Vox ya ha comenzado a desmantelar el Estado de las autonomías

Planes por la igualdad de la mujer abolidos, políticas culturales recortadas, cursos de educación sexual censurados, programas de vacunación relegados a un lugar secundario… Son las nefastas consecuencias de los pactos PP/Vox que se están firmando en ayuntamientos y gobiernos regionales de todo el país. Ya lo advirtió Santiago Abascal en su día: “Vox acabará con las autonomías”. Y ya ha comenzado la operación de demolición.

El líder ultra siempre ha creído que el Estado autonómico “solo premia a traidores”, de modo que España no necesita 17 parlamentos: le basta con uno y hasta con ninguno, cabría decir. La mayoría de los constitucionalistas creen que a Abascal le resultará imposible acabar con el modelo territorial consagrado en la Constitución del 78. Pero bien mirado, una vez que ya están en el poder tras haber secuestrado al PP, ¿qué les impedirá acometer reformas drásticas para dejar sin efecto a las autonomías?

Los ultras tienen varias opciones para lograr su propósito en su descabellado intento por volver a la madre patria centralista, a la España una, grande y libre del franquismo. Hoy por hoy, derogar los Estatutos de Autonomía se antoja poco menos que ciencia ficción. Los voxistas necesitarían una mayoría aplastante que están muy lejos de alcanzar. No habría una voluntad mayoritaria de los ciudadanos de cada región necesaria para dar ese histórico paso. Más factible sería que las comunidades autónomas en las que Vox gobierna como muleta del Partido Popular devolviesen al Estado algunas competencias que ya tienen transferidas desde hace años. La Sanidad, por ejemplo. Al partido de Abascal, como ultraliberal que es, no le interesa lo más mínimo seguir manteniendo un sistema de salud pública, que consideran un gasto inútil. Ahí cabrían dos alternativas: u optar por privatizar hospitales y centros de salud, entregándoselos a empresarios afines y amiguetes (lo hacen siempre que gobierna la derecha), o devolver la Sanidad a la Administración central para que sea gestionada desde Madrid.

Otra materia donde los extremistas trumpizados pueden hacer mucho daño en su labor de desmontaje del modelo territorial es la Educación. Los políticos de Vox están locos por entrar a saco en la escuela pública, que consideran un semillero de políticas woke, de ideología izquierdosa y de pensamiento antipatriótico. Controlando los colegios y universidades podrían llevar a cabo su lenta pero progresiva labor de adoctrinamiento franquista. Llevan cuarenta años esperando el momento de reconquistar las aulas para colgar el crucifijo sobre la pizarra, plantar la rojigualda detrás de la mesa del maestro y volver al Cara al Sol y a la letra con sangre entra. Así podrían enseñar su versión revisionista de la historia, la de los Moas, esa que cuenta que la Guerra Civil la empezaron los malvados rojos con rabo y cuernos y que Franco fue un gran hombre que hizo mucho por España.

Obviamente, a la Iglesia se le abren grandes expectativas con el retorno al poder de los nostálgicos: la vuelta al nacionalcatolicismo desde dentro de la democracia, el pin parental para evitar que se hable de educación sexual, más Biblia y menos ciencia, y quizá, con el tiempo, más creacionismo y menos darwinismo, como ya ocurre en los estados de USA gobernados por los trumpistas. Ni en los mejores sueños de los grupos ultracatólicos y antiabortistas empeñados en derrotar al feminismo y reinstaurar el modelo de familia tradicional numerosa, apostólica y romana. Vox pretende llegar al cásate y sé sumisa para las niñas y al machismo mamado a chupete desde la más tierna infancia para los varones. Por descontado, los escolares gais o trans tendrán que volver al armario. Sin políticas de igualdad e integración, desplegado ya el modelo educativo retrofranquista, lo tendrán más bien negro para desarrollarse como personas libres, sin miedos ni complejos. Será una especie de vuelta a una extraña represión algo más subliminal pero tan cruda y cruel como la que se practicó durante la dictadura cuarentañista.

Mantener la educación pública resulta fundamental para un régimen que se basa en la manipulación de las masas y la mentira como es el bifachito ultraconservador. Si tras el 23J la coalición PP/Vox logra alzarse con el poder central lo tendrán aún más fácil para imponer su siniestro plan de deconstrucción del Estado de las autonomías. Entonces se firmará un gran pacto nacional en el bloque de las derechas, con Abascal de vicepresidente, y el plan de recentralización será pan comido. Los manuales de historia serán impresos en Madrid y, una vez convenientemente pulidos y orientados desde la visión franquista, distribuidos a las provincias. La libertad de cátedra quedará dañada (todo aquel profesor de primaria, bachiller o universidad que se salga de la línea oficial marcada por el ministerio correrá serio riesgo de ser apartado o relegado de las clases). Y cualquier actividad extraescolar que vaya contra la guerra cultural de la extrema derecha será sencillamente cancelada.

Lógicamente, llegan malos tiempos para las lenguas oficiales del Estado que no sean el castellano. Vasco, catalán y gallego perderán la importancia que tienen hoy, lo cual será tanto como acabar con las competencias y políticas lingüísticas que han estado presentes en los últimos cuarenta años de democracia. En esa parcela es donde más se notará el progresivo desmantelamiento, de facto, del Estado de las autonomías. En los últimos días, Vox ha exigido al PP que elimine la obligatoriedad de las lenguas regionales a la hora de optar a una plaza de funcionario, médico o docente. Y en Asturias ya se habla de proscribir el bable del sistema educativo hasta condenarlo a su práctica desaparición.

Todo esto se hará sutilmente, con cierta discreción, y la población apenas notará cambios en los primeros momentos. Otra cosa es qué ocurrirá dentro de dos años, una vez atravesado el ecuador de la legislatura ultra, cuando el fascismo democrático esté sólidamente implantado, cuando las políticas neofranquistas ya estén rodando solas y modelando la conciencia colectiva, las costumbres y los hábitos de la sociedad española. Entonces Vox pasará a una segunda fase, apretando el acelerador. Entonces el delirante sueño de Abascal de acabar con la descentralización política y administrativa podría intentarse mediante una reforma parcial del Título VIII de la Constitución para restringir el derecho de las nacionalidades y regiones a configurarse como comunidades autónomas. Si Feijóo, ya como presidente, se viera obligado a aceptar ese singular y atípico golpe de Estado, se abriría la caja de los truenos. El consenso del 78 con el nacionalismo periférico roto por completo; Cataluña y Euskadi incendiadas por los cuatro costados (probablemente el conflicto se extenderá a otras regiones como Navarra, el País Valenciano y Galicia); y el secesionismo más fuerte y virulento que nunca. Esa formidable y prodigiosa maquinaria de fabricar independentistas que se activa como un monstruo imparable cada vez que gobierna la derecha. Estos días de campaña escucharemos más propuestas esotéricas y descabelladas de Vox, como la idea de legalizar la marihuana que ha puesto sobre la mesa el nuevo presidente del Parlamento balear, el ultra Gabriel Le Senne. Por lo que vamos viendo, algunos parece que ya han empezado a experimentar con esa yerba.