Para Teresa Jusdado Pampliega, secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, el recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el Tribunal Supremo del currículum de Bachillerato es mera propaganda partidista.
Ya en junio del año pasado, el sindicato denunciaba la utilización política del recurso contencioso administrativo interpuesto por el Gobierno Regional sobre el currículo de Bachillerato, que “consideramos no podía ganarse en los tribunales y cuya función era, exclusivamente, oponerse al Gobierno estatal”, ha señalado Teresa Jusdado.
Ayuso ya perdió una vez en los tribunales
La petición de medidas cautelares, solicitadas por el gobierno madrileño en aquel momento, no fue apoyada por los tribunales y sus argumentos actuales que tampoco lo serán.
En el comunicado de prensa, emitido el día 18 tras el Consejo de Gobierno, indica que “hay una alusión casi constante a términos como sostenibilidad (130 veces), perspectiva o igualdad de género (54) en materias con los que no guardan ninguna relación”. En su contestación, la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid entiende que “dichos principios son transversales a toda la labor educativa, conceptos todos ellos que definen el siglo XXI y que están contenidos en la Agenda 2030 Europea, de la que España forma parte”. Y lo más impactante es que lo ha firmado.
Medias verdades en bachillerato
“El Gobierno madrileño también denuncia que se hayan ignorado aportaciones de órganos independientes, como la Real Academia de la Historia o el propio Consejo Escolar”. Teresa Jusdado manifiesta su sorpresa por dos motivos:
“El primero, que sí se han tenido en cuenta gran parte de las observaciones del Consejo Escolar del Estado, que avaló el Real Decreto de currículum de Bachillerato”.
Y, en segundo lugar: “el constante menosprecio que la Consejería hace de las observaciones y propuestas del Consejo Escolar de Madrid, así como el talante poco democrático necesario para aprobar dichas propuestas, dado que Madrid exige mayoría absoluta para su aprobación, cosa que no sucede en los demás Consejos Escolares del Estado”, ha señalado.
Si el Gobierno Regional considera que “faltan contenidos o saberes esenciales” cuenta “con un 40% del currículum para completarlos”, ya que solo el 60% procede del Estado y son comunes a todas las Comunidades Autónomas, ha señalado.
Ayuso se apropia de la Constitución
Respecto a “la conculcación directa de derechos constitucionalmente reconocidos como el artículo 1 (pluralismo político)
16.1 (libertad de pensamiento y conciencia)
16.2 (libertad declarativa)
20.1 (libertad de cátedra)
27.1 (derecho a la educación y libertad de enseñanza)
27.2 (ideario educativo constitucional); 27.3 (derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos)
y 27.5 (programación general de la enseñanza), por ello su especial relevancia”, los tribunales tendrán la última palabra.
Pero a juicio de la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, “es una visión partidista de la Constitución, ya que la LOE, modificada por LOMLOE, no atenta contra ninguno de los derechos a los que alude, olvidando, eso sí, que en la Comunidad de Madrid la programación general de la enseñanza, que según el artículo 27.5 aludido, debe realizarse con la participación efectiva de todos los sectores afectados, no se lleva a cabo”.
Además, Teresa Jusdado agrega que el artículo 27.3 “no se cumple si no es posible elegir centro público o programa no bilingüe”.
Por ejemplo, por falta de este tipo de centros en una determinada localidad o barrio, o que los derechos fundamentales incluyen la igualdad de género y la igualdad de oportunidades, en una región que suspende en materia de equidad y atención a la diversidad y es campeona en segregación y desigualdad.
Por todo ello, la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid considera que esta demanda, como el contencioso administrativo previo, “no tendrá más efecto que una mera publicidad partidista de cara a las próximas elecciones y es una herramienta más de la permanente confrontación con el Gobierno del Estado”.
