Caso Popular: los afectados reclaman que Saracho sea juzgado por administración desleal

Tal y como hemos publicado en Diario16, el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez José Luis Calama Teixeira dejó absolutamente de lado la etapa de la Presidencia de Emilio Saracho. Es más, resultó cuanto menos sorprendente que el presidente que llevó a la entidad a la resolución sólo sea mencionado en 21 ocasiones en un documento que tiene 178 páginas. Además, es significativo que no se haya investigado absolutamente nada de las causas de la resolución. Todo ello a pesar de la existencia de informes oficiales y documentación que demostró que la resolución de Banco Popular fue provocada única y exclusivamente por la crisis de liquidez originada en el segundo trimestre de 2017.

Por otro lado, también es sorprendente que en un auto de 178 páginas, sólo se dediquen cuatro folios a las conclusiones de la etapa de Emilio Saracho. Principalmente porque existen razones suficientes para relacionar la actividad del último presidente de Banco Popular con la fuga de liquidez. En el sumario de la causa está presente documentación que así lo revela. Al parecer, al juez Calama, desde octubre de 2021, eso no le pareció relevante.

Frente a esta situación, que desde un punto de vista jurídico es absolutamente ridícula, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), que representa a más de 7.000 afectados, ha presentado su recurso de reforma en el que reclama que Emilio Saracho sea juzgado por, entre otras cosas, administración desleal. A todos los afectados hay que recordarles que, según está redactado el auto y los hechos por los que se propone el procesamiento de Ángel Ron y otros directivos, sólo beneficia a aquellos que adquirieran acciones en la ampliación de capital de 2016. Sólo si Saracho fuera juzgado y condenado, el cobro de indemnizaciones se extendería a todos los afectados.

El recurso de AEMEC, al que Diario16 ha tenido acceso, señala que el auto de Calama demuestra que no se tomó en consideración la línea de investigación sobre la etapa de Emilio Saracho «a pesar de las evidencias delictivas reseñadas en el escrito de querella y consolidadas en las diferentes diligencias de prueba practicadas desde que se diera inicio a la investigación, allá por el mes de octubre del año 2017».

Según indica el documento, el auto de Calama no valora en ningún momento el hecho de que sólo la declaración de Saracho en la Audiencia Nacional ya mostró la precipitación e irregularidad en su nombramiento, las incomprensibles actuaciones que realizó u omitió desde su llegada, la orientación de Saracho a la venta del Popular o ampliación de capital como única solución, la desastrosa gestión de la liquidez, ausencia de preparación de coberturas para solicitar liquidez, inaplicación de las medidas del Recovery Plan, exagerada filtración de noticias que salieron del consejo que presidía. El auto de Calama no repara en nada de ello.  

«Especial importancia debe conferirse también al abandono por el Sr. Saracho del Plan de Negocio existente y aprobado por el Consejo de administración anterior, y la ausencia de otro Plan de Negocio atribuible al mismo Sr. Saracho durante su mandato al frente de la gestión del patrimonio de los accionistas. Este hecho no es baladí, por varias consideraciones que debemos hacer en vista del contenido del Auto recurrido. En efecto, una parte sustancial del Plan de Negocio abandonado por el Sr. Saracho, son los NPAs y su gestión a través del Plan Sunrise. Sobre este plan y ante la ausencia de otra alternativa puesta en marcha por el presidente se que el Plan Sunrise, a falta de otro mejor, era el único que permitía gestionar los activos improductivos que existían en Balance, -algo parecido a lo que hizo el Banco Santander nada más tomar posesión del Banco, y que tan buenos resultados le ha cosechado-, lo que vendría a contrarrestar lo afirmado por el Auto cuando indica que el Sr. Saracho propuso alternativas de gestión, si bien tampoco define cuales», señala el recurso de AEMEC.

Según indicó Saracho en documentos internos publicados por Diario16 y que fueron presentados en la Audiencia Nacional por este medio, el Plan Sunrise quedaba aparcado de manera temporal. Sin embargo, los hechos demostraron que «fue deliberadamente postergada su ejecución, cuando –a falta de otro plan era la única forma de gestionar adecuadamente el patrimonio inmobiliario improductivo existente en Balance, y eso era contrario a su voluntad, de transmitir el Banco a corto plazo a un tercero a bajo precio, aun a costa del valor de los accionistas».

Sorprende mucho que Saracho defendiera la existencia de «un banco malo europeo», un proyecto del que nadie sabe de su existencia, ni siquiera la propia Elke König.

«Solo basta recordar nuevamente, la visita del Sr. Saracho al BCE en marzo de 2017, y el contenido de la pág. 268 del citado informe elaborado por dos inspectores del BdE y ratificado ante el Magistrado Instructor, que no volvemos a citar por razones de economía procesal, para concluir claramente que el Sr. Saracho no tenía intención alguna ni de ejecutar un Plan de Negocio ni de elaborar ninguno; su idea claramente, como resulta de esa reunión en el BCE, era “ pasar” el Banco a un tercero al menor precio posible (toda vez, que ante las noticias que ponían en duda la solvencia del banco, y la ausencia de gestión de los NPAs, es notorio que el valor de las acciones se desplomaría en los mercados, como así sucedió). Nuevo ejemplo de administración censurable sobre la que el Auto no hace hincapié», afirma el recurso.

El documento recuerda que el Popular tenía palancas de capital más que suficientes para generar enormes beneficios extraordinarios sin recurrir a los accionistas. «Únicamente con la venta de Wizink, operación aprobada por el Consejo, y no materializada por el Sr. Saracho, pese a haber recibido una oferta, y la de Totalbank, hubiesen evitado cualquier ampliación y desde luego, la resolución del Banco».

Totalbank fue vendido meses después por el Banco Santander por 528 millones de dólares, ligeramente por encima de lo previsto en el Plan de Capital de abril de 2017. Saracho decidió no vender Totalbank por dos motivos absurdos: por una diferencia de 5 millones de dólares planteada aparentemente por los compradores a última hora, lo que llevó a perder una plusvalía de 238 millones. Según Saracho, la autorización de la operación podría haberse demorado un año, no produciendo los efectos previstos hasta ese momento. El argumento cae por su propio peso, dado que el mero anuncio ya habría producido efectos beneficiosos para la cotización del valor y finalmente en el capital.

Por otro lado, el recurso incide en el hecho de que «Saracho nunca comentó con sus consejeros que en su viaje al BCE en marzo había planteado la resolución como una posibilidad viable. Y a mediados de mayo de 2017, en mitad de la salida de depósitos, comunicó a su Consejo que no había problema con la liquidez y que seguramente no se solicitaría el ELA al Banco de España, resultando que en menos de un mes el Banco carecía de la liquidez precisa para abrir sus oficinas […] El querellado traicionó el principio de confianza legítima en los actos del máximo representante legal de una entidad financiera sistémica y genera el pánico de forma presuntamente deliberado, ocasionando la salida de depósitos».