El blanqueo ecológico llega a los tribunales de justicia

El greenwashing, un concepto que se utiliza para hacer referencia al lavado verde de una empresa cuando ésta carece de una imagen ecológica, empieza a ser denunciado en los tribunales de justicia. España tiene, en estos momentos, 17 demandas en los juzgados de lo mercantil sobre este asunto colocándose entre los diez países con mayor número de casos de litigios climáticos. Y uno de ellos ha saltado a los medios de comunicación por la envergadura de sus actores, las dos mayores empresas energéticas del país.

Iberdrola ha demandado a Repsol por la presunta comisión de “actos de engaño, omisiones engañosas y publicidad ilícita” en el marco de sus campañas de publicidad y comunicación comercial vulnerando, según la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, la ley de Competencia Desleal. La denuncia ante el juez ha trascendido tanto que ha obligado al gobierno a tomar partido. Y lo ha hecho por el demandante.

A Repsol le acusan de estar promocionando la energía verde cuando la realidad señala que aumentó sus emisiones de CO2 en un 16%, en 2022, o que destinó el 82% de sus inversiones a combustibles fósiles y solo el 0,82% a la producción de energías renovables. Únicamente el 0,4% de sus ingresos proceden de actividades de este tipo de generación.

La multinacional energética ha puesto en marcha una campaña explicando su nueva estrategia de transición energética ofreciendo bienes y servicios sostenibles que la sociedad demanda a un precio competitivo. En esa campaña, Repsol anuncia que seguirá avanzando en la oferta de combustibles renovables, «que son vistos por parte de algunos, entre ellos Iberdrola, como una amenaza al discurso, falso, de que la electrificación es la solución única para reducir las emisiones de CO2 en el transporte». 

La polémica está servida y, además, en los tribunales de justicia. Y todo se debe a la incursión de la compañía que preside Antoni Brufau en el segmento de las energías renovables. Iberdrola es la pionera y referente en España y se mantiene líder con 10,2 millones de consumidores de luz. Las otras grandes energéticas quieren competir utilizando el argumento verde de la empresa que preside Ignacio Galán.

Esa es la clave de las demandas por greenwashing. Según los informes elaborados por expertos, en los últimos tiempos se ha producido una explosión de casos de lavado climático presentados ante los tribunales y órganos administrativos como las agencias de protección del consumidor destacando los casos de compromisos climáticos corporativos; atributos de productos, exageraciones de las inversiones o el apoyo a la acción climática.

Las empresas denunciadas aprovechan la concienciación social en materia de economía sostenible para justificar una acción inexistente. A todo ello hay que añadir que los gobiernos están llevando a cabo iniciativas legislativas en materia medioambiental, sostenibilidad y áreas verdes que no sólo hay que cumplir, sino que hay que demostrar públicamente su cumplimiento. A finales de 2022, Bruselas aprobó la directiva CSRD en la que obligan a informar a las empresas sobre el cumplimiento de sus planes de sostenibilidad. Este mes se ha aprobado la directiva sobre el Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, que se complementará con la directiva de Alegaciones Ecológicas para regular ecoetiquetas y alegaciones para que sean fiables. Todas estas normativas complementan la directiva 82/2024 que obliga a respaldar cualquier compromiso medioambiental de las entidades públicas y privadas con un plan de ejecución que debe ser supervisado por terceros lo que obliga a un esfuerzo suplementario, todo con el objetivo de acelerar los procesos productivos verdes y el abandono de las energías fósiles.

Afortunadamente, la sociedad está más concienciada a la hora de ejercer un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente. Es por ello por lo que la demanda de productos ecologistas sigue creciendo, reflejando así una clara preocupación por las problemáticas medioambientales.

Sin embargo, algunas empresas y entidades se aprovechan de esta vocación para vender productos que realmente no son respetuosos con el medio ambiente.  Y ahí es donde nace el greenwashing, una forma de marketing que adoptan determinadas empresas que aseguran haber adquirido un compromiso medioambiental, bien sea en el propio funcionamiento de la empresa, en las relaciones que establece con terceras partes, o en los productos o servicios que proporciona, sin haber introducido cambios significativos en sus políticas ambientales. Ello supone un evidente engaño al usuario. De ahí que las asociaciones de consumidores hayan decidido vigilar esta práctica y, cuando existen pruebas de fraude, denunciarlas ante los tribunales.

España es el décimo país en número de denuncias por greenwashing o blanqueo ecológico. Estados Unidos encabeza la clasificación con 1.522 casos hasta diciembre de 2022. La Unión Europea empieza a tomar conciencia llevándose el 31,2% de los casos, destacando Reino Unido, Alemania y Francia en número de demandas por encima de nuestro país.

Acusan al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de «negacionismo y retardismo» climático y, al mismo tiempo, se califica su discurso de «populista» y «crecientemente decepcionante». Su superior, el presidente de Repsol, Antoni Brufau, ha avisado al gobierno de que “debe tener más cautela en su ambición por descarbonizar la producción del país” exigiendo una ponderación del impacto que este proyecto tiene sobre la industria.

Toda una novedad en el ámbito judicial que tendrá que adaptarse a las nuevas formas de entender la producción lo que va a suponer la dotación de nuevos recursos materiales y humanos porque sobre este asunto del blanqueo ecológico ocurre lo mismo que sucedió a principios de los noventa del siglo pasado con los llamados “delitos de cuello blanco”, que fue necesaria la formación de fiscales y jueces en materia económica, fiscal y contable. Ahora le toca el turno a la sostenibilidad y lo que se llama responsabilidad social corporativa.