El Supremo toma partido en la guerra de los fiscales contra García Ortiz

No es pura coincidencia que el fiscal del Caso Tsunami en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, haya solicitado el puesto de fiscal superior de Ciudad Real. Carballo, un hombre de ideas conservadoras, no quiere problemas después de que el juez haya desautorizado sus escritos en los que considera “meras conjeturas” los indicios que señala el magistrado en el Caso Tsunami para calificar de terrorista a la organización catalana. El fiscal sabe la que se viene encima. El ministerio público se está convirtiendo en un lugar inhóspito y el objetivo es el jefe de todos ellos, Miguel Ángel García Ortiz, al que, hace unos meses, la sala de Lo Contencioso Administrativo desautorizó por el nombramiento de fiscala de sala de su antecesora y amiga, Dolores Delgado, y ahora, su segunda, Ángeles Sánchez Conde, ha sido duramente atacada por la sala de Lo Penal que, en el auto en el que se abre la causa contra Puigdemont y   Wagensberg, asume las tesis de uno de los dos fiscales jefes de sala, el conservador Fidel Cadena, cuyo informe la teniente fiscal no lo tuvo en cuenta a la hora de presentar sus alegaciones.

Ángeles Sánchez-Conde decidió hacer caso omiso a los fiscales de sala que apoyaron el informe de Fidel Cadena y defendió que no existen suficientes indicios contra el expresident catalán, Carles Puigdemont, como para abrirle un nuevo procedimiento penal por la plataforma Tsunami Democràtic.  En este momento procesal “no existen indicios que permitan afirmar que Carles Puigdemont participase en la fundación o planificación de las acciones de Tsunami Democràtic», dice Sánchez-Conde quien considera que el instructor de la Audiencia Nacional «se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica». Y concluye señalando que «es sorprendente que a alguien que se expresa temeroso de los disturbios acaecidos en Cataluña en octubre de 2019 y se manifiesta en contra de un eventual fallecimiento, se le pueda atribuir penalmente el mismo».

Los jueces atacan a la fiscala por analizar las pruebas, por separado y de forma subjetiva, para no ver delito de terrorismo en Puigdemont. Critican su escrito porque en él “hace una subjetiva interpretación de los hechos que expone García Castellón para decir que Puigdemont lideraba Tsunami Democràtic”. De esta manera asumen los argumentos de los fiscales de sala conservadores quienes, en privado, celebran “su triunfo” por considerar que es una nueva derrota de su principal objetivo, el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Se creen ganadores de la batalla que empezaron con la famosa reunión de fiscales de sala de hace un par de semanas en la que cada vez hay más indicios de que el núcleo duro afín a la extrema derecha preparó minuciosamente esta batalla en la cual los progresistas se encontraron en minoría sólo con el apoyo del otro fiscal jefe, Joaquín Sánchez Covisa. Este núcleo duro estaría formado por todos los fiscales que intervinieron en el juicio contra los líderes del procès cuya cabeza visible es la que fue fiscala general del Estado con el PP, Consuelo Madrigal, pero del que también forman parte otros fiscales no adscritos a ideología concreta lo que hace pensar a los expertos que las divergencias obedecen a la interpretación del Código Penal sobre terrorismo a raíz de la promulgación de la ley orgánica 2/2015 en la que se endurece el llamado “terrorismo de baja intensidad”, el que ahora se utiliza para imputar a los dos dirigentes soberanistas aforados pero el que García Castellón va a tener en cuenta para seguir imputando a los otros diez presuntos dirigentes de las movilizaciones de 2019, a los que mantendrá su condición de investigados.

Es cierto que los jueces sustentan sus argumentos en lo que los juristas denominan “elementos de convicción” que, aunque sean utilizados en las investigaciones judiciales, tienen difícil explicación para la ciudadanía. Un ejemplo es cuando se refieren a Puigdemont como el inspirador en la sombra de Tsunami Democràtic a pesar de que el propio expresident lo haya negado por activa y por pasiva, y los fiscales adscritos al caso digan que no existen pruebas de que ello sea así. Es por esa razón por la que la sala presidida por el juez Manuel Marchena, – el que iba a colar el PP “por la puerta de atrás” como presidente del Consejo General del Poder Judicial-, le responsabiliza de ese terrorismo de baja intensidad que pretenden reprochar penalmente. Se basan en el criterio del jurista alemán, Claus Roxin, quien cree que “en una organización delictiva los hombres de atrás que ordenan delitos, con mando autónomo, pudiendo evitarlo, pueden ser responsables como autores mediatos aún cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores penalmente responsables”. Marchena y los otros magistrados hacen un juicio de valor, por muy elemento de convicción que sea, cuando preguntan directamente a Puigdemont por qué no mandó parar la violencia que se estaba produciendo esos días en Catalunya. Es un argumento muy parecido al que están utilizando con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el asalto al Congreso en Washington. Y veremos que dice al respecto el Supremo federal, un organismo de mayoría conservadora con jueces designados a dedo por el propio expresidente.

El auto del Supremo que desautoriza a Sánchez-Conde ha servido para que las asociaciones conservadoras, que dominan el Consejo Fiscal, hayan vuelto a pedir la dimisión de García Ortiz. Ya no existe sólo la guerra de jueces contra los políticos de izquierda que buscan desjudicializar el conflicto catalán, sino que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales siguen su guerra contra Álvaro García Ortiz en un intento, si no de que dimita o sea cesado, sí de neutralizarle para lograr que sus tesis prosperen en el Consejo Fiscal donde tienen mayoría. El caso es que la derecha judicial abarque mas poder del que tiene. Que es mucho.