El Consejo de ministros ya ha aprobado los proyectos de ley de eficiencia procesal y de eficiencia digital en la administración de justicia. Ahora falta la más importante de las tres leyes que conforman el plan “justicia 2030”, el proyecto de eficiencia organizativa que revoluciona el mapa judicial de este país. Los tribunales de instancia pasan a depender de unas oficinas judiciales de demarcación, y se crean las oficinas judiciales municipales. Este plan no se pudo aprobar en la anterior legislatura debido a la convocatoria de elecciones generales, pero es una de las estrellas de la reforma judicial con la que se espera dotar de mas recursos a los juzgados para agilizar una actividad que la ciudadanía desaprueba en los sondeos de opinión, sobre todo por su lentitud.
Según los detalles que en su día facilitó el ministerio de Justicia, habrá un tribunal de instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará el nombre. Se configura su organización por secciones, variable en función del volumen de asuntos y actividad que se concentra en el partido judicial. Habitualmente serán penal, civil, contencioso-administrativo y social. Mediante este sistema se simplifica el acceso de la ciudadanía a la Justicia, al haber solo un tribunal, y no juzgados diferentes, favorece la especialización y dota de mayor flexibilidad a la planta judicial.
Por otro lado, se completará el proceso de implantación de la oficina judicial en todo el territorio nacional. Será una ventanilla de acceso único a la Justicia para la ciudadanía. Esta oficina mejora el servicio a los usuarios y a los propios profesionales, al conseguir una mayor agilidad y responder de forma homogénea a situaciones iguales. A su vez, la transformación digital favorecerá el teletrabajo, lo que permitirá reducir la huella ecológica, además de evitar la concentración de personas en el mismo edificio.
Los juzgados de paz se transforman en oficinas de Justicia en los municipios, fortaleciendo la presencia de su actividad en todo el territorio. En ellas se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales, entre otras diligencias administrativas, reduciendo, con ello, los desplazamientos y, por lo tanto, el impacto medioambiental.
Los tribunales de instancia sustituirán la estructura unipersonal de los juzgados por un sistema de organización colegiada. Con este nuevo modelo construido sobre la actual distribución territorial de la justicia en España, habrá 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales. Las principales asociaciones profesionales de jueces y magistrados reconocen que superar la clásica fórmula del juzgado, como célula aislada, y tender a la unificación de criterios, dota de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Sin embargo, temen que mantener los partidos judiciales suponga que esta reforma sea un mero cambio de denominación y no un cambio estructural.
En el Consejo de ministros del pasado 19 se aprobó un decreto ley en el que se contienen las otras dos grandes reformas: la eficiencia digital y la eficiencia procesal. Sobre esta última habría que destacar la creación de los llamados MASC, Medios Adecuados de Solución de Controversias, que no son otra cosa que las instancias que mediarán entre las partes litigantes con el fin de evitar la celebración de procedimientos judiciales. Todavía no se sabe bien como se desarrollarán esos MASC, pero, en cualquier caso, como su objetivo es reducir la litigiosidad, su funcionamiento se establecerá a través de las oficinas judiciales que se crearán con la ley de eficiencia organizativa ya descrita. Por último, hay que destacar que se reformarán las leyes procesales para adecuarlas al nuevo sistema.
El proyecto no cuenta con la aprobación de todos los colectivos de la administración de justicia y, además, deberá ser negociado con las comunidades autónomas con competencias en la materia. Algunas de las asociaciones de letrados de la administración de justicia, LEAJS, exigieron que se les tuviese en cuenta a la hora de elaborar este plan que, en principio, rechazaban tal y como se diseñó por el anterior equipo ministerial. Lo mismo sucede con los sindicatos que representan a los funcionarios de la administración de justicia los cuales amenazan con retomar las movilizaciones que interrumpieron tras la convocatoria de elecciones. UGT, CSIF, STAJ, y la gallega CIG han dado cierto margen de confianza tras reunirse con representantes del Ministerio y conocer cuales son sus intenciones. No piensa de la misma manera Comisiones Obreras que considera insuficientes las propuestas efectuadas por el departamento de Félix Bolaños, aunque las críticas se encaminan más bien a las retribuciones y no tanto al nuevo modelo organizativo.
El secretario de estado, Manuel Olmedo, cree que esta nueva organización de la administración de justicia supondrá poder atender las demandas retributivas de los funcionarios porque se reorganizará la carga de trabajo, un buen pretexto para acometer la reestructuración de los sueldos, una de las demandas que provocaron las movilizaciones en los juzgados la primavera pasada. Comisiones quiere, también, que se dé un complemento de productividad a aquellos funcionarios que participen en la puesta al día de los trámites retrasados debido a esas convocatorias. De momento, el departamento de Bolaños no se ha pronunciado sobre esta demanda.
Y luego están las comunidades autónomas con competencias en materia judicial, todas excepto Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia, Extremadura, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Un total de 12 que deberán decidir si aceptan esta reforma en la que entra en juego, además, el reparto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un total de 20.604.610 euros procedentes de la Unión Europea que se destinarán, principalmente, a la mejora de la digitalización de la administración de justicia.
El plan “justicia 2030” se desarrollará durante los próximos tres años una vez haya recibido el visto bueno de las CCAA, y Congreso y Senado hayan aprobado las tres leyes que confirman el nuevo mapa judicial con el que se pretende modernizar este servicio público. Una vieja aspiración ciudadana. Otra cosa es que se logre. Está por ver.
