En la pieza separada del Sumario del Caso Villarejo, la de la trama Kitchen, el juez Manuel García Castellón se negó a llamar a declarar a Mariano Rajoy y cerró la causa inculpando a los altos cargos del ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz, titular del departamento, y Francisco Martínez, secretario de estado de Seguridad, al frente. Fernández Diaz ha pedido que se procese al Partido Popular lo que da la medida de lo alto que apunta el acusado. A toda la cúpula menos a uno, a su amigo, el presidente del gobierno que le nombró ministro, y presidente del Partido del que está apartado “cautelarmente”. Ahora, en la comisión del llamado “Caso Catalunya”, que investiga las acciones contra los independentistas catalanes, quieren que Mariano Rajoy comparezca y explique lo que ocurrió porque están convencidos de que estaba al corriente de las tropelías que se cometieron.
Es cierto que en la pieza separada número 7 del sumario que investiga las andanzas del famoso comisario de policía, José Manuel Villarejo, sólo se ha incluido una operación parapolicial, el espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Pero en el sumario constan hechos probados que demuestran que la llamada “policía política” va más allá de la actuación que se va a juzgar. Entre ellas, la investigación que llevaron a cabo a los partidos independentistas entre 2012 y 2016. Dosieres bajo el epígrafe de “notas informativas”, con anotaciones poco rigurosas y, en muchas ocasiones falsas, que elaboraba un grupo de mandos policiales corruptos, difundidas en medios de la caverna mediática y que, con toda seguridad, llegaron a manos de Rajoy y de María Dolores de Cospedal, ministra y secretaria general del PP. García Castellón se negó a llamarlos a declarar. La sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional le enmendó la plana y le ordenó que interrogase a la exsecretaria general. Lo hizo, y ésta dijo “no recordar nada”. Ahora van a tener que pasar por el Congreso porque les van a llamar a declarar por iniciativa del grupo parlamentario de Junts Per Catalunya que espera contar con el apoyo del PSOE.
Lógicamente, la derecha judicial ha contraatacado manifestando que este es el comienzo de la persecución por lo que los independentistas catalanes llaman “lawfare”. Pero, de momento, nadie ha citado a jueces y fiscales. Ocurrió todo lo contrario. Hubo reacciones como la de los fiscales del Caso Palau que informaron a sus superiores de la actuación de un grupo de policías que pretendieron acceder a las investigaciones que estaban llevando a cabo, así como registrar la sede de Convergencia i Unió sin permiso del juez. No se va contra las carreras fiscal y judicial, todo lo contrario. En los hechos investigados se reconoce que las actuaciones de estos colectivos fueron impecables. Salvo, claro está, la falta de colaboración de García Castellón quien, con su actuación, ha dejado claro que ha establecido una línea roja para proteger a la dirección de Génova.
El juez argumenta que la investigación sobre las actuaciones que llevó a cabo el ministerio del Interior contra los independentistas catalanes no es de su incumbencia. Tampoco lo es, según muchos juristas, vincular el delito de terrorismo a los dirigentes de Tsunami Democràtic, ni las actividades de este grupo, muchas de las cuales proceden de los informes elaborados por la “policía política”. La coincidencia de potenciar las diligencias de un asunto que ha dormido durante cuatro años en los cajones de la mesa del juez con la puesta en marcha de la amnistía es reveladora. Y también el hecho de que se haya negado a que declarasen los altos dirigentes del Partido Popular en el “Caso Kitchen” a pesar de que existen conversaciones telefónicas las cuales prueban que María Dolores de Cospedal, entonces la número dos del partido, mantenía relación con el policía José Manuel Villarejo, que no sólo es el principal investigado en las piezas que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional, sino que ha reconocido haber elaborado dosieres de los partidos independentistas y de sus líderes para un cliente muy concreto: el departamento de Jorge Fernández Díaz.
La Banca Privada Andorrana fue señalada como depositaria de la fortuna oculta de la familia Pujol, con manifestaciones en tal sentido de la novia de uno de los hijos del expresident, que luego resultó ser amiga del jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas. Al consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, el comisario general de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, le advirtió de que “el estado español está en guerra contra el nacionalismo catalán”, y le requirió información bancaria. Una de las llamadas “notas informativas” habla de que la familia Pujol Ferrusola estaba blanqueando cantidades de dinero procedentes de acciones “presumiblemente delictivas” en la Banca Andorrana, unas informaciones que habrían facilitado los directivos de la entidad, “de manera forzada y obligados por las circunstancias ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada, a través de la marca Banca Madrid”.
Jordi Pujol llegó a reconocer que tenía depositado dinero en Andorra, pero la repercusión de sus manifestaciones se suavizó tras conocerse las presiones que la policía española había hecho a los directivos de Banca Andorrana. Ahora, una jueza de ese país, Stephanie García, ha comunicado a Mariano Rajoy que está investigado en la causa que ha abierto por presuntas extorsiones contra la Banca Andorrana para lograr información comprometedora de la familia Pujol y “de remitir información falsa a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos hasta lograr la clausura del banco, y de intimidar al gobierno andorrano y a sus ministros, durante una visita del presidente del ejecutivo español al Principado en 2015, para precipitar el cierre de la entidad financiera”. Ni Rajoy ni los altos mandos policiales imputados han respondido a los requerimientos de la jueza. No se han presentado a declarar.
Esta es la única actuación judicial del llamado “Caso Catalunya”. En España, ningún juez ha abierto diligencias sobre estos asuntos a pesar de las evidencias existentes. Ahora, el Congreso de los Diputados va a intentar establecer las responsabilidades de aquellos hechos. Responsabilidades políticas, porque las judiciales quedarán ahí, en el limbo.
