El problema de la despoblación en España ya se ha convertido en una cuestión de Estado. Casualmente, se trata de un hecho que casi no afecta a las regiones más ricas —Madrid, Cataluña o Euskadi— pero que está teniendo una incidencia muy grave en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Galicia, Extremadura, La Rioja, Andalucía, el sur de Navarra y el norte de Valencia.
Las causas de este fenómeno que está vaciando de población a un 60% del territorio español son culturales y de desarrollo económico que, desde un punto de vista demográfico, se centran en la baja natalidad y el envejecimiento. A esto se une la necesidad de vivir en las ciudades que disponen de los servicios básicos de los que carece la España vaciada.
Por más que haya agoreros que afirman que lo mejor es dejar que el fenómeno de la despoblación siga porque es irreversible, aún se está a tiempo de frenarlo y aprovechar las oportunidades de las que dispone el mundo rural. Por eso el Gobierno de coalición progresista ha dado un paso adelante y ha pasado definitivamente de las palabras a los hechos, que es algo que caracteriza a cualquier Ejecutivo que orienta sus acciones hacia las necesidades reales de la ciudadanía.
El Gobierno presentó el pasado viernes nueve medidas para frenar la despoblación. En primer lugar, el Ejecutivo de coalición ha decidido descentralizar una serie de centros de referencia para acercar la Administración a esas zonas que se están despoblando. Esta medida, además, va acompañada de una simplificación de los trámites administrativos para facilitar el emprendimiento y, por ende, la mejora de la actividad económica.
Uno de los puntos más importantes aprobados por el Gobierno es el blindaje de ciertos servicios básicos, como educación y sanidad, que en muchas de estas zonas es deficitaria, obligando, por ejemplo, a los niños a viajar muchos kilómetros para poder acudir al colegio o a las personas mayores a desplazarse para poder ir al médico. En este punto, además, el gobierno tiene un plan para actualizar la escuela rural y que la Universidad a Distancia cree centros en las zonas más despobladas.
Respecto a la actividad económica, el Ejecutivo de coalición progresista ha decidido flexibilizar algunas prohibiciones para la contratación de un mismo proveedor por parte de los municipios. Esta prohibición dificulta a algunos ayuntamientos la licitación de servicios porque los proveedores locales son muy pocos.
Uno de los aspectos más demandados por los municipios es una mejor conexión a internet. Aunque pueda parecer un asunto trivial o secundario, la realidad es que, en medio de la revolución tecnológica actual, se trata de un tema prioritario puesto que una buena conexión a internet es la clave para poder emprender proyectos empresariales en la red que supondrían la generación de un número importante de puestos de trabajo y de la reactivación económica de estas zonas.
En consecuencia, las buenas intenciones con una cuestión de Estado no valen para nada, sólo sirven los hechos y lo aprobado por el Gobierno el pasado viernes es el primer paso.
