La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno interino y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe, y los problemas económicos por el alza de los precios que sufren centros, familias y profesorado.
Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el curso se abre «con déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles), falta de recursos en los centros educativos, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores».
Los datos recabados por CSIF, apuntan que la educación pública padece «un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado».
Por su parte, señala que «la ratio de alumnos por docente sigue creciendo. Pese a que el número de niños y niñas cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es la mayor de la última década, con 653.791 alumnos y una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010″.
Además, según la central sindical, «se mantienen altos niveles de interinidad, con una tasa media del 22,47 por ciento, una proporción muy elevada, teniendo en cuenta que –según la Ley para la reducción de temporalidad– no podrá superar el 8% a partir del 1 de enero de 2025″. En este sentido, CSIF ha exigido la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.
Déficit de inversión y fondos europeos
Según las estadísticas del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 de euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.
Asimismo, CSIF se ha dirigido por carta tanto al Ministerio de Educación como a las CC.AA para que publiquen y hagan balance de los 1.249 millones de euros procedentes de los fondos europeos, porque considera que «no han tenido reflejo en la mejora del sistema educativo. Nuestro sindicato cuestiona el reparto de los fondos ya que salen perjudicados los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4%), educación inclusiva (2,93 %) o bienestar emocional de los alumnos (0,4 %).
«Todos estos datos -dice CSIF- perpetúan los problemas estructurales de nuestra educación, como el fracaso escolar, el deterioro de la calidad en nuestras aulas y la falta de reconocimiento profesional del profesorado». De hecho, segura que «en los últimos diez años ha descendido continuamente el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública (del 68,1 al 66,9), mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1 al 65,5″.
Proceso de negociación
Por eso, desde CSIF reclaman al futuro Gobierno que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales «para mejorar la educación pública de nuestro país y un Pacto de Estado que ofrezca estabilidad a nuestro sistema educativo».
Ese Pacto de Estado, según CSIF, «debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de las ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre CC.AA en los currículos». Y a partir de ahí, considera que «se debe mejorar el reconocimiento de la profesión docente con un incremento de las retribuciones y mejora de las condiciones laborales».
En este sentido, ha recordado que los docentes arrastran «una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 17%, como consecuencia de la inflación y los recortes en la paga extra no recuperados del 2010».
