El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explica en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el real decreto aprobado hoy de protección de los consumidores «implanta por primera vez la figura de la persona consumidora vulnerable». Se trata de un soporte jurídico con garantías adicionales.
El texto modifica la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), que a partir de ahora define el concepto de «consumidor vulnerable» como aquél que se encuentra «en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas«.
Para incluir en sus previsiones la situación de la pandemia de Covid y ampliar el ámbito de protección, la ley tendrá la previsión de que esta situación de vulnerabilidad pueda ser temporal. Pero también «territorial o sectorial», debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.
La norma pretende «reforzar la protección de las personas más vulnerables en las relaciones de consumo». Y la figura de «la persona consumidora vulnerable» queda establecida como «un marco normativo» que fuerza a las empresas a prestar apoyo adicional en la información que facilitan para la toma de decisiones. Es decir, que las compañías estarán obligadas a «prestar los apoyos necesarios»para que los consumidores amparados bajo este «paraguas jurídico» puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.
