El caso Jenni Hermoso acabará en el olvido por culpa de la lentitud de la justicia

Hay quien ha dicho por ahí que “estamos pasando de un Estado de derecho tutelado por los jueces a un régimen de opinión fiscalizado por los periodistas”. El columnista autor de esa frase no es consciente de que lo que pide, que si en el “Caso Jenni Hermoso” Rubiales ha de ser juzgado que sea delante de un juez, no tiene en cuenta una circunstancia: la lentitud con la que actúa la justicia en este país. Aquí mismo se dijo, un día después de trascender esta historia, que debería actuar la justicia por la posible existencia de un delito de agresión sexual. Pues bien, una semana después la fiscalía ha decidido actuar trasladando a la Audiencia Nacional las cuatro denuncias presentadas. Ahora, la Audiencia Nacional debe decidir si es competente en una acción que tuvo lugar fuera del territorio nacional, tomar declaración a Jenni Hermoso en calidad de afectada por los hechos que se van a juzgar, e iniciar las diligencias correspondientes. Un instructor de la A.N. tarda una media de dos años en transformar un sumario en procedimiento abreviado y abrir juicio oral. Y eso en el mejor de los casos porque siempre hay abogados expertos en dilatar el procedimiento. Y luego están los recursos ante el Supremo. Total, que para cuando queramos ver el final de este feo asunto habrán pasado unos cuantos años. Probablemente ya se habrán celebrado los mundiales de futbol masculinos y femeninos y Jennifer Hermoso se habrá retirado. Ya nadie se acordará de Rubiales. La justicia en España actúa así.

El columnista que pide la exclusiva actuación de los jueces y que poco menos que pone en la picota a los periodistas no es consciente de que la única vía para hacer frente a las actitudes machistas es la prensa. La justicia es tan desesperadamente lenta que va a tardar en resolver esta presunta agresión sexual. Porque el caso, por mucho que se empeñen en analizarlo desde todos los puntos de vista, es de manual. Un directivo besa a una subordinada sin su consentimiento. Eso está tipificado en la ley orgánica 10/22 de garantía integral de libertad sexual, la conocida popularmente como ley del “sólo si es si”, y en el Código Penal. La norma deja claro que sin consentimiento no hay simplemente abuso, sino que hay agresión.

El resto de los ámbitos que están interviniendo en este asunto, el CSD, el TAD, la UEFA, la FIFA, y similares lo único que pueden hacer es expedientar, inhabilitar, y poner a parir públicamente a Rubiales, pero nada más. La responsabilidad penal, que puede acabar en una condena de cárcel, sólo la puede interponer un juez.

Habría que recordar aquí el “asunto Harvey Weinstein”, el productor cinematográfico condenado a 23 años de cárcel por abusar sexualmente de la actriz Rose McGowan y, que se sepa, de otras 80 compañeras. El 5 de octubre de 2017 se publicó un artículo en The New York Times donde se informaba de esas agresiones. Dos años y medio después, el jurado de un tribunal de New York condenó a Weinstein por dos delitos de violación y agresión sexual y lo metió en la cárcel para cumplir la condena. Dos años y medio, el tiempo que durará la Audiencia Nacional sólo en instruir el sumario del Caso Rubiales, eso en el mejor de los casos.

Ahora toca que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre si es competente para instruir las denuncias interpuestas contra Rubiales, un total de cuatro, que de momento sólo son denuncias. Es una vía lenta la escogida por la fiscalía. Habría sido mucho más fácil la presentación directa de una querella. Pero no. Se ha elegido una en la que, primero, hay que preguntar a la víctima, la futbolista Jenni Hermoso, si quiere adherirse a la denuncia. En el caso de que Hermoso desista, la cosa puede ser mas complicada todavía.

Cabe la posibilidad de que la AN no se declare competente. Es posible porque todo este asunto está “cogido con pinzas” judicialmente hablando. En ese supuesto no prosperaría la acción iniciada por la fiscalía porque sería difícil que un juzgado de Madrid se declare competente en un asunto que tuvo lugar fuera del territorio nacional. Y también, la probabilidad mencionada de que Jenni Hermoso desista. Esas dos eventualidades desembocarían en la nulidad de las denuncias presentadas contra Rubiales quien podría pasar al contraataque presentando demandas civiles en defensa de su honor, y alguna querella penal por calumnias e injurias. Pero entonces estaríamos en las mismas. El tiempo juega en contra del final de este asunto porque los tribunales españoles no son tan diligentes como los de Estados Unidos. Y eso que últimamente estos también han cogido el vicio de actuar con una lentitud desesperante.

Y un asunto del que apenas se ha hablado. Si la Audiencia Nacional interviene habrá que barajar un riesgo del que apenas se ha hablado. El de que todas las actuaciones que se lleven a cabo por instancias ajenas a los tribunales -expedientes, ceses y demás-, quedarían suspendidas hasta que los jueces se pronuncien sobre la existencia de una acción delictiva. Es lo que se conoce como “medida cautelar” a la que se han acogido muchísimos imputados en sede penal con consecuencias en los ámbitos civil y administrativo. Ocurrió en procedimientos judiciales tan significativos como fue el de Banesto, que la instrucción penal obligó a suspender la acción de responsabilidad civil.

En este país es necesaria una reforma en profundidad de la justicia para evitar que casos como el que nos ocupa queden en el mayor de los olvidos y, por lo tanto, en la impunidad.