La sospechosa moción de censura de Murcia ha puesto en evidencia una carencia más de nuestra joven democracia: la tolerancia generalizada con el transfuguismo. El “chaqueterismo” político es una práctica aceptada de facto en nuestro sistema político y judicial, un cáncer que no es nuevo, sino que hunde sus raíces en el siglo XIX y en los tiempos de la Restauración borbónica canovista, cuando el caciquismo como modelo de gobernanza corrupta hacía estragos en todo el país.
La Constitución del 78 no sancionó la conducta deleznable del tránsfuga, y desde 1978 la lista de casos ha ido engordando sin cesar. El Legislador español perdió una magnífica oportunidad de regular el transfuguismo, sancionándolo penalmente, cuando estalló el tristemente célebre tamayazo de 2003 en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde dos parlamentarios electos del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, impidieron con su abstención la investidura del socialista Rafael Simancas como nuevo presidente del Gobierno regional, allanando el camino al poder de Esperanza Aguirre, un período negro en la política madrileña marcado por la corrupción y la privatización del Estado de bienestar. No se legisló entonces y de aquellos polvos estos lodos.
Es evidente que, bien por desidia, por permisividad o por miedo a perder privilegios de casta, nuestros gobernantes han permitido un vacío legal respecto al transfuguismo y hoy el mal se ha enquistado, poniendo en grave riesgo la salud de nuestra democracia. El mal ha ensuciado todas las instituciones (administración central, autonómica y municipal), de modo que ha llegado la hora de poner freno a los aprovechados y oportunistas que cambian de chaqueta y de partido en el último momento por motivos que no siempre tienen que ver con la evolución ideológica, sino que se explican por razones mucho más mundanas como la ambición, la codicia, el ansia de poder y el dinero.
La compra de voluntades de tres diputados regionales de Ciudadanos durante la procelosa moción de censura murciana apesta. En primer lugar, porque pese a que los tres díscolos cargos naranjas habían firmado un documento en el que se comprometían a mantener la disciplina de partido y a votar a favor de la moción de censura presentada por socialistas y naranjas para desbancar del poder al presidente regional del PP, Fernando López Miras, finalmente in extremis decidieron cambiar el sentido de su voto, salvando así la cabeza del rey que se encontraba en situación de jaque mate. Pero, en segundo término, y quizá mucho más sangrante, el asunto despide un fuerte hedor a corrupción porque tras su brillante servicio al PP (traicionando a su partido) los tres tránsfugas de Cs fueron debidamente premiados con altos cargos en la Administración regional, sin duda una jugosa contraprestación en lustrosas carteras, lujosos despachos y buenos sueldos. Es decir, de alguna manera la traición tuvo un precio, haciendo bueno el título de aquel mítico espagueti western titulado Por un puñado de dólares.
Hoy el PSOE de Murcia ha dado un paso importante para aclarar el turbio episodio al presentar una denuncia por delito de cohecho contra López Miras y los ex diputados de Ciudadanos tránsfugas Isabel Franco, Paco Álvarez y Valle Miguélez, así como contra Antonio Sánchez Lorente, que era el siguiente en la lista. La medida judicial ha sido anunciada por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante un debate con el Partido Popular en la sesión de control al Gobierno en el Senado. En concreto, Ábalos ha acusado al PP de haber “comprado” tránsfugas en Murcia y ha anunciado la denuncia por cohecho, en la que se recoge que más allá del “reproche social” por el “acto de transfuguismo”, en el caso de Murcia “se añaden otros elementos que transcienden el plano político, dando lugar a que las conductas puedan ser consideradas como hechos con relevancia penal”. En concreto, los socialistas advierten de que “hay un elemento que trasciende lo político” y que hace que las conductas del presidente murciano y los exdiputados de Cs sean “punibles”, ya que los agraciados recibieron “como contraprestación” a su voto contrario a la moción “una recompensa a su conducta”. Una contraprestación que, según el PSOE, “no cabe duda de que se materializó en los nombramientos como consejeros que no ostentaban sino hasta que comprometieron su voto”.
La denuncia era necesaria y pertinente. Ha llegado la hora de que este tipo de prácticas que salpican de mugre y sombras de sospecha a nuestra democracia sean depuradas donde corresponde y aunque lo más probable es que los jueces den carpetazo al expediente al hacer prevalecer el derecho a la libertad y la autonomía política de los altos cargos del Estado, la acción judicial puede servir para abrir un debate que concluya con la aprobación de una ley antitransfuguismo que tras 40 años de democracia se estaba pidiendo a gritos.
El transfuguismo es un cáncer que debe ser extirpado de raíz y que se explica por numerosos factores, entre ellos la despolitización de la vida social o pérdida del interés del ciudadano por la res publica; la desideologización del político que ha renunciado a valores como la fidelidad a unos principios, la lealtad o la coherencia; el debilitamiento que el sistema de partidos ha sufrido en los últimos años; la larga tradición del caciquismo y el clientelismo (muy arraigada en España); el predominio de la economía sobre la política (mercantilización de las instituciones democráticas); la progresiva erosión del Estado cada vez menos intervencionista y más ultraliberal; y el poder de los grandes medios de comunicación que encumbran y liquidan carreras políticas. Por tanto, es el momento de que el tránsfuga sepa que la tentación de medrar en lo personal hacia una vida mejor no quedará solo en el simple rechazo social (que a ellos no les afecta porque no sienten vergüenza de su traición) y en unos cuantos titulares de prensa. Solo si hay reproche penal con duras sanciones se lo pensarán dos veces antes de cambiar de chaqueta.
