El PP tiene tres grupos parlamentarios: en el Congreso, en el Senado y en el Poder Judicial

Dice un colega que el PP es el único partido conocido que tiene tres grupos parlamentarios, en el Congreso, en el Senado y en el Poder Judicial y no le falta razón. Génova controla un estamento, el de los jueces y fiscales, que está siendo utilizado para sus fines: boicotear la amnistía y los acuerdos de los socialistas con Junts.

No se resisten a quedarse sin poder utilizando todos los mecanismos a su alcance, incluso mandando a los magistrados a la calle a manifestarse para alcanzar los objetivos que no consigue en las urnas. Por eso, a nadie debe extrañar que hayan tenido congelada la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años. Así pueden instrumentalizar el órgano de gobierno de los jueces con declaraciones como la del rechazo institucional al “lawfare”. Un rechazo que se va a volver en su contra porque si hablamos de lawfare en el amplio sentido de la palabra, la instrumentalización de la justicia para fines políticos, el Partido Popular tiene mucho que callar.

Empezamos por el Caso Kitchen. De todos es sabido que hay dos significados acusados. Uno, fue ministro de Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el otro, un secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. Aunque salvando las distancias, el caso goza de cierto paralelismo con uno de mediados de los noventa del siglo pasado, el GAL, por el que fueron condenados un ministro, José Barrionuevo, y un secretario de Estado, Rafael Vera. La diferencia es que el objetivo entonces era utilizar las cloacas del Estado para atacar a ETA. En el caso Kitchen también hay un “señor X”, el que en muchos medios se identifica como Mariano Rajoy. Porque si el argumento que se esgrimía el siglo pasado con Felipe González es de que éste debería tener conocimiento de lo que se hacía en Interior, ahora sucede lo mismo. Es imposible que Rajoy no supiese lo que estaba haciendo su amigo, Fernández Díaz.

El GAL nació como respuesta a una situación insostenible en este país, y Kitchen se diseñó para neutralizar las investigaciones de los tribunales de justicia que vinculan al PP con la corrupción. Pero luego fueron más lejos creando una verdadera policía política que persiguió no sólo a los soberanistas catalanes sino también a la izquierda. La justicia decidió que no se debía de ir muy lejos y cortó de raíz la investigación del asunto. El propio Fernández Díaz ha pedido que su partido se siente en el banquillo de los acusados. Está claro que este es un tema que entra de lleno en los catalogados como lawfare

Pero aún hay más. Quienes estos días se rasgan las vestiduras cuando se habla del ‘lawfare’ no hicieron nada de ruido cuando el Partido Popular envió a sus senadores un SMS en el que decía que había que votar a Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial porque así el partido se aseguraba “el control por la puerta de atrás” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Ignacio Coisidó, ex director general de la Policía y portavoz del Grupo popular en el Senado, fue el que dinamitó, se cree que involuntariamente, el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, hace ahora cuatro años,  cuando envió una nota   a los senadores señalando que el partido controlará «la sala segunda por detrás (la famosa sala de Lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y demás aforados) y presidiendo la sala 61”, especializada en ilegalizar partidos políticos». Los mensajes de Coisidó provocaron la renuncia de Manuel Marchena, que sigue de presidente de esa sala, a ocupar el puesto de presidente del CGPJ argumentando que” jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal».

Entre los casos de evidente lawfare se pueden incluir las persecuciones del juez Manuel García Castellón contra los fundadores de Podemos. El magistrado, próximo al PP, abrió 20 causas contra ellos. La del “Informe Pisa” en la que se pretendía vincular al fundador del Partido, Pablo Iglesias, con delitos fiscales y blanqueo de capitales, además de financiación ilegal. La investigación concluyó a mediados de 2022. El “Caso Dina”, sobre el robo del móvil de la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, en 2015. El juez quiso darle la vuelta e imputar a Pablo Iglesias, algo que finalmente frenó el Tribunal Supremo.

Y, por último, está la investigación que inició, en 2021, sobre presuntos pagos de Venezuela a la formación morada, sustentados en falsos informes policiales y en el interesado testimonio del exmilitar venezolano ‘Pollo Carvajal’, que pretendía paralizar su extradición a Estados Unidos. La sala ordenó al juez el archivo de la causa no sin antes calificar su investigación de “prospectiva a todas luces” porque vulneraba los derechos fundamentales de los fundadores de Podemos a los que ni siquiera había atribuido la condición de investigados.

Por si todo esto fuera poco, ha desempolvado un viejo sumario, que llevaba cuatro años en los cajones de su despacho, el de Tsunami Democràtic acusando de un delito de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por ser los instigadores de las protestas que se llevaron a cabo contra las condenas del procès. El fiscal es Miguel Ángel Carballo, nada sospechoso de haberse inclinado hacia la izquierda. Pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales, también convocante de movilizaciones. Y tiene muchos años de experiencia en la investigación del terrorismo en la Audiencia Nacional. Fue el que dictó la orden para detener a Puigdemont en 2017.

Carballo ha recurrido el auto de García Castellón criticándolo contundentemente por considerar que tergiversa, hace suposiciones y omite datos. Sólo le falta decir que la decisión del magistrado forma parte de otra persecución como las que llevó a cabo y que fueron enmendadas por sus superiores.

Cuando el rio suena agua lleva. García Castellón ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial porque se siente perseguido. Le han llegado a acusar de prevaricador. Una incriminación muy fuerte que debería llevarse a los tribunales si sus autores la confirman. En cualquier caso, la sospecha que recae sobre el juez está ahí. Y su proximidad al PP también.