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El Supremo tumba Madrid Central y deja en el aire 36 millones de euros en multas

La inadmisión a trámite del recurso es por defectos de forma y no por que se dé la razón al PP, lo que aboca al Ayuntamiento a devolver todas las sanciones de los últimos años

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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Madrid Central, la zona de bajas emisiones que puso en marcha la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido suspendida después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso presentado por Ecologistas en Acción, por defecto de forma y no por que le dé la razón al actual regidor del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida.

El Alto Tribunal confirma la sentencia del TSJM, que dio la razón a la Comunidad de Madrid y al Grupo Popular en el Ayuntamiento y anuló la ordenanza municipal de 2018 por no cumplir debidamente con los trámites necesarios para su elaboración.

El Supremo ha publicado el auto judicial, al que ha tenido acceso Diario16, en el que rechaza el recurso de casación de la Ecologista en Acción contra la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), que anuló a finales de julio del año pasado por «defectos formales» y a petición de la Comunidad de Madrid.

“Es constante la doctrina jurisprudencial sobre la incorporación de la memoria económica al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria, hasta el punto de que su omisión en el trámite de elaboración y aprobación ha venido siendo considerado como vicio determinante de la nulidad de la disposición general o reglamentaria”, dice el auto al que ha tenido acceso Diario16.

Artículo 23 de la Constitución

El TSJM anuló en julio del año pasado, a petición de la Comunidad y del Grupo Popular en el Ayuntamiento, la ordenanza de movilidad sostenible por defectos formales que tienen que ver con la omisión del trámite de información pública.

Este era un requisito que “se considera esencial, preceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos”, y que está reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Así, anularon los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.

En concreto, aquella sentencia declaró nulo el art. 23 de la OMS porque consideró insuficiente la memoria económica en relación con la puesta en marcha de Madrid Central. El coste de la puesta en funcionamiento de esta zona de bajas emisiones se calculaba en 11,7 millones de euros durante siete años. Resulta obvio que su repercusión presupuestaria era ínfima ante un presupuesto municipal que supera los 5.000 millones anuales, pero este argumento no fue atendido por el TSJM.

Sobre las multas: “se mantienen hasta que sea firme”.

Según cifras aportadas entonces por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la recaudación de las multas ascendía en julio a 36 millones de euros, una cifra que ahora el Consistorio tendría que devolver, ya que las multas impuestas no tendrían sustento normativo.

El alcalde, uno de los más firmes opositores y demandantes entonces, rechazó que el Ayuntamiento recurriera la sentencia impuesta, algo que sí hicieron Ecologistas en Acción.

Costas del juicio

Según el auto del Supremo, además de inadmitir el el recurso de casación de Ecologistas en Acción Madrid, establece la imposición de costas a la parte recurrente hasta la cifra máxima de mil euros.

Sigue en funcionamiento hasta que la sentencia sea firme

El área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, confirma que Madrid Central “sigue en vigor hasta que la sentencia sea firme”.

El PP de Almeida solo ofrece “pasado”

Mónica García de Más Madrid ha señalado que es una mala noticia y una vuelta al pasado en materia medio ambiental, “la contaminación vuelva a la ciudad”.

En Twitter ha escrito: “Madrid Central se convirtió en un ejemplo de cómo se puede hacer frente a la contaminación, proteger la salud y cuidar las ciudades. Ahora el PP se lo carga sin ofrecer alternativas. Es todo lo que tienen que ofrecernos: pasado”.

Desde Podemos de la Comunidad de Madrid también critican la decisión del Supremo, y han publicado en Twitter: “Almeida lleva desde 2018 intentando acabar con Madrid Central y finalmente lo ha conseguido”

El Supremo le da la razón al PP y deja a Madrid sin la herramienta más eficaz contra la contaminación del tráfico, en la ciudad europea con más muertes por ella”.

“Almeida tumba Madrid Central, una de las zonas de bajas emisiones más eficaces de Europa”

Ecologistas en Acción ha afirmado con esta decisión: “Almeida tumba Madrid Central, una de las zonas de bajas emisiones más eficaces de Europa”.

El auto del Supremo inadmite el recurso de casación formulado en defensa de la vigencia de Madrid Central. La sentencia que se recurría en casación anula una disposición general, por lo que solo podía rechazarse el recurso si “carece con toda evidencia de trascendencia suficiente”. Para el Supremo la vigencia o no de una zona de bajas emisiones, que ha ayudado a mejorar mucho la calidad del aire en la capital, aparentemente no tiene suficiente trascendencia. El propio Parlamento Europeo aprobó recientemente un informe que exige medidas más estrictas para preservar la salud pública en nuestras ciudades.

Ecologistas en Acción también lamenta que la actual configuración del recurso de casación lo convierte en un medio de impugnación de extraordinaria dificultad técnica, que atiende más a la creación de jurisprudencia (el interés casacional objetivo) que a la corrección de situaciones de mala aplicación de la justicia en las sentencias que se recurren.

Madrid la ciudad europea con mayor mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno

Ecologistas en Acción pregunta al alcalde si le parece aceptable que Madrid sea la ciudad europea con mayor mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno, un gas que sale de los tubos de escape.

También le reclama a Almeida que explique si suspender una medida que ha reducido un 20 % la contaminación por este gas tóxico durante su primer año de funcionamiento es la mejor forma de garantizar la salud de la población o, por el contrario, se trata de una descomunal irresponsabilidad que costará muchas vidas.

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