Cuando una sociedad no da a los adolescentes y jóvenes una educación en valores acorde con los cambios sociales que el paso del tiempo genera —acelerados por una tecnología que globaliza patrones de conducta y simplifica la accesibilidad a todo tipo de contenidos—, el efecto que se produce son los alarmantes datos ofrecidos por el Fiscal General del Estado: en 2022, los delitos cometidos por adolescentes y jóvenes crecieron un 45,8% respecto a 2021 —año en el que según el INE crecieron un 21%—; en especial las agresiones sexuales perpetradas por menores que han aumentado un 116% desde las 451 de 2017 a las 974 en 2022. Guarismos que para el Fiscal General de Menores se producen porque los adolescentes acuden a la pornografía y normalizan las relaciones sexuales violentas y de dominación, al carecer de una educación sobre una sexualidad sana. También aumentan los delitos violentos y los homicidios en estos colectivos, al sustituirse el machete por la pistola: cada vez más presente. Violencia en la que se ha incrementado la participación de adolescentes — un 40% en dos años según fuentes policiales—, que la incorporan como un hecho normal en sus vidas que arriesgan sin ningún cuestionamiento.
Estos son los lodos que deja la permanente ausencia de un vital pacto de Estado por la educación, convertida en un campo de batalla ideológico permanente, por la negativa sistemática de los sectores ultra católicos y más conservadores a que los adolescentes reciban educación sexual —cuando tienen al alcance de un clic la pornografía—, que incorpore el respeto a la diversidad en una sociedad cada vez más plural y poliédrica. Negativa que justifican por un pretendido interés de la izquierda por adocenar las mentes adolescentes, cuando el verdadero adocenamiento es encerrar el conocimiento para atar el pensamiento libre como describió de modo brillante Umberto Eco en <<El nombre de la rosa>>.
Es este afán de claustro monacal en el que la derecha quiere seguir encerrando las mentes adolescentes y jóvenes, el que conduce a la sociedad española a estar sometida a un vaivén de Leyes educativas en función del color del Gobierno de turno. Tan solo una vez, con Ángel Gabilondo al frente del ministerio (2009/2010) se estuvo a punto de suscribir un pacto de Estado por la educación que contenía 12 puntos y 48 medidas consensuadas con el PP, partido que a última hora se descolgó del acuerdo justificado por la responsable de educación, María Dolores de Cospedal, en la banal afirmación de que <<el Gobierno no ha querido cambiar un modelo fracasado>>.
Desde ese momento, los adolescentes y jóvenes solo reciben una papilla de artículos de la Constitución, y ninguna enseñanza sobre valores de convivencia y relación con el otro —género o libertad de expresión—, desde que en 2006 el entonces ministro de educación, José Ignacio Wert, se cargara la asignatura de Educación para la Ciudadanía incluida en la LOE (2006) —calificada por el Arzobispo Cañizares como un ataque a la familia>>—para sustituirla, en la llamada <<Ley Wert>>, por la asignatura de Educación Cívica y Constitucional. Este es el pacto de Estado fundamental e ineludible que necesita la sociedad española, que no figura en la lista de pactos propuestos por Feijoo, cegado en la ensoñación de que la ruptura de España es el objetivo del <<sanchismo>> para seguir en la Moncloa. Sin embargo, de su negativa a renovar el CGPJ, que convierte al PP en un partido inconstitucional: no habla nunca.
Cuando la familia falla en educar a los menores, el Estado debe tomar la iniciativa. No puede dejar abandonados a los menores, o todos pagaremos las consecuencias.