Banco Popular: Audiencia Nacional y Anticorrupción investigarán la información privilegiada del Santander

Tal y como publicó Diario16, el juez Calama Teixeira, ha dado un giro a la investigación al enfocar la investigación hacia el papel de Banco Santander. Dentro de esta nueva vía de instrucción abierta, se profundizará aún más en un hecho que en este medio llevamos insistiendo desde hace más de 3 años: la utilización por parte del banco presidido por Ana Patricia Botín de información privilegiada para, por ejemplo, poder hacer el análisis del Proyecto Neptuno, aprobado por el Consejo de Administración dos semanas antes de la resolución.

Anticorrupción indica que, aunque aún no hay evidencias claras de que el Santander utilizara información privilegiada para comprar el Popular por un euro, es necesario investigar si el banco cántabro recibió documentos sobre los que cambiar sus criterios respecto a la sexta entidad española. Este movimiento de la Fiscalía se produce justo después de que Luis de Guindos afirmara que Ana Patricia Botín le había comunicado que el Popular tenía un patrimonio neto negativo de 2.000 millones de euros, algo que, por cierto, contradecía absolutamente las valoraciones realizadas por los peritos del Banco de España. ¿Cómo llegó esa información al Santander?

Aquí es importante que la Fiscalía y la Audiencia Nacional empezaran a investigar sobre el papel que jugó el despacho de cabecera del Santander, el mismo que Emilio Saracho contrató cuando aún no disponía de poderes efectivos para hacerlo.

Hay un hecho preocupante, las relaciones entre el exjuez Baltasar Garzón, un hombre del Santander (Querido Emilio), y Dolores Delgado, la Fiscal General del Estado. Sería muy dañino para el Ministerio Público, que la exministra de Justicia preside hasta ahora con acierto, que Garzón pudiera intentar intervenir o pretender influir en este caso o en el rumbo de las investigaciones.  

Uría y Menéndez no fue un actor secundario, sino que tuvo una importancia fundamental durante toda la operación, casualmente desde que fue contratado por el presidente del Popular. Sería muy importante que el juez, las acusaciones o la Fiscalía reclamaran las comunicaciones entre el despacho y el Santander relacionadas con el Banco Popular.

No hay que olvidar cómo Emilio Saracho afirmó en su declaración ante el juez Calama que la entidad más interesada en hacerse con el Popular fue BBVA y que él estuvo contemplando la posibilidad de dar al banco vasco prioridad en el asunto. Sin embargo, según documentos a los que ha tenido acceso Diario16 y que fueron presentados ante la Audiencia Nacional, al BBVA no se le pusieron más que dificultades, incluso cuando pidió más tiempo para poder analizar mejor los datos de la data room:

No hay más que recordar cómo, en las comunicaciones enviadas por el asesor externo del FROB se indicaba claramente que una de las condiciones era sólo aplicable al Banco Santander, lo que convirtió la subasta en un proceso que, desde luego, no era competitivo. Hay que tener en cuenta que el propio BBVA solicitó más tiempo para poder analizar los datos del Popular y, sin embargo, no se le concedió para ejecutar la operación de venta por un euro fuera del plazo estipulado, lo que, en consecuencia, convierte en nula toda la operación.

Por otro lado, se acrecienta la sospecha de que el canalizador de la información entre Popular y Santander presuntamente fue Uría y Menéndez, el bufete que, según Carlos Balado, exdirector general de Comunicación del Popular, controlaba todas las comunicaciones que se realizaban en la entidad. Por ejemplo, en un hecho que fue señalado por los peritos del Banco de España como clave para la depauperización de la situación de liquidez, el hecho relevante de la reexpresión de las cuentas, Balado afirmó lo siguiente en sede judicial: «Desde su llegada, lo que me dijo es, que yo tendría, cualquier asunto o papel o demás que pudiera salir al exterior, eso tenía que pasar por el despacho de Uría».

Además, la comunicación del hecho relevante había sido cuidadosamente elegido para que, si no tenía un efecto muy negativo en el valor de la acción, hubiese otro acontecimiento que rematara el golpe que se le dio ese día al Popular: «Tuvimos ahí un problema, yo diría, de índole corporativa, también bastante grave, porque en el momento de hacer público el hecho relevante, que como decía dejaba muchas dudas sobre los datos y el impacto de esos datos en el banco, ese día sobre la una de la tarde, el periódico Expansión publica, que el CEO abandona la entidad, yo llamo al CEO, le pregunto si es verdad lo que publica el periódico Expansión, el me pregunta, que como se han enterado ellos y yo le repregunto, si él lo ha hablado con alguien o lo ha puesto en conocimiento de alguien, y él me dice, que la única persona con la que él había hablado de esa información, era con el Presidente», afirmó Carlos Balado en su declaración judicial, algo que coincide con lo declarado por Pedro Larena en la Audiencia Nacional.

Los abogados de Uría y Menéndez, según el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán, fueron quienes redactaron la carta en la que se comunicaba la inviabilidad del banco. ¿Quién coordinaba y dirigía la estrategia del Popular desde el mes de febrero? ¿Uría y el Santander o Saracho?

Por otro lado, hay que recordar cómo el propio Saracho reconoció haberse reunido con el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, unos días antes de la resolución para pedirle que hiciera una mejora de la oferta. Este reconocimiento de Saracho contradice a lo que dijo Luis de Guindos sobre las palabras de Ana Patricia Botín. ¿A qué estaba jugando el Santander? A intentar obtener el Popular gratis, como había conseguido desde su fusión con Central Hispano, todas sus grandes operaciones de expansión en España.