permitida y había realizado el traslado de los residuos en un buque distinto de los notificados por la empresa Valgo, a la que se le abrió entonces el expediente sancionador que ha culminado ahora con una multa de apenas 10.000 euros.

Esta flagrante vulneración del Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación apenas ha supuesto por parte del Gobierno español una exigua sanción para la empresa que ha vulnerado este tratado internacional fundamental en el sector y deja en evidencia las limitaciones con las que deben luchar los vecinos de esta deprimida comarca, hartos de irregularidades medioambientales de todo tipo que viene sufriendo el municipio desde la creación misma de este vertedero de residuos peligrosos hace ya 25 años.

Asociaciones vecinales como Nerva, Salud y Dignidad mantienen su agenda de acción a favor del cierre del vertedero y han logrado el compromiso por parte de la Diputación de Huelva y de todos los alcaldes de la comarca para instar a la Junta de Andalucía a un cierre ordenado de este recinto, algo que no entra en los planes futuros del Gobierno autonómico de Juan Manuel Moreno Bonilla.

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3 COMENTARIOS

  1. 120 mil toneladas x 10 mil euros de multa,sale a 1.200 euros la tonelada,osea,cada mil kilos de veneno.
    Le sale barato,muy barato a las empresas envenenadoras envenar a miles de personas.
    Gobierno central complice de envenenamiento masivo al igual que gobierno andaluz por omision.

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