Estaba desayunando el otro día cuando me di de bruces con este titular: ‘El Faro de Alicante se convertirá en un restaurante de lujo asomado al Mediterráneo’.
El restaurante de lujo no desentonaría si es que llega a ser una realidad, pues, el faro del Cabo de las Huertas está situado en la zona más cara de la ciudad, entre la playa de la Almadraba y la playa de San Juan, siendo a la vez un paseo litoral de un alto valor ecológico. Por todo ello, no es de sorprender que la construcción haya llegado hasta allí y haya dejado algunas viviendas de conspicua legalidad a unos pocos metros del mar. Lo único seguro de todo este embrollo es que ya se le ha concedido la explotación a la empresa que hará el restaurante por un tiempo de quince años prorrogables por otros cinco.
Las muestras de rechazo social a esta iniciativa del consistorio alicantino han sido abundantes y más allá de un sesgo ideológico, remarcando el valor natural del lugar y la privatización de un espacio público. El movimiento vecinal al grito de «Salvemos el Faro” se ha hecho fuerte, con frecuentes concentraciones de protesta y una petición en change.org que suma en el momento de escribir estas líneas cerca de 15.000 firmas.
La Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha concedido ya la reforma y explotación de los edificios anexos al faro, habiendo otorgando las concesiones de otros faros, como los del de Punta Albir al Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, y de Sant Antoni al de Xàbia para construir y explotar centros de interpretación de su entorno medioambiental.
Luis Barcala, alcalde de Alicante, lleva días recibiendo en sus perfiles en redes sociales miles de mensajes de ciudadanos en los que le reclaman que dé un paso adelante para salvar el faro del Cabo de la explotación privada. “Vamos a poner marcha un proyecto singular”, asegura el alcalde en una grabación en la que dice que el restaurante se ubicará en las dependencias anexas al propio faro, en alusión a la antigua vivienda del farero, un almacén y un garaje, y no el propio faro, tratando de explicar su proyecto y acallar las protestas.
Lo peligroso es que, mientras en l’Alfàs y en Xàbia se ceden los edificios para realizar centros de estudio medioambientales, en Alicante se va a explotar un bien público para disposición, usufructo, provecho y lucro privado. Ojalá no se llegue a realizar el proyecto del señor Barcala porque, tal vez, de esto no saldremos todos ganando sino más bien lo contrario.
