Anda el Gobierno alegrándose del desbloqueo del Tribunal Constitucional y de que se haya consolidado una mayoría progresista de 7 a 4 para los próximos años. Ahora bien, ¿tiene Pedro Sánchez motivos para congratularse de la designación de los magistrados César Tolosa y la jubilada María Luisa Segoviano (el primero conservador y la segunda supuestamente progresista)? Teniendo en cuenta que el Partido Popular está de acuerdo con la designación de los dos nuevos magistrados del Alto Tribunal, la cosa es como para sospechar. Estamos hablando del partido que durante años ha bloqueado la renovación del CGPJ y que la semana pasada tomó parte en el complot de las derechas políticas, judiciales y mediáticas para frenar una votación en el Congreso de los Diputados mediante la presentación de medidas cautelarísimas en un órgano como el Constitucional que tenía controlado de antemano mediante sus jueces afines. Algo así no había ocurrido nunca en democracia.
Ahora tenemos que tragar con que los nombramientos de Tolosa y Segoviano decantan una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Habrá que verlo cuando llegue la hora de que se resuelvan los recursos del PP y Vox contra leyes tan importantes como la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley Trans, la ley del Solo sí es sí y la ley de educación, entre otras. Ese será el momento de constatar empíricamente si existe una mayoría progresista o todo sigue como está, o sea atado y bien atado. Pero de momento Pedro Sánchez presume de que el Gobierno ha logrado una gran victoria al decantar la balanza hacia magistrados con la vitola de independientes y que, en principio, no pertenecerían a la caverna ultra judicial. Si bien es cierto que Segoviano viene del mundo feminista y que fue la primera presidenta de una Sala del Tribunal Supremo, el hecho de que políticos de la derecha que han practicado el filibusterismo, cuando no el lawfare judicial, vean con buenos ojos su nombramiento es como para estar preocupados, incluso como para echarse a temblar. Segoviano es un miembro independiente, de eso no cabe duda, lo cual no quiere decir que siempre vaya a estar de acuerdo con las leyes que le lleguen de la izquierda. Unas veces las avalará y otras las impugnará en la casación. Y esa es la gran victoria que ha cosechado el PP esta mañana. En realidad, lo que queda, la única interpretación sensata que cabe hacer tras esta cruenta batalla por el control del Tribunal Constitucional, es que el bipartidismo ha vuelto a ganar, arrinconando a los partidos emergentes que, como Unidas Podemos, pretendían colocar a un magistrado en sintonía con el pensamiento de la izquierda real.
El candidato de los progresistas queda fuera
El gran derrotado en toda esta historia es, sin duda, José Manuel Bandrés, el magistrado del Tribunal Supremo que el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial apuntaba como su candidato ideal para el TC. Bandrés era el hombre a quien el PP no quería ver ni en pintura (por descontado tampoco Vox), y el personaje que ha sido vilmente laminado en este enésimo enjuague o componenda bipartidista entre PP y PSOE. El juez Bandrés defendió la inmersión lingüística en Cataluña cuando en la década de los 80 pasó por la Audiencia Territorial de Barcelona y propuso en 2001 la “descentralización” del órgano de gobierno de los jueces. Este jueves acaparó titulares después de que los vocales progresistas del CGPJ le propusieran como su candidato (en realidad el candidato sanchista y del Gobierno) para ocupar uno de los dos asientos que el Consejo debe designar para el Tribunal Constitucional, informa el Huffington Post.
Bandrés fue examinado por los vocales del CGPJ once años después de que él mismo se presentara –avalado por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia– a las elecciones para ocupar una silla en el órgano de gobierno de los jueces. En aquella ocasión, el magistrado –que aún ejercía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– propuso que el Consejo General del Poder Judicial debía “promover la descentralización del gobierno de la Justicia”, dando a los presidentes de los Tribunales Superiores y a las Salas de Gobierno “competencias ejecutivas, y de coordinación y de concertación de las políticas requeridas para prestar eficazmente el servicio público constitucional de la Administración de Justicia”.
Para Bandrés, el CGPJ tenía que ayudar a “democratizar” la Justicia en el sentido de que los ciudadanos sintieran la acción protectora y “pacificadora” de los jueces al resolver conflictos. Con su candidatura, el magistrado aspiraba a impulsar lo que llamaba la “comunitarización” de la Justicia, para que el Derecho fuese próximo a la vida cotidiana de los ciudadanos y se percibiese a la Administración judicial como “próxima, cálida, amable y transparente”.
Años después, hizo pública una propuesta sobre el CGPJ ante la crisis –a su juicio– de gobernanza y confianza en la Justicia. Según recoge la página web de Jueces para la Democracia, promovió una reforma constitucional con “remedios” como reducir el Consejo a 12 vocales, separar su presidencia de la del Tribunal Supremo, integrarlo “quizá” con el Consejo Fiscal o prohibir la cercanía a la política. Es decir, estamos ante un hombre de abierto y real talante progresista, con ideas renovadoras no solo sobre el modelo judicial español caduco y trasnochado, sino sobre la crisis de las instituciones democráticas necesitadas de reformas profundas. No nos extraña nada que los Feijóo, Gamarra y González Pons estén brindando con champán a esta hora, ya que han logrado frenar a un hombre peligroso para ellos y quién sabe si también una revolución interna en la Justicia que podría haber ayudado a avanzar en la urgente segunda transición que necesita el país.
