Los colegios de procuradores de Madrid y Barcelona han elaborado un documento en el que, bajo el epígrafe de “Plan estratégico de la procura. Hoja de ruta 2022-2025” hacen una serie de propuestas para agilizar la justicia y acabar con el retraso existente.
Entre estas medidas figura la petición de poder acceder al llamado Punto Negro Judicial, una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la tramitación mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos de la Administración General del Estado y de otras instituciones “con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la satisfacción de los usuarios”, según la definición del Consejo General del Poder Judicial. En otras palabras, un acceso a los datos privados, que custodian las autoridades, que están protegidos por la LOPDGDD, la ley orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Supuestamente, los jueces tienen acceso a las bases de datos de los ciudadanos en las administraciones públicas ya que están habilitados para ello. Pero no los particulares. Y los procuradores no dejan de ser unos particulares, aunque estén al servicio de los tribunales de justicia. Hay que tener cuidado con las propuestas que se hacen porque pueden rozar la ilegalidad.
Las razones que esgrimen los procuradores es que, en el último año, se ha incrementado la demora en tramitarse los procesos judiciales, en concreto en 8,8 meses más y, lo que es más importante: en 2021 solo se concluyeron el 36 de las ejecuciones. Los procuradores creen que si se les deja acceder al Punto Negro Judicial tendrán la posibilidad de agilizar las notificaciones, sobre todo en los procesos civiles.
Las instancias judiciales se encuentran con muchas dificultades para poder notificar, muchas veces porque no se encuentra al interesado en su domicilio o simplemente porque el que consta en los datos que poseen no existe. Si se tuviera acceso al Punto Negro Judicial se podría conectar con las bases de datos de organismos de las administraciones lo que facilitaría la actualización de esos datos. La red informática del Punto Negro Judicial está conectada con el catastro, el Consejo General del Poder Judicial, la AEAT, el CORPME, Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantil, la Dirección General de Tráfico, el ICAM, Colegio de Abogados de Madrid, el Instituto Nacional de Estadística, Instituciones Penitenciarias, Archivo Notarial, Dirección General de la Policía, Registro Civil, Seguridad Social, y SEPE, prestaciones por desempleo. Además, hay acceso a los registros centrales del Ministerio de Justicia en lo que se refiere a actos concursales, y penales, y de las entidades financieras, entre otros.
Estamos hablando de la práctica totalidad de las bases de datos de los organismos públicos existentes en España. En la relación de los enlaces están casi todos. Sólo faltan los de sanidad, aunque se está tramitando su incorporación. Para acceder a la plataforma de servicios del PNJ sólo es necesario el nombre de usuario y una contraseña. Una vez se produce el acceso a la página principal nos encontramos con un menú de accesos entre los que se encuentran, la “averiguación patrimonial”, la “ayuda a la localización”, “consulta de internos penitenciarios”, y “embargos y tasas judiciales”, entre otros.
En noviembre de 2022 el PNJ sufrió un ataque informático. Sus páginas fueron hackeadas. Oficialmente se dijo que el motivo había sido acceder a las páginas confidenciales de la Agencia Tributaria: “según la investigación, el PNJ ha sido utilizado para acceder a otras instituciones públicas y en el ataque no se han visto comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales u otra información en poder de los Juzgados y Tribunales”.
“Una vez detectado el hackeo, el CGPJ puso los hechos en conocimiento del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, así como del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), en coordinación con el cual se han adoptado las medidas de investigación y mitigadoras correspondientes” señala la nota del Consejo General del Poder Judicial en la que se relatan los hechos. Desde el órgano de gobierno de los jueces se notificó la incidencia a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del propio CGPJ.
Nunca más se habló de este ciberataque. Ni siquiera si se habían detectado la utilización de datos fiscales. Pero la Agencia de Protección de Datos dio un serio aviso a los responsables del PNJ. Se están poniendo en peligro los datos de los ciudadanos. De ahí que la propuesta de los procuradores haya sido cuestionada.
Sería poner en manos de terceras personas una valiosa red informática. Y eso contraviene la ley de protección de datos. Ya de hecho se ha advertido reiteradamente que en las oficinas judiciales donde se tiene acceso al PNJ se debe tener exquisito cuidado con su manejo a pesar de que los jueces y los letrados de la administración de justicia están habilitados para su acceso. Y se exige, además, que sólo se entre en caso necesario y para la función concreta que requiera el dato. Es muy peligroso manejar esa red por las consecuencias de un uso indebido.
Es más, sería conveniente estudiar la posibilidad de una regulación legal sobre este asunto. El Consejo General del Poder Judicial, el organismo competente para gestionar este servicio, no debería estar autorizado para utilizarlo de la manera discrecional que se está haciendo ahora porque su utilización, aunque sea en el ámbito judicial, puede vulnerar la ley de protección de datos, probablemente la regulación legal que más escrupulosamente se está cumpliendo en este país.
