Las Naciones Unidas han entregado más de 2.900 millones de dólares en efectivo a Afganistán desde que los talibanes tomaron el control en agosto de 2021. Esto dio lugar a un flujo de fondos estadounidenses hacia el grupo extremista, según se indica en un informe reciente del propio gobierno de los Estados Unidos al que Diario16 ha tenido acceso.
El proceso es sencillo, a priori. La ONU deposita el efectivo en un banco privado afgano y desembolsa fondos a las organizaciones de ayuda de la agencia y a grupos humanitarios sin ánimo de lucro. En cambio, el dinero no termina ahí, según el informe. Millones de dólares terminan en el Banco Central de Afganistán, que está bajo el control de los talibanes. El grupo se apoderó del país tras la retirada de las fuerzas estadounidenses en agosto de 2021.
El informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán proporciona el primer análisis detallado de cómo el dinero estadounidense cae bajo el control de los talibanes y se suma a un creciente conjunto de pruebas de que las contribuciones a la ONU no siempre llegan a los afganos necesitados.
«La mayor parte del dinero que pasa en efectivo a través de la ONU proviene en última instancia de los contribuyentes estadounidenses. Se dirige a un grupo terrorista. Los talibanes son un grupo de terroristas», afirma John Sopko, el inspector general.
Los funcionarios de la ONU no niegan que el efectivo entregado a Afganistán termine en el banco central. Pero dicen que no hay forma de evitarlo ya que los talibanes controlan el país.
El pasado mes de marzo, en una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 6 de marzo, Roza Otunbayeva, representante especial de la ONU para Afganistán, no mencionó al banco central afgano. Los envíos de efectivo, dijo, han ayudado a estabilizar la economía y a brindar atención médica y alimentos que los afganos necesitan desesperadamente. Los envíos han «inyectado liquidez a la economía local que en gran parte ha permitido que el sector privado continúe funcionando y ha evitado una crisis fiscal», dijo Otunbayeva a los miembros del consejo.
En una carta proporcionada en respuesta al informe del inspector general, el Departamento de Estado dijo que la ONU era responsable de gestionar el programa de transferencia de efectivo.
«Seguimos comprometidos a brindar asistencia humanitaria crítica y vital al pueblo afgano. Continuaremos monitorizando los programas de asistencia y buscaremos mitigar el riesgo de que la asistencia estadounidense pueda beneficiar indirectamente a los talibanes o pueda desviarse a destinatarios no deseados», decía la carta.
Sin embargo, congresistas y senadores estadounidenses afirman públicamente que Estados Unidos debe hacer más para impedir el flujo de dinero hacia el grupo.
El congresista republicano por Texas, Michael McCaul, afirmó en un comunicado público, tras conocer el informe del inspector general, que «esto es inaceptable. El gobierno de Estados Unidos debe trabajar más duro para evitar que los talibanes se beneficien de la ayuda humanitaria».
Desde la toma del poder por los talibanes, Afganistán ha sufrido numerosas crisis humanitarias, y la mitad de sus 40 millones de habitantes necesitan alimentos, agua y otras necesidades básicas. Los terremotos del año pasado mataron a más de 1.200 personas y dejaron miles de desplazados. Los derechos de las mujeres se han visto gravemente restringidos.
Estados Unidos sigue siendo el mayor donante de ayuda a Afganistán, proporcionando un total de alrededor de 2.600 millones de dólares desde el colapso del anterior gobierno afgano. Pero el temor a que el dinero acabe en manos equivocadas ha complicado la entrega de ayuda. Por ejemplo, los funcionarios estadounidenses han impedido que el banco central reciba dinero de un fondo fiduciario que contiene fondos afganos que podrían utilizarse para beneficiar al país.
Según afirmó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, en una sesión informativa el año pasado, «no podríamos ser más claros en esto: Estados Unidos no proporciona financiación a los talibanes».
Sin embargo, el informe del inspector general pone en duda esta afirmación. El Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional han seguido proporcionando dinero a la ONU para ayudar en los esfuerzos humanitarios en curso. La ONU, a su vez, ha insistido en que debe enviar dinero en efectivo a Afganistán debido a la falta de infraestructura para transferir dinero.
