Indra es una empresa pública española. Su principal accionista es la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con el 25,2% del capital. Le sigue el grupo vasco SAPA, con el 5% y Amber capital, propietario del grupo Prisa, con el 4,2%. Se trata de una multinacional con sedes locales en 46 países y negocios comerciales en 140. Su principal actividad se centra en la tecnología en el campo militar. Pero es más conocida porque se encarga del soporte informático de los recuentos en las elecciones que se celebran en este país.
Todo esto viene a cuento porque Antonio Narváez, teniente fiscal del Tribunal Supremo, en la ya famosa cena de la Asociación de Fiscales con Alberto Núñez Feijóo, insinuó la posibilidad de que Indra llegue a manipular los comicios. Narváez, un personaje controvertido en la carrera judicial, se alinea, de esta manera, con el trumpismo. Ese mismo que sigue creyendo que las elecciones presidenciales estadounidenses que ganó Joe Biden fueron amañadas y, por lo tanto, no reconoce la legitimidad de sus resultados. Lo alucinante es que esto está ocurriendo aquí y ahora en España. El protagonista, Antonio Narváez, tiene una trayectoria profesional muy peculiar.
Narváez fue designado vocal del Tribunal Constitucional por el turno correspondiente a los magistrados que designa el gobierno. Fue el de Mariano Rajoy el que le eligió. Su mandato caducó en junio de 2022. El gobierno de Pedro Sánchez les dio, a él, al presidente Antonio García Trevijano y a otros dos miembros más, hasta septiembre de ese mismo año para ser sustituidos. Al incumplirse la orden, el ejecutivo inició los trámites para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la idea de cambiar el sistema de elección de sus vocales El Partido Popular presentó recurso ante el TC. Narváez fue uno de los magistrados que presionó para que dicho recurso se tramitase por la vía de urgencia con la medida cautelar de suspender el debate parlamentario. Llevaba seis meses con el mandato caducado. El recurso prosperó y se paralizó la reforma cuando se iba a estudiar en el Senado, una vez aprobada por el Congreso. El argumento utilizado es que la Corte de Garantías tiene capacidad para intervenir el funcionamiento del Parlamento. La mayoría de los expertos juristas del país consideraron la sentencia como “de auténtico golpe de estado contra la democracia, y un atentado contra la separación de poderes y la soberanía popular”.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha llegado a decir que “se inmiscuyeron de manera intolerable en la organización y funcionamiento de las Cámaras, que se rige por sus reglamentos que gestiona la presidencia y las respectivas mesas y, en su caso, los parlamentarios”. La crisis se resolvió “en el tiempo de descuento”, cuando el Consejo General del Poder Judicial designó a sus dos candidatos y se pudo renovar el Constitucional con la vieja normativa.
Esa fue la última acción de Antonio Narváez como vocal del TC. Pero no era la primera vez que este jurista adoptaba decisiones polémicas. Protagonizó la controvertida sentencia del recurso presentado por Vox contra el decreto del Estado de Alarma adoptado como medida para luchar contra el COVID 19. Declaró “inconstitucional” dicho estado de alarma porque según su tesis “se debería de haber decretado el estado de excepción” argumentando que el problema no era sanitario sino “de orden público”. Como si las medidas contempladas en la ley para el estado de excepción hubiesen paralizado la propagación del virus.
La decisión del TC cuyo principal protagonista era el propio Narváez, iba en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y los expertos juristas han llegado a valorarla como un intento de proporcionar a la oposición parlamentaria un elemento de confrontación con el gobierno progresista y los socios parlamentarios que le apoyan. Martín Pallín ha calificado tal decisión como “una delirante tesis”. Y añade que “se cometió la barbaridad de considerar que nos encontrábamos ante una grave alteración del orden público y no de riesgo para la vida y la salud de todos los ciudadanos y que, por tanto, había que haber aplicado el estado de excepción con todas las consecuencias que llevaba aparejadas. El COVID19 se batiría en retirada si se cercenasen derechos individuales tan trascendentales como la intimidad, la libertad de prensa, de reunión y de manifestación e incluso se pudiesen poner en marcha dispositivos militares como puestos o garitas para controlar el orden público”.
Está claro su sesgo político y su manifiesto desprecio por la cultura constitucional y los valores democráticos. Por eso es del todo incongruente su intervención en la cena de la Asociación de Fiscales manifestando que el gobierno de Sánchez está “deteriorando las instituciones” cuando él fue uno de los principales protagonistas del descrédito del Tribunal Constitucional, una mala imagen que ahora intentan contrarrestar los nuevos magistrados con un intensivo trabajo.
Pero el argumento mas grave de los expuestos por Antonio Narváez ha trascendido recientemente. Y es su insinuación de que Indra, la empresa encargada de controlar informáticamente los recuentos electorales, podría llegar a alterarlos. Esta idea no es nueva. Ya la puso en marcha la cadena norteamericana de televisión Fox y sirvió de excusa para el asalto al Capitolio alegando que los resultados que dieron a Joe Biden como ganador no son legítimos. Que fueron manipulados.
Los argumentos de Narváez para expresar esa insinuación no son nuevos. Unos meses antes, la derecha reaccionaria había calificado de “maniobra del gobierno para controlar la empresa” la sustitución de cinco miembros de su consejo de administración considerados “independientes”. La derecha mediática ha llegado a decir que “es un intento por parte de los sanchistas de controlar la gestión de la división informática de Indra de cara a las próximas elecciones. No ya las municipales sino también las generales de finales de año”.
Esta acusación es tan intolerable que la gran mayoría de la ciudadanía no ha hecho caso considerandola un nuevo bulo. Pero, ahora, un teniente fiscal nada menos que del Tribunal Supremo, la ha vuelto a exponer en una reunión pública, además, donde estaba presente el líder de la oposición y aspirante a echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Antonio Narváez es un verdadero peligro no sólo para la judicatura por las ideas que expone. También es un peligro para la democracia.
