El Proyecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa ya fue estudiado e informado en el Pleno del Consejo Escolar de Madrid el día 9 de abril. La inconsistencia del documento, el procedimiento de urgencia utilizado por la Administración y aspectos que nada añadían a nuestra normativa o que pudieran no ser competencia autonómica, llevaron a UGT a presentar un dictamen alternativo, junto con CCOO y la FAPA Francisco Giner de los Ríos, así como un total de 23 enmiendas por parte de nuestra organización.
Dicho anteproyecto tenía, además, una función política obvia dentro de la estrategia del Partido Popular ante las elecciones que se convocaron para el día 4 de mayo: confundir a la ciudadanía.
Pura propaganda
CCOO ha calificado de “pura propaganda” la Ley Maestra de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha insistido en que la nueva ley “no es más que otra dañina maniobra de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para erigirse en oposición al Gobierno de España, tanto es así que ha sido bautizada en los medios de comunicación como ‘ley anti Celaá’”. Una texto, denuncia Galvín, “que se ha elaborado a espaldas de la comunidad educativa e ignorando las necesidades reales del sistema educativo madrileño”.
Sobre la libertad de elección de centro
Para UGT y CCOO, mezcla, intencionadamente, l»ibertad de enseñanza y derecho a elegir centro». El sistema educativo madrileño orienta la escolarización e impide, de facto, que las familias elijan libremente.
El programa bilingüe, por ejemplo, se ha mostrado como un elemento más de los mecanismos coercitivos que impiden o dificultan la libertad de elección de centro por parte de las familias, pues existen municipios y distritos en los que es la única opción y no hay que olvidar que hay muchos factores que pueden impedir a las familias trasladarse diariamente a otros municipios o distritos.
La libertad de elección en la Comunidad de Madrid es un espejismo
“La gran ironía es que esta libertad de elección de la que habla el PP no es, ni mucho menos, libre”, señala Isabel Galvín. En el juego mercantil que dicen defender, donde funcionan la oferta y la demanda, el gobierno regional y sus socios se han dedicado a modificar la oferta, reduciendo plazas, cerrando aulas en la enseñanza pública y promoviendo la concertada a través de cesiones de suelo y facilidades de todo tipo.
“La libertad de elección en la Comunidad de Madrid es un espejismo”, denuncian desde CCOO. Actualmente, hay miles de familias que se han quedado sin plaza en la pública y se han visto obligadas a acudir a centros que no han elegido, en ocasiones sin más remedio que acudir a centros concertados.
Supresión del criterio del lugar de residencia
Dan a entender que es una limitación para el ejercicio de esa libertad, que provoca una situación de segregación. Para UGT no puede considerarse “segregación” limitar el lugar de residencia para el ejercicio de la libertad de elección de centro educativo, según la Administración “conforme al marco establecido por la normativa básica estatal”.
Ello no es así, puesto que la misma indica: “ tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres” y “las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de escolarización o influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito territorial, en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares autorizados. Se trata, a nuestro juicio, de un intento de confundir a la ciudadanía y a quienes se encargan de la gestión de la escolarización.
Sobre el “derecho al castellano”
En Madrid sólo hay una lengua oficial y es, precisamente, el castellano. Legislar acerca de realidades o controversias que se dan en otros territorios o plantear una oposición al Parlament de Catalunya o a otra asamblea legislativa tratando un asunto que carece de objeto en la propia comunidad es, verdaderamente, un caso de “traslocación regulatoria” sin precedentes.
La mayoría de los centros educativos madrileños sostenidos con fondos públicos siguen el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid, que se basa en el sistema AICOLE, lo que supone que la lengua vehicular es el Inglés. Con arreglo a esta regulación, se podría solicitar el cese inmediato del Programa Bilingüe de la CM.
UGT entiende que esa es la lengua oficial y vehicular en Madrid, por lo que mantener este artículo sería aceptar que no es así. No entra dentro del ámbito de sus competencias defender el castellano como lengua oficial y vehicular del Estado, pero, en cualquier caso, si desea colaborar con otras comunidades autónomas o instituciones públicas y privadas es algo que excede de una ley educativa madrileña
Sobre la Educación Especial
No se alcanza a entender la necesidad de que exista ninguna ley de la comunidad al respecto. De hecho, se parafrasean todos los principios que están recogidos en la LOE. Las modalidades de escolarización que se contemplan, ya existen en la actualidad y la ley orgánica vigente no las modifica.
El reciente y populista interés del gobierno de Díaz Ayuso por la educación especial es, en realidad, el deseo de promover conciertos también en los centros de educación especial. Si realmente les preocupara la educación inclusiva, aumentarían la inversión destinada a esta educación, en la que Madrid es deficitaria desde hace años.
La Ley Maestra, además, vulnera el derecho a la educación inclusiva. Según la ONU, la educación especial en España debe caminar hacia la integración, y esta ley la lleva en dirección contraria, todo con tal de asegurar un nuevo nicho de mercado a las empresas que manejan la concertada.
Sobre la segregación por sexos
La Ley Maestra se agarra al hecho de que el Tribunal Constitucional haya considerado que la educación diferenciada por sexos no sea discriminatoria, sobre la base de una convención harto caduca y superada de 1960, para blindar los conciertos a los centros segregadores por sexos.
Gastar el dinero y el esfuerzo de los madrileños y madrileñas en realizar, debatir y gestionar esta ley sería motivo, en cualquier empresa privada, para un cese fulminante.
Calamidad Ayuso es una desgracia para Madrid y España. Urge trasladar la capitalidad del Estado de Madrid, sino España como entidad política desaparecerá más pronto que tarde; así de sencilla es la cosa.