Caso Popular: las pruebas demuestran la “presunta” connivencia de los organismos públicos

Los últimos datos llegados a la redacción de Diario16 respecto a los movimientos que se produjeron en bolsa en el segundo trimestre y, sobre todo, en la semana previa a la resolución del Banco Popular, suponen la confirmación de que la operación que terminó con la venta de la sexta entidad financiera por un euro al Santander no pudo ser posible sin la presunta connivencia o complicidad de los organismos públicos, tanto españoles como europeos.

Veamos la correlación temporal de los hechos, partiendo de la base de los buenos datos presentados por el banco en el primer trimestre de 2017. Tal y como publicamos en Diario16, el Banco Popular dio beneficios netos en su negocio principal, beneficios que se vieron resentidos por las provisiones derivadas del negocio inmobiliario. Este hecho estaba previsto en el Plan de Negocio de 2016 y, para evitar que esos activos no productivos siguieran lastrando los resultados del banco, se creó el Plan Sunrise que fue paralizado de manera incomprensible por Emilio Saracho, tal y como indicaron los peritos del Banco de España en su informe.

El día 2 de mayo se produjo una reunión en el Banco Central Europeo (BCE) en la que se indicó claramente que se ponía bajo vigilancia al Popular en vista a una posible resolución. Tres días después, el banco hizo públicos los resultados del primer trimestre que, como es de suponer, no justificaban que se iniciara el proceso de resolución. Había que dar un golpe que continuara con la devaluación de la liquidez y del valor en bolsa de las acciones. Este hecho vino el día 11 de mayo con la publicación en El Confidencial de la noticia en la que se “sugería” la quiebra del Popular. Evidentemente, se produjo una repercusión tan importante en los depósitos y en el mercado que llevó a la propia CNMV a iniciar una investigación al medio de comunicación por presunta manipulación del mercado, sobre todo porque el Popular desmintió la noticia y se querelló con la empresa editora.

Sin embargo, el banco tenía músculo para recuperarse, tal y como indicaron los peritos del Banco de España en su informe. Por eso era necesario dar otro golpe que llegó el día 26 de mayo y, como no tuvo las consecuencias buscadas ni en la liquidez ni en el precio de las acciones, fue necesario insistir en los mismos términos a través de una filtración desde la propia JUR a Reuters. Esto se produjo el día 31 de mayo y sí que tuvo consecuencias muy graves, puesto que la noticia generó pánico tanto en los clientes como en los accionistas.

Entre el día 2 y el 31 de mayo, la Junta Única de Resolución y las instituciones europeas generaron un borrador de Reglamento para dar una base legal a lo que iban a perpetrar y utilizaron a la Autoridad Bancaria Europea. Esa reglamentación no entró en vigor hasta el mes de marzo de 2019. El mismo día en que se aprobaron los borradores, la JUR contrató a Deloitte para realizar la valoración provisional que sirvió para resolver a la sexta entidad financiera de España.

Mientras en Europa se implementaban esas medidas preparatorias de la resolución del Banco Popular, en un momento en que aún no se habían producido las importantes salidas de depósitos que provocaron la crisis de liquidez que fue la única y definitiva causa por el que las autoridades europeas intervinieron al Popular, el FROB ya estaba preparando la resolución, dado que el día 30 de mayo contrató a dos asesores externos, Jefferies y Baker, para asesorar en el proceso de intervención del Popular.

Ya vimos cómo el volumen de negociación se disparó el día 31 de mayo, lo mismo que la salida de depósitos. Dos días después, Uría y Menéndez remitió sus instrucciones a Saracho y el sábado 3 de junio se inició el procedimiento de resolución de un banco que no había declarado el estado FOLTF. El primer día laborable, “casualmente”, iniciaron la retirada masiva de depósitos las instituciones públicas, mientras que, en paralelo, la negociación en bolsa de los títulos del Popular seguía disparada. Ese día 5 de junio fue cuando a Saracho se le ocurrió pedir la línea de liquidez de emergencia cuando ya tenía en su poder un contrato firmado el día 1 de junio.

El 6 de junio el ataque a la liquidez continuó, esta vez a través de empresas privadas. Ese día, además, el Banco de España registró el documento en el que aprobaba la operación de venta por un euro al Santander que no se produciría hasta la madrugada del 7 de junio. Además, mientras Saracho entregaba menos colaterales de los que disponía el Popular, tal y como reconoció el supervisor español en un informe posterior, el Banco Central Europeo cambió los criterios para la concesión de una ELA de 9.500 millones. De este modo, entre las garantías insuficientes y los criterios cambiados en horas, la sexta entidad fue resuelta por la grave crisis de liquidez generada en el segundo trimestre.

Mientras tanto, el Banco Santander asistía expectante al momento en que se sacaran un euro del bolsillo para depositarlo ante notario y hacerse con el Popular, un banco que en el primer trimestre había dado beneficios en su negocio principal y con solvencia reconocida por el propio Banco de España.

Como decíamos al principio, las piezas van encajando en el puzzle y se va desentrañando poco a poco que fue una operación bien diseñada. Si no lo fuera, ¿cómo es posible tanta coordinación en tan poco tiempo?