Los Juzgados y Tribunales dictaron 30 sentencias en procedimientos por corrupción, entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, de las que 25 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 83 por ciento del total.
La corrupción afecta a funcionarios públicos y políticos en el ejercicio de sus cargos, y por dinero público
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de este año un total de 15 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 92 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año, que también incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo, que fueron quince.
El repositorio, fue presentado el pasado 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.
Los datos corresponden a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. Los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y sobre el dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Delitos
El delito de corrupción no existe como tal en el Código Penal español, sino que está recogido en los siguientes 10 delitos:
Prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (artículos 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (artículos 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (artículos 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias(artículos 428, 429 y 430), malversación (artículos 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (artículos 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (artículos 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
