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El TSJC procesa a Roger Torrent por presunta desobediencia al Constitucional

La jueza instructora derrumba la posibilidad de inviolabilidad parlamentaria

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análisis

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La desobediencia institucional sigue pasando factura a los políticos del ‘Procés’. En este caso le toca el turno al expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), procesará por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC).

Desafío institucional

Torrent ha sido investigado a instancias de la Fiscalía que presentó una querella en la que se le acusaba de desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). El entonces presidente del Parlamento catalán tramitó dos propuestas que desafiaban al Constitucional. Se trataba de una propuesta de resolución contra la sentencia del 1-O y a favor del derecho a la autodeterminación, y de otra tramitada el mismo día y que «reiteraba la reprobación» al Rey.

Más acusados

En el auto, según ha informado Europa Press, la jueza instructora ha tomado la misma decisión para la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgado; el exsecretario primero Eusebi Campdepadrós y el exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa. La jueza ha dado 10 días a las acusaciones y a la Fiscalía para que presenten sus escritos en los que tendrán oportunidad de pedir llevar el caso a juicio o bien archivar la causa.

Sin inviolabilidad

La jueza encargada de la instrucción desarrolla en el auto unos argumentos que derrumban la supuesta inviolabilidad parlamentaria que podría proteger a Torrent. Ya que ese tipo de amparo «se refiere únicamente a las opiniones y votos que emitan como parlamentarios” los acusados “en el ejercicio legítimo de sus funciones«. Esta medida tendría como objeto proteger la libertad de expresión de los diputados, pero no les permitiría saltarse la legalidad vigente. «Las democracias más avanzadas no solo se fundamentan en el principio de división de poderes, sino también en el compromiso de sus instituciones con el estado de derecho, que obliga a todos sin excepción a someterse al imperio de la ley y a sus formalidades para modificarla», ha argumentado la jueza del caso.

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