Un segundo informe de los letrados del Congreso de los Diputados ve posibles sombras de inconstitucionalidad en la Ley de Amnistía que tramita la Cámara Baja. Además, los letrados creen que existe indeterminación en el ámbito de aplicación que figura en la iniciativa registrada por el PSOE.
Llama la atención que los funcionarios del derecho al servicio de las Cortes promuevan ahora este dictamen cuando prestigiosos juristas españoles han asegurado que no hay nada que atente contra la Carta Magna en la ley Sánchez. Sin embargo, no extraña tanta contundencia si tenemos en cuenta que las letradas de la Comisión de Justicia que han elaborado el contundente dosier “trabajaron con presidentes del Partido Popular” . En efecto, las profesionales que firman el informe son Piedad García Escudero (letrada mayor con la popular Luisa Fernanda Rudi) e Isabel Revuelta (secretaria general técnica de Defensa con Federico Trillo), según informa Europa Press. Ambas inciden en las dudas de inconstitucionalidad “aun excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaria y evidente” y subrayando “la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales”. Es decir, dicen que la amnistía puede ser ilegal pero no lo aseguran tajantemente. Para ese viaje no hacían falta alforjas ni informes técnicos.
De entrada, el informe pone en cuestión que la amnistía de 1977 pueda ser la premisa para deducir que esta sea una “figura jurídica permitida por la Constitución y abierta al ámbito de decisión del legislador”, dado que no figura entre las competencias de las Cortes Generales y además la Carta Magna “desautoriza expresamente” los indultos generales. Estamos, una vez más, ante una cuestión de interpretación. Aquí no se trata de un indulto general del Gobierno, cuestión prohibida en la Constitución, sino ante una ley emanada del Parlamento español con todas las garantías.
La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan “palmarias” como para vetar su tramitación.
No ha tardado ni media hora en reaccionar el Partido Popular. El portavoz en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, asegura que el nuevo informe de los letrados del Congreso sobre la ley de amnistía, aportado a la Comisión de Justicia, es “demoledor” y “certifica negro sobre blanco” que la norma no es constitucional. Parlamentario Popular en la Cámara Baja. Para Tellado, los funcionarios “certifican que el Gobierno ha hecho una ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos, para beneficiar a sus socios y comprarse simple y llanamente los votos que necesitaban para la investidura”.
Llegados a este punto cabe preguntarse si funcionarios que mantuvieron estrecho contacto con el Partido Popular, hoy en la oposición, son las personas idóneas para pronunciarse sobre una ley que promueve el actual Gobierno. Que una de ellas fuese ostentase el cargo de letrada mayor en tiempos de los gobiernos populares podría tener un paso, pero que la otra trabajara estrechamente como secretaria general técnica de Defensa con Federico Trillo no habla demasiado bien de la imparcialidad que debería iluminar a la institución encargada de elaborar dictámenes previos a las leyes en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, Felipe González se sitúa en una posición jurídica parecida a la de los letrados que trabajaron en su día para el PP. El expresidente ha vuelto a cargar contra la amnistía. El expresidente del Gobierno considera que la Constitución está siendo “atacada” de forma “despiadada e irracional”. A su juicio, están bajo amenaza los valores que han construido la convivencia y ha hecho un llamamiento a la sociedad a “reaccionar”.
“Ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que inciden en consensos como los que hubo hace 45 años”, reclama González en relación al ataque a los jueces y magistrados por parte de los partidos independentistas catalanes y en defensa, al mismo tiempo, de la división de poderes.
El PP cuando se da esa circunstancia… no duda en pedir sustituir a esa persona por falta de objetividad y sensatez… Su criterio de fiabilidad; validez; exactitud …pone veto a cualquier opinión, informe por parte de esa persona…