CGPJ: no hay que mezclar churras con merinas

En la reunión de este miércoles con Didier Reynders para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial hay un temor por parte de los socialistas: que el PP vuelva a “mezclar churras con merinas” como hizo en el pasado cuando se negó a firmar un acuerdo alcanzado sobre este mismo tema en protesta por la reforma del Código Penal en materia de sedición y malversación de caudales.

Este mismo día, el pleno del Congreso va a aprobar la proposición de ley de amnistía. Y no vaya a ser que a los populares les dé por aplicarse el mismo cuento del pasado. Se espera que la presencia del comisario europeo de Justicia sea determinante para que no se busquen excusas. Hay que desbloquear, como sea, la renovación de un órgano de gobierno de los jueces que lleva cinco años caducado y que se ha convertido en la vergüenza del estado de derecho en este país.

Reynders ha mantenido contactos con el ministro, Félix Bolaños, y el dirigente del PP, Esteban González Pons. A ambos les ha leído la cartilla. Sólo habrá dos meses para llegar a un acuerdo. El mismo debe basarse en las recomendaciones formuladas en sus informes sobre el estado de derecho de 2022 y 2023, y los límites son la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la designación de los vocales “en línea con los estándares europeos” aunque para ello haya que proceder a una reforma constitucional. Nada de hablar de otras modificaciones legislativas como la que pretende, ahora, el PP en torno al Tribunal Constitucional.

Porque esa es la nueva condición impuesta por Alberto Núñez Feijóo. Que también se hable de un cambio en la ley orgánica que regula la Corte de Garantías, algo por lo que el gobierno no está dispuesto a transigir. Si esta nueva idea se condiciona al resto de la negociación, la única reunión que va a haber será la de este miércoles y, tal y como señalan fuentes de La Moncloa, el gobierno quedará con las manos libres para reformar la ley del poder judicial como pacte con sus socios. Porque una cosa está clara. No va a haber más dilaciones. El órgano de gobierno de los jueces requiere una renovación urgentísima. Y el Partido Popular, como siempre, quiere administrar los tiempos.

Didier Reynders tiene una papeleta muy difícil porque, en esta mediación en cuya participación se lo pensó hasta el último momento, se juega gran parte de su prestigio como político, sobre todo porque cuando concluyan febrero y marzo, dejará la Comisión Europea y empezará su campaña para ser designado secretario general del Consejo Europeo.

Sin embargo, hay más. El colegio de comisarios también ha reflexionado sobre si era conveniente esta mediación en un momento de fuerte polarización en la política española, con un PP y un PSOE distanciados hasta situarse en las antípodas uno del otro, y, encima con un gobierno de la UE que entrará en funciones en junio una vez se hayan celebrado las elecciones al parlamento europeo. La presidenta, Úrsula von der Leyen que, recordemos, pertenece al Partido Popular Europeo, no es del agrado de Alberto Núñez Feijóo quien ha llegado a mostrar su reticencia hacia la máxima mandataria de Bruselas. Así pues, el coste político de esta operación de mediación puede ser demasiado elevado.

Y el contenido en sí es complicado de acordar. Casi con toda seguridad se producirá el acuerdo para la renovación inmediata con la actual normativa. La lista de candidatos está hecha. Si acaso falta dar algunos retoques para satisfacer las demandas de los nacionalistas y Sumar, pero la síntesis podría estar en lo que se acordó en octubre de 2022. Diez vocales progresistas y 10 conservadores. Sólo falta por pactar el nombre del presidente. La candidatura se presenta al Congreso y se acaba, de una vez por todas, con la provisionalidad del Consejo, que volvería a recuperar sus competencias. Hasta ahí no va a haber problema alguno.

Las diferencias surgen en el segundo punto del acuerdo, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para dotar de mayor participación a la carrera judicial para elegir a sus vocales en el CGPJ. Y aquí cabe recordar que Núñez Feijóo, en la campaña electoral del verano pasado, se comprometió con las asociaciones judiciales conservadoras, la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, AJFV, a que fuesen los jueces los electores directos de esos vocales en línea con el sistema que se utiliza en el Consejo Fiscal.

Por el contrario, los socialistas consideran que el modelo actual ya permite a la carrera judicial hacer una preselección que, posteriormente, ratifican las Cortes, donde reside la soberanía popular. Ahí Reynders tendrá que arbitrar un modelo intermedio que satisfaga a unos y a otros. El comisario señala que ya utilizó un criterio de este tipo con Luxemburgo donde hubo que cambiar su Constitución para establecer un sistema de elección directo “de jueces y fiscales”. Y eso es lo que no gusta en el PSOE. Que no se mezclen asuntos, algo que es lo que busca el Partido Popular. Bolaños, en privado, lo deja bien claro. El límite de la negociación es el poder judicial. Las otras instituciones, Consejo de Estado, Fiscalía General del Estado y Tribunal Constitucional están bien como están, son innegociables.

Vamos a ver hasta dónde llegan unos y otros. Y, sobre todo lo más importante. Que la aprobación de la ley de la amnistía por el Congreso no suponga un obstáculo para llegar a un acuerdo tal y como sucedió en 2022. Porque si eso ocurre, el fracaso político de Reynders y Von der Leyen está asegurado a punto de tener que renovar el colegio de comisarios. Y los socialistas tendrán las manos libres para presentar, de acuerdo con sus socios, un modelo que será radicalmente diferente al que quiere la derecha judicial por lo que el conflicto institucional estará, otra vez, servido.