Estados Unidos es el mayor fabricante y exportador de armas del mundo, con mucha diferencia. El comercio mundial de armas es increíblemente vulnerable a la corrupción, sobre todo en un momento en el que la guerra de Ucrania está provocando que haya políticos, gobiernos y organismos que están incentivando el aumento del gasto militar.
El comercio mundial de armas tiene un valor anual de 204.000 millones de dólares. Las empresas de defensa estadounidenses exportan armamento por valor de 162.000 millones cada año. En otras palabras, el 79% de todas las ventas internacionales de armas de forma legal involucran a una empresa estadounidense como vendedor y una entidad no estadounidense, generalmente gobiernos, como comprador.
Muchos de estos intercambios son legales, pragmáticos y libres de corrupción. Además, incluso los comercios de armas controvertidos a nivel nacional, como la venta de armamento estadounidense a Arabia Saudí, India o los Emiratos Árabes pueden, si se realizan a través de los canales adecuados, ser lícitos y libres de corrupción.
Sin embargo, el comercio de armas también se caracteriza por la corrupción, lo cual, además de ilegal, produce un daño muy profundo. En esos procesos fuera de la ley se producen sobornos en los procesos de adquisición y operaciones de venta de armamento no autorizadas, lo cual elude los tratados y necesariamente implica corrupción en las fronteras. Además, las transferencias de armas sin escrúpulos, incluso si son legales, pueden sembrar problemas de corrupción indirectos en los sectores de seguridad de los países receptores.
Estas formas de corrupción también son consecuencia del secreto en el sistema financiero global. Las jurisdicciones secretas, las empresas opacas y las zonas de libre comercio se utilizan para disfrazar los pagos de los sobornos y ocultar los envíos de armas ilegales.
Víctimas de la corrupción en el comercio de armas
En el peor de los casos, la corrupción en el comercio de armas pone el armamento en manos de grupos belicistas que generan la muerte, inseguridad, devastación económica, flujos de refugiados e inestabilidad política prolongada.
El número sin precedentes de guerras civiles activas en la actualidad requiere un nivel de distribución de armas igualmente sin precedentes: las organizaciones terroristas, los grupos insurgentes, los gobiernos represivos necesitan armas para ejercer todos los tipos de violencia posible. Además, los principales fabricantes de armas del mundo tienen su sede en países avanzados de la OCDE (salvo Rusia y China), por lo que estos actores violentos comercian con Occidente o buscan armas occidentales en mercados secundarios.
Sin embargo, pocas democracias avanzadas están dispuestas a hacer negocios con esos grupos, por lo que los traficantes de armas y sus clientes deben emprender acuerdos financieros. La complejidad de estos procesos quedó demostrada por un escándalo descubierto en un tribunal de distrito de California.
En 2019, los fiscales federales condenaron a Ara Dolarian, un traficante de armas estadounidense cuya empresa tenía su sede en Fresno, Washington y Bulgaria. Los fiscales recuperaron una factura de Dolarian Capital que indicaba la empresa estaba preparada para vender 42 millones de dólares en «armas, municiones, sistemas de mortero, lanzacohetes RPG, rifles de asalto y cañones antiaéreos móviles ZU-23» a una sociedad ficticia con sede en Kenia llamada FMSL.
Esta sociedad era propiedad de Paul Malong Awan, un general rico y de alto rango del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán que había sido sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU por, entre otras cosas, bloquear el flujo de ayuda humanitaria a civiles hambrientos, ordenar a su grupo militar a atacar escuelas y hospitales, realizar campañas de tortura y utilizar la violencia sexual como arma de guerra. Malong intentaba organizar y armar a un grupo insurgente para derrocar al gobierno de Sudán del Sur.
Por otro lado, los Acuerdos de Al Yamamah representaron el paquete de venta de armas más grande de la historia de Reino Unido. Sin embargo, esta operación se caracterizó por una impresionante mezcla de corrupción y secreto financiero.
Por temor a la competencia de las empresas militares francesas, BAE Systems, una empresa armamentística británica, utilizó una enorme red de sociedades ficticias en el extranjero y traficantes de armas para transferir pagos de sobornos a la familia real de Arabia Saudí y otros funcionarios relevantes para, de este modo, asegurarse contratos masivos de armas.
Mark Thatcher, hijo de Margaret Thatcher que ya se había declarado culpable de financiar un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial para apuntalar su fortuna petrolera personal, presuntamente disfrutó de un enriquecimiento sustancial mientras actuaba como enlace saudí para BAE.
Las ventas, que se extendieron entre 1985 y 2007, generaron a BAE unos atractivos ingresos de 53.000 millones de dólares y fueron cerradas gracias a sobornos que alcanzaron los 7.400 millones de dólares. Entre los enriquecidos por estas operaciones clandestinas se encontraba el príncipe Bandar bin Sultan, quien recibió más de mil millones de dólares que fueron blanqueados en una cuenta del Riggs Bank en Washington.
El gravísimo impacto de la corrupción
La corrupción en el comercio de armas distorsiona los presupuestos de los gobiernos compradores e incentiva a los políticos corruptos a desviar fondos gubernamentales de sectores y servicios cruciales hacia la defensa.
El incremento de los gastos de defensa provoca que haya políticos que busquen oportunidades para beneficiarse de los sobornos relacionados con estas adquisiciones. Esta dinámica socava el estado del bienestar de los países receptores, ya que los acuerdos más rentables y que mejoran la seguridad son rechazados a cambio de acuerdos que implican comisiones corruptas para un pequeño puñado de élites políticas. Estas ineficiencias y distorsiones las sienten más agudamente los ciudadanos a quienes se les niega el acceso a servicios básicos y de seguridad significativos.
Las exportaciones de armas estadounidenses a países de Oriente Medio y el Norte de África son particularmente ilustrativas. Casi la mitad de todas las armas que se vendieron a la región entre 2000 y 2019 fueron enviadas por empresas estadounidenses, a pesar de que, salvo Túnez, todos esos países se caracterizan por niveles de corrupción muy altos o críticos, con escasos procedimientos de contratación anticorrupción.
Por otro lado, en los países exportadores, las empresas de defensa saben que deben sobornar a los funcionarios extranjeros para asegurar contratos lucrativos que se están volviendo cada vez más importantes.
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