El juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido archivar la causa contra varias entidades bancarias por un delito de blanqueo de capitales. La banca se vuelve a librar de rendir cuentas ante la justicia, esta vez en un feo asunto cuyo principal protagonista es Bandenia un chiringuito financiero cuyos gestores se encuentran procesados por imputárseles delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad documental, estafa continuada, insolvencia punible y fraude fiscal.
Pedraz argumenta que “no está justificada la perpetración de ningún delito” y que “no se deriva la existencia de indicios de la participación de las entidades en los hechos denunciados”. El dinero que Bandenia desviaba a paraísos fiscales y cuyos beneficiarios y fines se desconocen se depositaba en cuentas de sucursales de esas tres entidades. Por eso, José de la Mata, el juez que inicialmente investigó al banco privado, decidió dividir en dos las piezas sumariales. En una de ellas, para esclarecer sus posibles responsabilidades. Una vez se hizo cargo de la pieza separada, Santiago Pedraz la archivó. El fiscal recurrió y la sala de Lo Penal ordenó al instructor su reapertura. Pero Pedraz insiste: no hay indicios de que estos bancos hayan cometido delito alguno en este asunto.
Todo empezó cuando José de la Mata decidió convertir la pieza principal en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. En sus conclusiones, el juez señala que Bandenia banca privada, actuaba como “banco pantalla para simular la prestación de un amplio espectro de servicios financieros, entre ellos realizar movimientos internacionales de divisas ocultando a los organismos fiscalizadores españoles y de otras jurisdicciones a los verdaderos titulares de los capitales desplazados”.
Bandenia es un ejemplo de manual de chiringuito financiero. Solo tiene licencia para operar en isla de Mohelí en el archipiélago de las Comoras, en la costa oriental de África. Sin autorización alguna en el resto del mundo, lo que hacia era captar clientes que, presuntamente, necesitaban ocultar dinero. Se les abría cuentas ómnibus con elevadas cantidades que eran depositadas en distintas entidades bancarias españolas. Posteriormente esos fondos se transferían electrónicamente a sociedades offshore que operan en paraísos fiscales. Ahí se pierde la pista del dinero.
Este tipo de operaciones se hacían utilizando artificios como la emisión de garantías bancarias, préstamos entre filiales del grupo, y fiducias a través de sociedades pantalla. Operaciones de manual de la ocultación de capitales. Por eso sorprende que los bancos donde estaban abiertas las cuentas no avisasen de lo que estaba sucediendo. De ahí que el juez de la Mata decidiese la apertura de una pieza separada que ahora su sucesor en el juzgado, Santiago Pedraz, ha decidido archivar.
Hay diez procesados. El principal de ellos es José Miguel Artiles. Un personaje con cuentas pendientes con la justicia tales como la condena de 4 años de cárcel por la quiebra fraudulenta de Construcciones Flores. De él se dice que tiene vínculos con el narcotráfico colombiano. De momento lo único que se ha podido comprobar es que es el titular del chiringuito donde se han movido capitales tras los que la UDEF, que se encarga de la operación Evasión, intenta seguir la pista con resultados infructuosos hasta el momento. “Bandenia es titular de unos saldos en entidades financieras que ordena transferencias de divisas a bancos generalmente localizados en paraísos fiscales sin saber a qué obedecen cada uno de los abonos y cargos producidos”, según las conclusiones de la unidad policial entregadas al juez.
Tampoco las entidades financieras titulares de las cuentas desde donde se hacían las transferencias electrónicas han colaborado mucho. Todo lo contrario. Se limitan a manifestar su inocencia argumentando, entre otras causas, el secreto bancario, o la imposibilidad de identificar las sociedades offshore utilizadas como destino final de dichas transferencias. Santiago Pedraz dice que no ha encontrado en la documentación aportada ni en los testimonios deducidos, indicio alguno de complicidad por parte de los bancos. La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio seis meses de plazo para investigar. Seis meses que ya han transcurrido. Habrá que ver si la fiscalía presenta un nuevo recurso contra el archivo de la causa. Todo parece indicar que no va a ser así y los bancos españoles quedarán libres de toda responsabilidad por este asunto.
Todo ello sin tener en cuenta por parte del juez, que las entidades financieras podrían haber incumplido la normativa en materia de blanqueo de capitales. Los artículos 9 y 10 de la ley 10/2010 obliga a la banca a “comprobar la identidad real del cliente o titular real” y a “recabar información sobre la actividad profesional del cliente, y tipo de operación o negocio establecido”. En el caso de Bandenia parece que no fue así. O, al menos, el juez no ha querido tener en cuenta todo lo que se dice en el sumario principal sobre sus actividades. Existe una lógica aplastante. Los bancos tenían que saber, o por lo menos intuir, que algo irregular había en las operaciones llevadas a cabo por la gente de Artiles.
Pero no lo hizo. El juez tendría que haber evaluado la existencia de una colaboración necesaria para la comisión de un delito que está castigado por el Código Penal (artículo 28). Parece ser que Santiago Pedraz no ha encontrado indicio alguno y los bancos, una vez más, se van de rositas. Parece que ellos están por encima de la justicia.