Después de recibir el dinero del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la ONU envía billetes de 100 dólares envueltos en plástico al aeropuerto internacional de Kabul. El dinero llega con regularidad, hasta 40 millones de dólares a la vez, según publicaciones del banco central afgano en la red social X, antes conocido como Twitter.
Una vez que las organizaciones de ayuda reciben los dólares estadounidenses, deben convertir el dinero en afganos, la moneda del país, para pagar a los trabajadores y otros gastos. A menudo utilizan casas de cambio privadas, que usan dólares para comprar afganos del Banco de Afganistán .
Altos líderes de los talibanes controlan el banco central, que no cuenta con sistemas para prevenir la financiación del terrorismo o el lavado de dinero, según el informe del inspector general, que cita un análisis pagado por USAID. Los funcionarios de la agencia de desarrollo se negaron a publicar el estudio, describiéndolo como un documento interno confidencial.
Cuando el dinero sale del banco central, surge otra preocupación. En ocasiones, las organizaciones humanitarias se ven obligadas a pagar en efectivo directamente a los talibanes. Los líderes locales han exigido que la ONU y los grupos de ayuda contraten a sus miembros y a sus familiares o que den prioridad al tratamiento de las viudas y los militantes heridos, según señala el informe del inspector general.
El desvío de ayuda es un hecho, y cuando ocurre, el trabajo humanitario tiene que detenerse y es necesario encontrar soluciones. Hay casos en los que los talibanes intentan tomar el control de la distribución según sus prioridades, u otros casos en los que la labor de ayuda se detiene por completo.
El riesgo de que la ayuda extranjera se desvíe hacia países devastados por la guerra ha acosado durante mucho tiempo a Estados Unidos y otros países. La única forma de detenerlo sería detener el flujo de dinero en efectivo, que según los grupos humanitarios podría tener consecuencias desastrosas como el hambre o el colapso de las economías locales.
En muchos sentidos, Estados Unidos es responsable de los problemas que enfrenta ahora. La distribución de fondos para ayudar a los vulnerables fue un tema repetido durante dos décadas de guerras en Afganistán e Irak. Los funcionarios estadounidenses transportaron en avión más de 12.000 millones de dólares en efectivo a Irak en los primeros días de la guerra, según indican diferentes informes del Congreso, lo que hace casi imposible determinar los beneficiarios finales de esos fondos.
Pero Estados Unidos y sus aliados internacionales nunca lograron implementar plenamente sistemas para mejorar la transparencia, como transferencias bancarias o pagos electrónicos, en Afganistán, a pesar de los repetidos pedidos de dicha tecnología por parte de organizaciones de vigilancia.
Sopko, el inspector general, dijo que Estados Unidos, la ONU y las agencias multilaterales podrían instalar mejores controles sobre la entrega de efectivo en Afganistán, pero reconoció la dificultad inherente de la tarea.
«Si nadie presta atención, habrá despilfarro, fraude y abuso a lo grande», afirmó.
7.000 millones de la Reserva Federal
Tras la toma del poder por parte de los talibanes en el verano de 2021, el gobierno de Joe Biden congeló 7.000 millones de dólares en activos afganos que estaban depositados en la Reserva Federal de Nueva York, es decir, el 40% de las divisas de Afganistán.
Esto provocó que, en base a la situación humanitaria que vive Afganistán, se hicieran llamamientos para que el presidente estadounidense descongelara esos fondos.
Ante la presión, Biden firmó una orden ejecutiva en el mes de febrero de 2022 en la que se descongelaba una parte de esos activos: 3.500 millones de dólares que, según indicó la Casa Blanca, irían destinados a ayuda humanitaria y a un fondo para litigios de las víctimas del terrorismo en Estados Unidos, principalmente de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En principio, según indicó la Oficina del Presidente, el dinero jamás iría directamente a los talibanes. Sin embargo, en base a lo indicado en el informe del inspector general, todo parece indicar que una parte sí terminó ahí.
