La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la reclamación de ampliar las acciones del Caso Popular hasta el año 2008 porque las diferentes causas que se están instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 ya tiene una delimitación temporal muy clara de dónde se encuentran las verdaderas responsabilidades de la resolución y de la ruina de más de 1,2 millones de personas.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Algebris pretendieron extender la investigación del Caso Popular hasta el año 2008 porque, según los querellantes, la situación de los estados financieros era una consecuencia de lo sucedido en años anteriores.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido archivarlo porque el Tribunal ya se ha pronunciando en tres ocasiones se intentó dicha ampliación de las actuaciones y en tres ocasiones se ha denegado. «De las diligencias realizadas no se infiere la necesidad de modificación del asentado criterio delimitador del objeto del procedimiento de comprobación delictiva, ni desde la perspectiva temporal ni desde el punto de vista subjetivo. Así se deduce de la lectura de los resultados alcanzados por los peritos del Banco de España en el informe que se les encomendó», se afirma en el documento de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Diario16. Esta razón dada por la Sala de lo Penal muestra la razón por la que en determinadas reuniones y convocatorias con afectados por parte de quienes siguen defendiendo la línea del estado de las cuentas se incide en que no hay que hacer caso al informe de los peritos del Banco de España.
Por tanto, la Audiencia Nacional ratifica lo que ya se ha indicado en otros órganos judiciales que certifican que la verdadera causa de la resolución no fue otra que la indicada por los peritos del Banco de España: la crisis de liquidez que se generó en el segundo trimestre de 2017 y que terminó con la resolución y la venta por un euro al Santander.
El Caso Popular no es Bankia. Eso está reflejado en el informe de los peritos del Banco de España que cita el documento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al afirmar que en el año 2016 el Popular era solvente, a pesar de que se pretenda dar información contradictoria desde foros cercanos a Emilio Saracho que confunde a los afectados. La realidad es que los peritos son claros cuando afirman en las conclusiones del informe que «a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros».
Otro punto clave del informe de los peritos que desmonta toda la estrategia de quienes pretendían llevar a los afectados a reclamar la ampliación de capital y el estado de las cuentas es la capacidad que tenía el Popular para «materializar plusvalías por ventas de negocios», tal y como llevamos afirmando en Diario16 en referencia a las ofertas de activos no estratégicos recibidas del BCI chileno para TotalBank y de Värde para WiZink.
