Ataque a la democracia desde la democracia

No piensen que la democracia está en peligro sólo por el comportamiento o las acciones de los políticos. La situación de riesgo trasciende a otros elementos de la sociedad que se están haciendo con el poder de un modo silencioso pero efectivo.

Lo obvio es pensar en Vox y, en verdad, es uno de los mayores peligros para la democracia española porque ha sacado a la luz a esa extrema derecha que se encontraba oculta, ya fuera en las formaciones ultras, ya fuera en el PP o en Ciudadanos. Además, no sólo han conseguido llegar a las instituciones, sino que tienen el aparente control de algunas, como la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Murcia o el Ayuntamiento de Madrid, puesto que sus votos son cruciales para que los gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos puedan implementar sus políticas.

La estrategia de destrozar la democracia a través de los canales del Estado de derecho no es algo nuevo y la historia nos ha mostrado que los ultras lo pueden socavar desde dentro, como si fuese especie de butrón político. En la Alemania de los años 30 del siglo pasado, el partido nacionalsocialista destruyó la República de Weimar sin necesidad de dar un golpe de Estado violento, como sí ocurrió en España. Sólo tuvieron que aplicar el populismo y la propaganda para ganarse al pueblo con grandes discursos para ir logrando que, en las sucesivas repeticiones electorales, ganaran más apoyo popular y alcanzaran el poder. Desde entonces no lo soltaron.

Con Vox en las instituciones, la defensa de los derechos humanos que se le sobreentiende a cualquier democracia está en riesgo. Ya estamos viendo cómo se empieza a imponer el negacionismo de la violencia machista. El último ejemplo de ello lo pudimos ver en el Ayuntamiento de Madrid cuando, encabezados por Javier Ortega Smith, el número dos de Vox, se desmarcaron del minuto de silencio y lucieron una pancarta negacionista. Sin embargo, son hechos lamentables que calan y la muestra la encontramos en el propio alcalde de la capital que, aunque públicamente discutió con el concejal y diputado ultra, afirmó que él no compartía «ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo». Ahí tenemos el control que ya tienen de las instituciones.

Sin embargo, hay otro peligro mayor a Vox para la democracia española y que se está gestando desde dentro, porque sus cómplices ya están establecidos en puestos importantes tanto del poder ejecutivo como del legislativo o el judicial. El control que las élites económicas y financieras tienen del país les ha convertido ya en el primer poder, por encima de la voluntad del pueblo, lo cual es la muestra de que la democracia está en peligro.

El método utilizado es el que indicamos en Diario16: la endogamia entre las instituciones del Estado y los poderes financieros. Uno de los mejores ejemplos de ello lo encontramos en Jaime Pérez Renovales, quien, siendo abogado del Estado, ha estado viajando de los organismos del Estado al Banco Santander y de la entidad cántabra a la administración pública continuamente. Su currículum lo demuestra: Banco Santander, CNMV, director del gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, Banesto, vicesecretario general y del consejo y responsable de la asesoría jurídica de Grupo Santander, subsecretario de la Presidencia del Gobierno y presidente de la comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Ha sido presidente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y consejero, entre otras, de Patrimonio Nacional.

Sin embargo, hay muchos más. En la actualidad tenemos a un presidente de la CNMV que asesoró a grandes bancos y empresas multinacionales desde el despacho de abogados Linklaters. Hemos visto cómo ex gobernadores del Banco de España han pasado a formar parte de los consejos de administración de los principales bancos: Rojo, Caruana, etc. Por no hablar de los políticos protagonistas de las puertas giratorias.

De esta manera es cómo esas grandes empresa y grandes bancos consiguen tener el control absoluto del Estado democrático. La impunidad con que los diferentes gobiernos permiten los abusos de estas élites hacia el pueblo no es más que la consecuencia de ese control. Por tanto, los intereses de este nuevo primer poder se anteponen a los de la ciudadanía del mismo modo que la voluntad de un dictador.

¿Cómo se garantizan esa impunidad? Controlando a la Justicia. El año pasado los españoles fueron testigos de cómo el Tribunal Supremo se corrigió a sí mismo con la sentencia del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Otro ejemplo lo encontramos en el despacho de referencia del Banco Santander, Uría y Menéndez, donde trabajan o han trabajado ex magistrados o ex fiscales tras su salida de la Administración de Justicia, o cómo, el ex juez Gómez Bermúdez, el ponente de la «Doctrina Botín», trabaja en un bufete llevando la defensa de asuntos legales del banco cántabro. Todo ello por no mencionar cómo el juez Andreu, que archivó el caso de los 2.000 millones ocultos en Suiza por la familia Botín, fue designado para instruir el Caso Banco Popular.

Al final, de tanto socavar a la democracia desde dentro, España y su pueblo terminarán a merced de esas élites, mientras que desde los poderes económicos cuentan con todo el aparato del Estado para imponer su voluntad. Por eso son dictaduras privadas.

Sin embargo, no sólo están posicionándose en el ámbito político. El poder económico y financiero también pretende controlar aspectos fundamentales para que la sociedad sea realmente democrática y respete los derechos humanos. El mundo de la cultura también se encuentra en peligro. Vemos cómo artistas de distintos ámbitos, pero sobre todo en la música, las multinacionales —y ya algunas nacionales— impiden que los cantantes o los grupos hagan en sus conciertos discursos o utilicen herramientas de imagen que denuncien las grandes injusticias o la conculcación de los derechos humanos. El elemento dictatorial en este caso es sencillo: si los artistas no se someten a lo indicado por la multinacional, no tienen trabajo.

Tanto el Ministerio de Cultura como las administraciones y organismos públicos de los que depende la protección y la promoción de la cultura tienen la obligación ética y democrática de impedir que se implementen los proyectos que están en marcha y que pretenden que las multinacionales tomen el control de la cultura.

La cultura para quien la trabaja desde la verdad y la coherencia, lo mismo que los medios de comunicación, el cine o el arte.

Ni el pueblo español ni sus representantes políticos pueden permitir que las dictaduras financieras, económicas y empresariales den un golpe de Estado silencioso para implantar un régimen autoritario que sólo pretende someter a la ciudadanía.