Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo han presentado una iniciativa sindical por el derecho a la vivienda en la que plantean que se puedan fijar precios máximos de alquiler en España a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que se trasladará al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Se trata de abrir un debate amplio, que no sea flor de un día, para adoptar soluciones”.
Un debate en el que tienen que estar presentes los sindicatos porque “la vivienda hoy en día se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Tiene tanta importancia para su disponibilidad de renta, como negociar bien su convenio colectivo. Por eso hay que propiciar que se tomen medidas y se adopten políticas para tener una vivienda digna en unas condiciones compatibles con su salario”, han afirmado en la presentación.
El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que, aunque el problema de la vivienda en España “es complejo, viene de lejos e intervienen muchos actores”, hay que “dejar de hablar y empezar a hacer” para garantizar el derecho constitucional y reconocido en la Carta Social Europea a una vivienda digna.
La crisis ha agravado el problema
Álvarez ha destacado que el problema de la vivienda en España se ha agravado para los trabajadores y trabajadoras, en los últimos años, después de la reforma laboral. Así el aumento de la precariedad y los bajos salarios supone que en algunos casos se tenga que destinar hasta el 60-70% del salario al pago de una solución habitacional, y que en, otros muchos casos, ni siquiera pueden pagarse una vivienda. En este sentido, ha destacado una de las medidas propuestas en la Iniciativa Sindical establecer un precio máximo de alquiler en zonas tensionadas que no supere el 25-30% del ingreso medio de los hogares en dicha zona.
También se ha referido a cómo el problema de la vivienda repercute en la movilidad de los trabajadores. “No se puede pedir a ninguna persona que cambie de domicilio con un contrato en precario, con un salario de miseria y sin posibilidades de acceder a una vivienda por lo menos como la que tenía en su situación de origen. Y eso hoy no es posible”.
En este sentido, ha criticado que las administraciones no dedican ningún euro de las tasas turísticas, ni de los impuestos, a hacer compatible una vivienda digna a los trabajadores que se desplazan a trabajar.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha afirmad que el Gobierno “debe ser valiente y no limitarse a tomar medidas de buena voluntad. Un derecho básico no puede resolverse desde el mercado”, ha afirmado.
Para Unai Sordo “el acceso a la vivienda son los principales factores de inestabilidad para los hogares en la actualidad. El mejor convenio colectivo es el pode contar con un techo”, ha añadido.
El secretario general de CCOO ha denunciado que “el pago del alquiler supone un drenaje de salario insostenible, un 43% del salario neto medio se dedica al alquiler, que de media se sitúa en los 674 euros al mes; para el 55% de los hogares españoles pagar ese precio supone un tercio de sus ingresos mensuales, según ha detallado. Ello supone una extracción de rentas que implica una disminución de la renta disponible, del consumo de otros bienes y de la capacidad de ahorro”.
Los secretarios generales han estado acompañados por la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera y de la secretaría de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisante.
Hacer efectivo el derecho real a una vivienda
Mari Carmen Barrera ha destacado que el objetivo principal de esta Iniciativa Sindical es “establecer un derecho real a la vivienda para la mayoría de la población en España, con rentas medias o bajas y muchas dificultades para conseguir una vivienda por sus propios medios”. Por otro lado, hay que regular a través de la actuación de una oferta pública (disponiendo de un parque público de viviendas en alquiler suficiente) los precios del conjunto de mercado libre de viviendas para que no puedan volver a producirse burbujas especulativas.
“Lo que queremos es alejar el carácter especulativo del derecho a la vivienda, estableciendo un conjunto de actuaciones destinadas a moderar los precios de la vivienda lo más rápidamente, mientras se avanza en la constitución de un parque social de vivienda pública en alquiler” Se trata de actuar sobre los precios y sobre la oferta con medidas de emergencia como captar vivienda desocupada facilitando la rehabilitación, si procede, preferentemente en zonas tensionadas (con poca disposición de alquiler y precios muy elevados), limitando las rentas a pagar por el inquilino y complementando el importe de las rentas con fondos públicos y a su vez, dando seguridad al arrendador y priorizando las actuaciones sobre las personas más vulnerables” ha explicado.
“Además” ha añadido, “es necesario poner en marcha medidas fiscales como grabar las viviendas vacías en las zonas con tensiones de precios, no se puede permitir que haya pisos vacíos donde las personas no pueden acceder a viviendas. Hay que reformular los beneficios fiscales destinados al alquiler entre arrendador y arrendatario, elevar el tipo en el impuesto de sociedades a las SOCIMI y revisar el conjunto de la fiscalidad que afecta a las empresas que actúan en materia de vivienda para estimular el alquiler social y regular las viviendas turísticas, sobre todo, en zonas urbanas en las que encarecen los precios de los alquileres”.
