En México, la búsqueda de personas desaparecidas es una labor desgarradora y peligrosa que enfrenta diariamente un valiente grupo de funcionarios. Estos dedicados servidores públicos, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado y la policía municipal, se enfrentan a riesgos extremos mientras intentan esclarecer el destino de más de 110,000 personas que han desaparecido en el país. Su trabajo incansable y compromiso con la justicia merecen ser destacados y protegidos.
Recientemente, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada condenó enérgicamente el violento ataque que sufrieron estos funcionarios en el estado de Jalisco. Seis personas perdieron la vida, y otras doce resultaron heridas durante la emboscada perpetrada por agresores desconocidos. Este acto atroz resalta aún más la necesidad urgente de brindar la máxima protección a quienes se dedican a buscar a los desaparecidos.
Es crucial entender que los funcionarios que se entregan a esta labor enfrentan una serie de desafíos considerables. En muchos casos, su seguridad está en riesgo, ya que los perpetradores de estos delitos no dudan en recurrir a la violencia para silenciar cualquier intento de esclarecimiento. Los funcionarios enfrentan amenazas, intimidación y peligros constantes mientras se adentran en territorios peligrosos en busca de respuestas y justicia.
La magnitud de la desaparición forzada en México no puede pasarse por alto. Cientos de miles de familias viven con el dolor y la incertidumbre de no saber qué les sucedió a sus seres queridos. En este contexto, los funcionarios que se dedican a esta misión desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad. Son ellos quienes representan la esperanza de encontrar la verdad y obtener justicia para las víctimas y sus familias.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha pedido a México que adopte e implemente con urgencia una Política Nacional para la Prevención y Erradicación de las Desapariciones. Esta petición no solo busca fortalecer los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos, sino también para garantizar la seguridad y protección de quienes se dedican a esta importante labor.
La labor de los funcionarios que buscan desaparecidos debe ser apreciada y protegida por toda la sociedad. Su trabajo va más allá de la búsqueda de cuerpos; están luchando por la justicia, la verdad y la dignidad humana.
