Aprovechando el desastroso momento por el que atraviesa la justicia en este país, Junts Per Catalunya parece haber decidido adoptar la desobediencia como la forma de hacer política.
La exconsellera Clara Ponsatí no se ha presentado a un simple trámite como es la notificación personal de procesamiento argumentando que tiene inmunidad por parte del Parlamento Europeo. Laura Borrás se niega a acatar las ordenes de la Junta Electoral y dice que hasta que no haya sentencia firme no abandonará su escaño en el Parlament. Y la Mesa de la cámara territorial decide no hacer caso de las órdenes del Tribunal Constitucional y autoriza el voto telemático al diputado Lluís Puig, exconsejero de Cultura en tiempos de Carles Puigdemont y residente en Bruselas.
Todos utilizan una calculada ambigüedad dejando abierta la posibilidad de reconsiderar estas posturas, aunque en privado reconocen que lo que buscan es provocar a “uno de los instrumentos de la represión española hacia Catalunya”.
La estrategia parece estar bastante clara. Junts busca, por una parte, diferenciarse de ERC. Y, por otra, ganarse las simpatías de los soberanistas alegando que la represión judicial española va dirigida contra ellos y no hacia los que fueron hasta hace poco sus compañeros de coalición, Esquerra Republicana de Catalunya. El ejemplo más evidente es el de la europarlamentaria Clara Ponsatí.
La exconsejera ha ignorado la citación del instructor del “Procès”, Pablo Llarena. Una desobediencia calculada porque, al mismo tiempo, ha presentado ante los servicios jurídicos del Parlamento Europeo una petición de inmunidad frente a las actuaciones de la justicia española. Ahora, las espadas están en alto. Pablo Llarena ha pedido dictamen al fiscal y al abogado del Estado sobre la posibilidad de reconvertir la orden de citación no cumplida en orden de detención según se establece en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La decisión que adopten en el Supremo tiene que estar muy bien medida porque lo que busca Clara Ponsatí es poder utilizar cualquier medida de este tipo como altavoz para reafirmarse en su argumento y el de Carles Puigdemont de que, a pesar de las reformas llevadas a cabo por el gobierno progresista en España, nada ha cambiado respecto a Catalunya y que se mantiene la política represiva a través del aparato judicial.
Ponsatí ya había provocado una situación límite al regresar a España a sabiendas de que, aquí, el juez Llarena sí tiene competencia en materia de busca y captura. Tras la reforma del Código Penal, a la exconsejera sólo se la acusa de un delito de desobediencia que, en caso de condena, no supone la pena de prisión sino de multa o inhabilitación para ejercer cargo público.
Fue detenida por los Mossos d’Esquadra y puesta en libertad horas después tras habérsela entregado una citación del juez Llarena para comparecer este lunes. Todo parecía reducirse a un simple trámite. Todo lo más, una lectura de los cargos que se la imputa y, si cabe, las alegaciones en su defensa. Nada más. Habría quedado en libertad para moverse por todo el territorio.
Ahora la cosa se complica porque Llarena puede ordenar su detención y, esta vez, el juez podría dictar auto de prisión provisional por “peligro de fuga”. Claro que eso a los dirigentes de Junts parece importarles poco. Juegan al victimismo.
Es el mismo caso que el de Laura Borrás. Condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por corrupción, la expresidenta del Parlament se niega a abandonar su escaño alegando que la sentencia no es firme. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es recurrible ante el Supremo, esa instancia que la diputada califica de “instrumento de represión contra Catalunya” pero a la que ahora invoca.
La Junta Electoral Central ha enviado un requerimiento a la Mesa del Parlament para que retire el acta de diputada a Borrás siguiendo el mismo procedimiento que llevó a cabo con Pau Juvillá, exdiputado de la CUP, y con el expresidente de la Generalitat, Quim Torra. De momento, la cámara no ha hecho caso de la orden de la JEC como tampoco la del Tribunal Constitucional en la que se prohíbe el voto telemático a Lluís Puig, exconseller de Cultura y considerado uno de los líderes del “procès”. La Corte de Garantías está recibiendo fuertes presiones por parte de la derecha judicial para que adopte drásticas decisiones sobre esta “desobediencia” pero no parece que lo vayan a hacer hasta después de las elecciones locales. La presidenta del Parlament, Alba Vergés, tiene la condición de interina y pertenece a Esquerra Republicana. Si se la sanciona por desobediencia, a ella y al resto de la Mesa que votó a favor de mantener el voto telemático a Puig, se corre el riesgo de generar una delicada situación en Catalunya.
La estrategia de Junts Per Catalunya de tensionar el ambiente desobedeciendo a los tribunales españoles es un arma de doble filo. Si se tiene en cuenta que los esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno para “normalizar” la situación en Catalunya son demasiado frágiles, cualquier provocación por una u otra parte puede hacer estallar el conflicto de nuevo. Pero, por lo que se ha podido comprobar, los soberanistas de Junts Per Catalunya no saldrían victoriosos sino todo lo contrario. Mantener esta actitud es un juego peligroso. Es como jugar con una bomba que te puede estallar en cualquier momento.
Miren, yo creo que independientemente de a quien le beneficie o perjudique, la ley debe aplicarse y la ley debe de ser ciega. Todavía si esta mujer fuera una heroína o algo así se podría defender que la justicia mirase para otro lado.
Es que supongamos que efectivamente la justicia española no actúa contra el gobierno autonómico de Cataluña. Ahora mismo el gobierno está advirtiendo que si las autonomías del PP no cumplen con la ley creo que de los alquileres, que hace años el gobierno central intervino Cataluña por no cumplir la ley. ¿Como va a quedar el gobierno de España si no hace nada en Cataluña pero interviene a las comunidades del PP?
Es que cuando un país empieza a no perseguir a sus socios de gobierno que no aplican la ley, y que precisamente no la aplican deliberadamente, por provocar, pero hace algo tan radical como intervenir autonomías que están en las manos de la oposición, porque no aplican una ley que sí que es polémica, ese país va por mal camino. Téngase en cuenta que estamos ya en campaña electoral.
¿Esto se va a repetir cada vez que haya elecciones?
Me he informado mejor: es la Ley de Vivienda.
Junts pel si en esta ley en concreto ha votado en contra. Pero no creo que por eso se pueda decir que se ha pasado a la oposición. En cualquier caso, está en el gobierno de la Generalitat de Catalunya.